Los militares en comunidades significan violación, abuso sexual y tortura

*Recuento histórico de la presencia militar y los cuerpos de las mujeres.

Sara Lovera

SemMéxico. Cd. de México. 15 de enero de 2019.- La presencia militar y policiaca en México ha producido heridas profundas para la vida y los cuerpos de las mujeres. Violación, abuso sexual, tortura, detenciones extrajudiciales, asesinato. La lista de casos documentados es enorme.

Los informes más recientes estiman que 8 de cada 10 mujeres bajo custodia de federales o militares, son sexualmente torturadas. Hoy no tendríamos que pensar será distinta, advierten voces feministas y hechos documentados.

Los casos emblemáticos hablan de impunidad, indiferencia y olvido.

El silencio lo rodea todo.

Donde hay fuerzas del orden, continúan las violaciones sexuales, desplazamientos forzados y asesinatos. Ahora mismo los militares custodian ductos y estaciones de hidrocarburos, están en comunidades y carreteras. Más de 5 mil 800.

A ellas las rodea el silencio. Hay sistemáticamente, desde 1956, siempre una razón. Un argumento. Se invoca la fuerza del Estado. Se justifica la seguridad nacional, el combate al narcotráfico, la guerrilla, una situación extraordinaria.

La presencia militar, en pueblos y comunidades, además tiene costos económicos, sociales y ambientales exagerados, no resuelve y sí agrava la problemática, dice la abogada chiapaneca Martha Figueroa Mier quien en los últimos 25 años ha representado y litigado el caso de tres niñas tzeltales violadas por militares en Altamirano, Chiapas, en 1994. En las zonas indígenas, agrega “es mucho peor”.

¿Casos? Históricos: Loxicha, Montes Azules, Sierra de Tezonapa, Atenco, Castaños, Chiapas, zona Triqui. Recientes, 15 estados: Tamaulipas, Veracruz, Baja California, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Veracruz. Responsables: las autoridades castrenses, Sedena y Semar; civiles de los tres órdenes de gobierno: federales, estatales y municipales.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, Centro Prodh en el informe “Mujeres con la frente en alto. Informe sobre la tortura sexual en México y la respuesta del Estado”, de noviembre 2018, habla de un patrón sistemático: detención ilegal de las mujeres sin decirles por qué se las detiene. Luego son trasladadas a instalaciones oficiales o clandestinas de las fuerzas de seguridad. Ahí son torturadas sexualmente, violadas, abusadas sexualmente y con tocamientos durante un lapso de 12 horas a tres días.

Amnistía Internacional (AI) denuncia el “habitual” abuso sexual por parte de militares y policías mexicanos a mujeres detenidas. Y agrega que 100 mujeres detenidas en cárceles federales denunciaron tortura y malos tratos durante su detención. Los hechos se remontan a distintos años, a partir de 2011, según declaró Madeleine Penman, autora del informe de la Amnistía Internacional.

Las mujeres embarazadas no escapan a esta violencia: ocho de las mujeres entrevistadas por AI dijeron haber sufrido un aborto a consecuencia de la tortura.

NIÑAS TZELTALES: 25 AÑOS ESPERANDO JUSTICIA

Figueroa Mier, del Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C., testiga durante más de dos décadas del significado de la presencia militar en Chiapas señaló una y otra vez de violaciones cometidas por militares.

La periodista Soledad Jarquín en un ensayo denominado Construyendo la seguridad humana en un mundo inseguro, presentado en 2009 en un foro convocado por Joan B. Kroc Institute for Peace & Justicia (IPJ), University of San Diego. EE.UU, afirma que las mujeres indígenas son las principales víctimas de los actos de terrorismo a manos de militares convertidos en policías, como ejemplo está el caso Acteal, donde 21 de las 45 víctimas eran mujeres. Mujeres objeto de torturas físicas y psíquicas, desapariciones, violaciones y desplazamiento forzado.

Figueroa Mier, en entrevista, informa que el asunto de las tres niñas Tzeltales, fue enviado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, suma varias recomendaciones para el gobierno mexicano. Dijo que un día antes de la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, había audiencia, cuando México ya había ofrecido “pedirles perdón y reparar económicamente el daño”, pero no se pudo llevar a cabo. Hoy habrá que esperar.

Durante estos años un grupo de periodistas mujeres fueron descubriendo el significado de la presencia militar. Hicieron un recorrido, por el país. Se recogieron historias y detalles sobrecogedores.

Las 3 niñas Tzeltales fueron violadas por militares en un retén militar en junio de 1994, cuando el Ejército fue desplegado en Chiapas, por la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

En 2012, según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), 8 mil 502 indígenas fueron encarcelados injustamente, de los cuales, el 10 por ciento correspondió a mujeres. Señaló que además de la violencia intrafamiliar o el poco -o nulo- acceso a servicios como salud o educación, las mujeres indígenas son presas de discriminación, abusos de autoridad y en muchos casos, de violaciones graves de derechos humanos. Un caso paradigmático ocurrió en junio de 1994, en Altamirano, Chiapas.

Un grupo de militares detuvo en un retén a Ana, Beatriz, y Celia González Pérez y su madre Delia Pérez (todas ellas indígenas tzeltales), con el pretexto de un interrogatorio las mantuvieron privadas de su libertad por dos horas. En ese lapso de tiempo las tres hermanas fueron separadas de su madre y fueron golpeadas y violadas. Las hermanas Gonzáles, a finales de ese mismo mes, con base en un examen médico ginecológico, presentaron una denuncia ante el Ministerio Público Federal. En septiembre de ese mismo año, su expediente fue archivado, bajo el argumento de que “los representantes de las hermanas González Pérez no demostraron suficiente interés en el caso”. En 1996 el caso fue sometido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero fue hasta abril de 2001, que la CIDH declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano por estos hechos.

Han pasado más de 25 años y más de 15 de la resolución de la CIDH, y México ha incumplido con las recomendaciones, publicó Revolución 3.0.

Hoy el grupo NiUnoNiUnaMás dice en una carta al presidente López Obrador no a la militarización y recuerdan el paradigmático caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a quienes el gobierno mexicano en 2018 pidió perdón público. También el de Ernestina Ascensio Rosario en la Sierra de Tezonapa, Veracruz.

Señalan que las investigaciones de la periodista Laura Castellanos para su libro “Crónica de un país embozado 1994-2018” encontró colusión del ejército con las bandas delincuenciales en Michoacán, Guerrero y Chihuahua.

Por ello, sostienen “nos oponemos a la creación de la guardia nacional anunciada en el Plan de Paz y Seguridad sin fecha límite para la actuación de las Fuerzas Armadas. Este 15 de enero el presidente de la República reafirmó que el mando de la guardia será militar y la administración civil.

La académica María Guadalupe Huacuz Elías, escribió: “en la ley debería estipularse la transición a una guardia civil y una modificación a la ley castrense que permita que se juzgue a quienes torturen, desaparezcan o realicen cualquier tipo de violación a los derechos humanos en especial a mujeres y niñas.

Soledad Jarquín Edgar afirma que un rasgo común en todas las agresiones de militares contra mujeres ha sido la impunidad. Luego hace un recuento de los hechos ocurridos en México, de los que han sido documentados que se refleja bien en una frase que los integrantes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui, “Luis Flores García” expuesto en 1982, durante el II Foro Nacional de Denuncia de la Represión y la Violación de los derechos humanos en México:

“El papel que el Ejército ha tenido, es el de asesinar, violar a las mujeres, quemar sus casas y robar, con el pretexto de hacernos aparecer como “gavilleros”, “robavacas” y “delincuentes”.

El resumen de las organizaciones defensoras de los Derechos Humano es: No ha habido justicia, como no la hubo en decenas de casos que seguimos descubriendo.

A lo largo de años, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)

llevó a cabo investigaciones y formuló más de 95 recomendaciones. En Ciudad Juárez, la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 22 quejas por desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales en 18 meses, de marzo de 2008 a septiembre de 2009.

Casos históricos, recogidos por la periodista Soledad Jarquín, quien recibió el Premio Nacional de Periodismo, por el caso de violación a un grupo de mujeres en Castaños, Coahuila, por un grupo de militares en 2006, es autora del siguiente recuento de 19 casos, entre 1956 y 2008.

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