*Se estima que con la medida de la Secretaría de Salud se pone en riesgo la vida de más de 25 mil mujeres en este momento.
Xalapa, Ver.- 23 febrero 2019.- La Diputada local Mónica Robles Barajas hace un exhorto al gobierno Federal para que reconsidere, dentro del presupuesto, la continuidad del apoyo a organizaciones que operan refugios de Mujeres que realizan una función fundamental, ya que las Organizaciones Civiles cumplen la función que el Estado no tiene la capacidad de hacer.
“Particularmente en estados como Veracruz, donde se tienen dos alertas por violencia de género, y en donde muchas mujeres, desafortunadamente, tienen que recurrir a este tipo de refugios”, advirtió.
Sin descartar que en algunos casos merezcan revisión, Robles Barajas sostiene que en su mayoría los refugios restituyen derechos y previenen feminicidios, por lo que lamenta que un oficio pretenda suspender la operación de un programa que salva la vida de las mujeres y un acto legislativo de asignación, además etiquetada, del presupuesto 2019.
“Son Mujeres que si se quedan en el lugar donde viven corre peligro su vida, por eso se tienen que salir. Un refugio, que nadie conozca su ubicación y en donde puedan estar protegidas, asesoradas jurídicamente, acompañadas psicológicamente, ellas y sus hijos, abundó.
Mónica Robles se suma a la decenas de voces que demandan que quede sin efecto la orden emitida por la Secretaría de Salud a través de una circular, con fundamento en la política pública de no otorgar ningún apoyo a través de intermediarios, como organizaciones de la sociedad civil o sindicatos.
“Se suspende la convocatoria pública para la asignación de subsidios para la prestación de servicios de refugio para mujeres, sus hijas e hijos, que viven en violencia extrema”, dice el documento firmado por Rufino Luna Gordillo, director general Adjunto de Salud Reproductiva.
Para la legisladora veracruzana, el suspenderle el apoyo a los refugios que han funcionado muy bien, como el de Coatzacoalcos, implica frenar la posibilidad de salvarle la vida de cientos de mujeres, insistió la legisladora veracruzana.
La diputada Robles Barajas es conocedora del tema por la experiencia personal que obtuvo al presidir el DIF en Coatzacoalcos, y crear el primer refugio para mujeres y niños, único en el estado de Veracruz vinculado a la Red nacional de refugios, con un modelo de atención especializado, que desde entonces (2005-2007) recibía recursos de la Indesol.
“Donde se atienden mujeres, con sus familias, en violencia extrema, no nada más de Coatzacoalcos sino de la región, que desde entonces ha funcionado extraordinariamente bien y que actualmente es manejado por la sociedad civil y que sería una pena que por falta de apoyo federal se pusiera en riesgo su operación”, expresó.
Como legisladora comprometida con la defensa de los derechos de las mujeres, Robles explica que la medida pone en riesgo a miles de mujeres que residen en estos centros para huir de la violencia en sus hogares.
Ante esta situación, la Red Nacional de Refugios, que representa a cerca del 70% de estos centros, advirtió que la decisión del gobierno federal vulnera los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, además de violar tratados internacionales en la materia.
El Censo de Alojamiento de Asistencia Social (CAAS) realizado por INEGI en 2015 da cuenta de la existencia de 83 Refugios para mujeres hasta ese año, mientras que la Red Nacional de Refugios sostiene que en cada estado cuentan con al menos un centro de atención, donde se brindan diversas actividades como talleres, pláticas, así como orientación legal y psicológica.
La convocatoria emitida el pasado 31 de enero contemplaba apoyos que van de los 64,000 a los 245,000 pesos, a través de tres programas: Inserción Laboral, Profesionalización para Colaboradores y Contención.
La Red Nacional de Refugios sostiene que en cada estado cuentan con al menos un centro de atención, donde se brindan diversas actividades como talleres, pláticas, así como orientación legal y psicológica.
El recorte a los refugios se da a pesar de que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia establece como una de las obligaciones del Estado el favorecer la creación de este tipo de centros.
“Favorecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las víctimas y sus hijas e hijos; la información sobre su ubicación será secreta y proporcionarán apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos. Las personas que laboren en los refugios deberán contar con la cédula profesional correspondiente a la especialidad en que desarrollen su trabajo. En ningún caso podrán laborar en los refugios personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo violencia”, dice el artículo 8 de dicha legislación.
