*Zona de Reflexión.
/Escrito por Lucía Lagunes Huerta /.
Este jueves se cumplen 71 años del reconocimiento del voto de las mujeres en México, un derecho que fue conquistado con décadas de larga persistencia.
En este tiempo, hemos visto cómo el país ha feminizado su rostro político gracias al esfuerzo de aquellas pioneras que construyeron el primer y segundo piso de la participación política femenina. No fue fácil. El primer piso, que significó la obtención del voto y el reconocimiento para que las mujeres fueran electas, llevó años de movilización, debates y persistencia.
Hoy, el segundo piso, que se traduce en la paridad de género en todos los espacios, incluyendo la posibilidad de tener una presidenta de la República, es un logro de las nietas de aquellas sufragistas que dieron inicio a este largo proceso. Este avance no es casual; es el fruto de reformas, cuotas de género, y la democratización del país, especialmente después de la crisis política de 1988, cuando se fracturó el PRI y emergieron nuevas alianzas entre las izquierdas y la socialdemocracia.
Sin embargo, este avance, aunque significativo, no es suficiente. Al mirar de cerca, vemos que la representación política de las mujeres sigue siendo desigual, especialmente en los municipios. Es preocupante que, en el pasado proceso electoral, solo el 29% de las presidencias municipales fueran ocupadas por mujeres, un porcentaje que revela los muros de la resistencia frente a lo que debería ser una paridad real.
El ámbito municipal, el más cercano a la comunidad, es también el más hostil para las mujeres. La violencia política de género, que en muchos casos incluye ataques personales que afectan a las familias de las candidatas, es una barrera difícil de superar. Las mujeres que se postulan para estos cargos no solo enfrentan los retos habituales de cualquier contienda política; también deben lidiar con agresiones que tocan sus vidas privadas de manera desproporcionada en comparación con sus contrapartes masculinas.
Y como si esto no fuera suficiente, los partidos políticos, que deberían ser aliados en la lucha por la igualdad, se han convertido en un obstáculo más. A pesar de las normativas que obligan a los partidos a destinar recursos económicos y espacios mediáticos a las candidatas, muchas veces esto no se cumple, especialmente en los municipios. Es indignante saber que, en algunos estados, las mujeres candidatas reciben apenas entre el 2 y el 19% de los recursos que les corresponden.
Los ejemplos de desigualdad en la distribución de recursos para las candidatas en elecciones municipales son alarmantes. En Nuevo León, el partido local Esperanza Social no destinó los recursos que correspondían a sus 11 candidatas a presidencias municipales. En Sinaloa, el PRD retuvo el 48% de los fondos que deberían haber sido utilizados para promover a sus candidatas. En Sonora, el PRI se apropió del 44% de los recursos destinados a las mujeres aspirantes, mientras que, en Guerrero, el Movimiento Laborista no entregó el 31% del financiamiento previsto para sus candidatas.
Al conmemorar esta fecha histórica, es crucial no solo celebrar los logros obtenidos, sino también reconocer lo que aún falta por hacer. Las leyes de igualdad han mostrado resultados, pero no podemos confiarnos. La paridad en los municipios, la violencia política de género y la falta de apoyo de los partidos políticos son retos que debemos enfrentar con la misma energía con la que nuestras antecesoras lucharon por el derecho al voto.
Es necesario seguir avanzando y recordarnos que la igualdad sustantiva no se logra solo con leyes o cartillas, sino con las condiciones para ejercer plenamente nuestros derechos.
Hoy más que nunca, la lucha por la representación política de las mujeres en todos los niveles debe continuar, porque aún queda mucho por hacer para que la democracia mexicana sea verdaderamente inclusiva e igual.
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