/ Clara Scherer /
Sorprende que hoy todos los partidos políticos en México tienen dueño. No sólo Morena. El PRI, PAN, PRD. Lo mismo Movimiento Ciudadano, el PT, el Verde. Todos tienen dueño y lo peor, todos lo sabemos y lo reconocemos. Se han convertido en franquicias para hacer negocios muy lucrativos, promover cuates y familiares, torcer cuotas de género y vivir cómodamente de las prerrogativas.
La ciudadanía no cuenta más que cuando necesitan votos para ganar una pluri o una presidencia municipal, y con ese dato ¿negociar, transar? con el compadre o darle órdenes a la comadre para llegar al monto necesario. Si mi dos por ciento te ayuda, ¿qué me das a cambio? Pero, afortunadamente, aún no es tan fácil, no porque el líder diga por acá, los demás obedecen.
Aunque la ley diga que los partidos políticos son de “utilidad pública”, la verdad es que se han convertido en empresas muy privadas. Y no causa ningún asombro que, a pesar de la “paridad en todo”, todos los “dirigentes” sean hombres. Quienes ocupan cargos de elección popular están comprometidos con el dueño del partido que las, los, postuló. Ahora más, con la posibilidad de reelegirse, hacen lo que el dueño dice, y ni saben qué es lo que la ciudadanía necesita.
La abstención ha sido la ganadora desde hace tiempo y eso es consecuencia de la casi nula preocupación de esas agrupaciones políticas por abatirla. Con cuidar su voto duro tienen lo necesario para continuar con su lucrativa empresa y no se ocupan de incentivar la participación ciudadana. Y la ciudadanía, desilusionada de que su voz, sus propuestas, sus gritos de auxilio no sean más que artículos periodísticos, estadística de daños, memoriales de agravios, se niega a ir a las urnas. Podemos mencionar a las Madres Buscadoras, a las personas integrantes de pueblos originarios de Chiapas o a las y los ecologistas del sureste, para constatar que ninguna agrupación escucha y actúa en consecuencia.
Es obligación constitucional promover esa participación y también, “hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público. O sea, que los partidos políticos además de incentivar a los ciudadanos, deberían abrir de par en par sus puertas para que las y los ciudadanos puedan participar y competir por algún puesto de elección popular. Lo que tenemos es una puerta falsa por donde no pasa nadie y una mirada perspicaz del dueño para elegir a quien le garantice lealtad. Ése pasa y ocupa el puesto, a cambio de algún beneficio para quien le da la oportunidad.
Vilas Nogueira afirma que “un partido político (competitivo) es una organización que persigue el objetivo de colocar a sus representantes declarados en los cargos públicos, mediante la presentación de candidatos que luchan en esos cargos en elecciones positivas”. Eso no sucede aquí. Lo que hay son “presidentes” a los que no les interesa la competencia, sino encontrar arribistas.
El carácter de “entidades de interés público” obliga al Estado a crear y brindar las condiciones necesarias para el buen desarrollo y funcionamiento de estas instituciones. Lo que urge es corregir la ley para que ningún partido pueda ser presa de algún vivales, o debemos quitarles esas condiciones, pues su funcionamiento es poco benéfico y sí, muy depredador.
Se han olvidado de promover los valores democráticos: la tolerancia, el respeto, la libertad, la justicia, la igualdad. Las empresas no tienen por qué ocuparse de algo más que de ganar dinero y en eso están los dueños de esos ¿partidos políticos? La trampa: sus secuaces son quienes hacen y aprueban las leyes. Cambiar la de los partidos políticos no está en su radar.
Los partidos políticos están atravesando por una crisis generalizada de credibilidad, legitimidad y representatividad, porque han dejado de realizar las funciones para las que se han constituido.
