*Por Marisol Escárcega
*La maternidad será deseada o no será.
Las mujeres han interrumpido embarazos desde tiempos inmemoriales con permiso o sin él, acompañadas o en soledad, en clínicas establecidas, en el baño de sus casas o en “clínicas” de dudosa procedencia.
Ricas o pobres lo han hecho, la diferencia es que, aunque lo quieran negar, el aborto se ha convertido en un privilegio de mujeres con recursos que católicas, cristianas, mormonas o no, abortan; en cambio, las mujeres pobres mueren en el intento de abortar o en los partos. Sin duda, el aborto es un privilegio de clase.
Así que no es de extrañar que en el movimiento feminista se aborde esta situación. La lucha por el derecho para decidir sobre nuestros cuerpos tiene ya bastante historia, tan sólo en nuestro país, desde los años 30 ya se hablaba de ello.
Sin embargo, fue hasta noviembre de 1990, cuando en el V Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe se decidió que cada 28 de septiembre se conmemorara el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. El 28S.
En aquel encuentro se habló de que el Estado debe garantizar a las todas las mujeres, sin importar edad, credo, estado civil o situación socioeconómica, el acceso a anticonceptivos seguros y eficaces, y a un aborto seguro, legal y gratuito.
Debemos contar con una educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y un aborto legal para no morir.
Porque, contrario a lo que se cree, las feministas no obligamos a ninguna mujer a que aborte, más bien luchamos para que todas puedan decidir sobre su cuerpo.
Legalizar el aborto no obliga a ninguna mujer a abortar, pero prohibirlo no preserva ninguna vida, ya que quienes están en contra de la interrupción del embarazo no les importa la vida, les molesta que las mujeres puedan decidir.
Argumentar que sólo en casos de violación (comprobada, claro está) se debe permitir el aborto, es tanto como decir que una mujer necesita ser violada para que pueda decidir sobre su cuerpo.
De entrada, ninguna mujer debería enfrentarse a la decisión de abortar, porque sabemos que el proceso no es sencillo, de ahí que insistamos en la necesidad de que en las escuelas y, por supuesto, desde casa, haya una real educación sexual, sin temas tabús ni verdades a medias, con acceso total a anticonceptivos y la explicación asertiva para que su uso sea seguro y efectivo, y si aun así hay un embarazo no deseado, entonces, tener la posibilidad de acceder a un aborto seguro, legal y gratuito.
En nuestro país, el aborto es permitido en 14 entidades (CDMX, Oaxaca, Veracruz, Puebla, Jalisco, Aguascalientes, Coahuila, Chiapas, Hidalgo, Baja California, Colima, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur), cada una tiene diferentes especificaciones, pero en esencia no se criminaliza el aborto.
Y es que, de acuerdo con ONU Mujeres, 225 millones de mujeres carecen de acceso a anticonceptivos y alrededor de 47 mil mueren al año en Latinoamérica por abortos clandestinos. En México, 5% de las muertes maternas son por abortos no seguros.
Por ello, debemos recalcar las tres claves del 28S: aborto legal, seguro y gratuito. Legal, porque el Estado debe reconocer la capacidad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos; seguro, para que ninguna mujer muera al practicarse un aborto y gratuito, porque tenemos derecho a servicios de salud dignos sin importar nuestra condición social.
Ya que estamos, con la reciente aprobación de la reforma al Poder Judicial, una de las preocupaciones de las colectivas feministas es que al elegir por voto popular a juezas, jueces, magistrad@s y ministr@s, ¿qué pasará si éstos llegan a dichos cargos con el apoyo de sectores conservadores o, si son personas antiaborto, por ejemplo?
¿Qué garantía tendremos de la resolución de los juicios que se encuentran en curso, como tutela de menores, violencia vicaria, ácida, familiar y/o digital o el acceso a un derecho? La SCJN había sido nuestro último recurso para acceder a la justicia, pero ¿y ahora?