Epifanías
Por: Montse Quevedo
El carácter público del poder entendido como un acto de transparencia, de primera mano abierto al público, constituye uno de los criterios fundamentales para distinguir al Estado constitucional del Estado absoluto. Todo gobierno que se reconozca como legítimo y democrático debe ser “visible” ante sus gobernados, o lo que es lo mismo, debe establecer una relación directa de intercambio de información y de opiniones que haga posible que toda la ciudadanía extienda su mirada y su atención a los asuntos que le conciernen.
Así la opinión pública resulta de la mayor importancia, porque no solo persigue la discusión y crítica de los actos del poder público, sino que también busca el enriquecimiento de las acciones gubernamentales a través de la incorporación de sus propuestas y de la participación social en el quehacer de las instituciones oficiales, lo que resulta ser el génesis de las televisoras concesionadas a gobiernos estatales como el caso de Radiotelevisión de Veracruz y de los propios departamentos de comunicación social de todas las dependencias del gobierno.
En este contexto, la comunicación social adquiere su más significativa dimensión, porque es impensable un sistema político o un gobierno que pretenda ser legítimamente democrático y no la considere como una de sus tareas sustantivas, o como lo que debiera ser: una función pública ineludible y de la mayor trascendencia.
En nuestro país, pero más aún en el estado de Veracruz; la comunicación social está determinada por la competencia, entendida ésta en cuando menos dos acepciones: la de competir con criterios de suficiencia y calidad para ganar credibilidad y para fundamentar corrientes serias de opinión, y la que se refiere al hecho de que el gobierno debe cumplir con su compromiso democrático, con la atribución o competencia – porque les compete -, de informar a la población sobre la acción pública que realizan.
Así pues, las acciones de difusión que el gobierno veracruzano debiera preponderar tienen que responder a diversas necesidades: primero a la de mantener informada a la población sobre las obras que se realizan en sus colonias o municipios; sin dejar de lado a la de convocar su participación en esfuerzos de beneficio común, tales como las jornadas de vacunación, prevención de riesgos y desastres, por mencionar algunos ejemplos, otro caso es el que se refiere a la necesidad de promover valores o conductas que contribuyan a la convivencia social armónica ¡sí, armónica! -leyó usted bien- pues en lo que se ha podido observar de estos casi cuatro meses de gobierno, es notoria la falta de pericia en el manejo informativo y de difusión de contenidos que hacen a través de las cuentas oficiales (Facebook y Twitter) del propio gobernador, así entonces, la sociedad veracruzana ha podido conocer a un gobernante insensible, que si no lo es, debiera demostrarlo al menos en lo que comunica, pues no es menor la situación de vivir en un estado que presenta alarmantes casos de violencia y altos índices de inseguridad como para que se decida dar a conocer las caras sonrientes de los dos principales actores políticos del gabinete mientras éstos disfrutan su cena en un carrito de hot dogs cuando en diversos puntos del estado la ciudadanía padece con narcobloqueos, o debieran al menos valorar en que contribuye a la propia imagen de un gobierno que se dice democrático, la publicación de comentarios burlones o sarcásticos dirigidos hacia actores políticos de distinta filia partidista y que son emitidos desde una cuenta oficial de Facebook del Gobernador Cuitláhuac García, no hay que olvidar que los errores de esta índole pueden costarle mucho a una autoridad pues la información negativa prolifera con más rapidez que la positiva.
Sin embargo, este compromiso de hacer efectiva la función pública de la comunicación social como recurso indispensable para el desarrollo social y la convivencia democrática, no se cumpliría cabalmente si no se considerara la relevancia que tiene la retroalimentación, es decir, la apertura de canales de vuelta, a través de los cuales la población pudiera expresar sus puntos de vista, sus dudas e inconformidades, sus necesidades y expectativas, por lo cual no vendría mal el recordar a los que manejan las redes sociales y cuentas oficiales del gobierno, que no pueden bloquear a ningún usuario o seguidor (por un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), pues estarían coartando el ejercicio de libre expresión y el derecho a la información.
@MontseQueVe
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