El desahucio de INSABI: prisa por una centralización mal planeada .

* Enrique Martínez Moreno.

El 14 de diciembre de 2018, en Mérida, Yucatán, queda registrado en la memoria histórica del actual gobierno como el primer anuncio presidencial sobre el inicio de la federalización del sistema de salud durante 2019: cada trimestre se integrarían ocho estados, a través del IMSS- Bienestar, bajo la tutela del IMSS.

Dicho anuncio fue sorpresivo, frente a la falta de cambios normativos y planeación correspondientes de una administración recién instalada. Por supuesto, tal situación generó preocupación porque no existían reglas claras para garantizar su implementación que se dibujaba improvisada, pero al menos consistente con lo planteado en la plataforma electoral de Morena de fortalecer la seguridad social y a partir de la misma lograr la “universalización” siempre deseada, ante su clara postura de no dar mayor vida al Sistema de Protección Social en Salud, conocido como “Seguro Popular” (SP).

¿Cumplió su objetivo? No, por supuesto. Simplemente no existió avances porque el fuego amigo bloqueó el trabajo de la dirección general del IMSS, que encabezó hasta el 21 mayo de 2019, el senador Germán Martínez, quien ha citado el desdeño de diversos actores políticos (Secretaría de Hacienda y Crédito Público-SHCP) por sanear y mejorar al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como fortalecer el IMSS-Bienestar (IMSS-B). Véase nota1.

En cambio, se dio lugar al ente extraño denominado Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que fue aprobado en fast track por el Poder Legislativo sin interés de escuchar a expertos y derechohabientes del sin sentido sobre el impasse que se dejaría para atender la salud de millones de mexicanos.

El INSABI sería garante de cumplir con la integración del sistema de salud a través de acuerdos con cada entidad federativa para controlar su infraestructura sanitaria, así como la compra de medicamentos, dispositivos médicos y equipamiento requerido, además de resolver temas pendientes sobre la contratación del personal médico y no médico entre las instituciones. Es decir, asumiría la labor que en su momento debió ocurrir con el IMSS-B.

La creación del INSABI evidenció la desaparición de tajo del Seguro Popular, ante la consigna era eliminar el emblema de salud de un “neoliberalismo” que nunca puso “primero a los pobres” en el centro de la protección que ofrece un sistema de salud que no era perfecto, pero que atendía más de 50 millones de mexicanos sin seguridad social.

A partir del 1 de enero de 2020, cuando entra en operación el lNSABI, en manos de un arqueólogo al frente y con funcionarios improvisados sin conocimiento del sistema de salud y de la compra pública, se hizo evidente la confusión entre la población demandante y entre las mismas instituciones, para contar con los servicios y medicamentos. La falta de reglas de operación de esta nueva modalidad solo dio lugar a la discrecionalidad en el uso de los recursos y a la opacidad correspondiente y a un mal gasto, que en el caso particular de

medicamentos, ha dado lugar a un importante decremento en piezas con sobrecostos que solo ha dejado en claro el alto grado de deficiencia del equipo de INSABI a cargo, a lo que se suma la pésima colaboración con UNOPS en las compras consolidadas 2021 y 2022.

La gráfica 1 destaca los principales hitos dentro de la evolución del índice de piezas y valores de medicamentos del “mapa del desabasto” del sector público (disponible en https://inefam.com/Mapa-del-desabasto/) que deja clara la grave condición aquí planteada.

El INSABI ha sido copartícipe del mayor desbasto de medicamentos con altos costos no sólo por las compras desordenadas, aquí señaladas en artículos anteriores; también es responsable de los daños colaterales causados a millones de pacientes por la falta de medicinas en anaqueles de clínicas y hospitales.

La ONG México Evalúa publicó a inicios del mes de abril en su portal una exhaustiva revisión sobre el desempeño del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos (FPCGC) y su traslado al Fondo de Salud para el Bienestar (Fonsabi), también en manos del INSABI, para cubrir 64 enfermedades de muy alto costo. El estudio (publicado en https://www.mexicoevalua.org/el-ocaso-del-fonsabi/#_ftn17) lleva por título “El ocaso del Fonsabi” donde precisa la reducción sustancial de consultas e intervenciones médicas; particularmente entre padecimientos que generan gastos catastróficos, con un gasto ínfimo en el segundo trimestre de 2022 de tan solo 0.5% respecto al sus mejores años cuando superó a los diez mil millones de pesos anuales