/ Escrito por Arantza Díaz./
11.11.2024 /Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- La designación para determinar la titularidad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos está en puerta y ante la inminente pretensión de la actual presidenta, Rosario Ibarra, organizaciones a nivel nacional se han pronunciado exigiendo al Estado hacer una maniobra correcta en esta elección, no como un asunto de corte personal, sino como una deuda con las personas defensoras, las madres buscadoras y la comunidad migrante a quien la CNDH ha dejado en vulnerabilidad.
Un total de 77 asociaciones, organizaciones y personas defensoras han firmado una petición dirigida al Senado de la República para que garantice una designación transparente, abierta y que genera confianza sobre la idoneidad de la persona que quedará a la cabeza de la CNDH durante los próximos 5 años.
La titularidad de este órgano es imprescindible en la defensa de los derechos humanos y su existencia cobra sustancial relevancia para todas las personas que habitan y transitan el territorio. Esta designación es urgente, pues ante una crisis de personas desaparecidas y violencia contra personas defensoras, la CNDH debe estar robustecida y en óptimas condiciones para actuar, defender y salvaguardar a millones de personas.
Y es que, esta denuncia de una «CNDH débil y subordinada» ha sido reiterativa desde diversos frentes, como el Centro Prodh quien denunció en su último informe que, en el último quinquenio, se ha mermado la legitimidad de la CDNH y también, su autonomía al parecer estar subordinada a las ordenes del poder ejecutivo.
Siendo la prueba más palpable de estas acciones cuestionables, el nulo papel de la CNDH ante la aprobación de la reforma para incluir a la Guardia Nacional bajo el ala de la Secretaría de la Defensa Nacional; organizaciones pidieron auxilio para su intervención ante los alarmantes números de violaciones por parte de estas fuerzas castrenses, sin embargo, la CNDH mantuvo una postura baja sobre esta violatoria.
En añadidura, el último posicionamiento de las organizaciones y asociaciones, exponen la cifra de 115 mil personas desaparecidas y no localizadas: personas que, usualmente, son buscadas por sus propias familias -mayormente sus madres- quienes deben abocarse a la tarea de emprender campañas de búsqueda, buscar sus propios recursos y exponiéndose a muy altos riesgos como las amenazas, el desplazamiento forzado, empobrecimiento, criminalización y el homicidio.
Asimismo, se recuerda que sólo en 2023, un total de 18 personas fueron asesinadas en nuestro país a causa de su activismo por la defensa de la tierra, el medio ambiente y los derechos humanos. Otro sector que, con urgencia, requiere de una CNDH poderosa que prevea de cualquier riesgo, son las personas dedicadas al periodismo quienes tienen que enfrentar por su cuenta las agresiones, el acoso, el secuestro, el desplazamiento forzado y las desapariciones forzadas.
«Ante esta grave realidad, es indispensable que la designación que llevará a cabo el Senado de la República sea sobre la base de un ejercicio de evaluación que garantice un perfil con amplio conocimiento en materia de derechos humanos y con demostrada independencia e imparcialidad para estar al frente de dicha institución, precisamente por la enorme responsabilidad y relevancia de la CNDH.»<
A pesar de estos detrimentos realizados desde la organización colectiva, Rosario Ibarra ha avanzado de forma laxa para su reelección, recordando que, ya ha pasado a la terna final. Junto a ella, perfila la abogada defensora de la niñez y derechos humanos, Nashieli Ramírez Hernández y la maestra en derechos humanos y justicia social, Paulina Hernández.
Mientras los posicionamientos nacen desde diferentes trincheras y las colectivas levantan la voz para frenar la reelección de Rosario Ibarra, señalada de ejercer omisiones y el debilitamiento de la CNDH, quedará pendiente seguir de cerca el anuncio final de la próxima titularidad que tendrá lugar el día de mañana, pues el final de la terna ser contiende entre estas 3 mujeres.
¿Qué se exige ante la elección de la presidencia en la CNDH?
Apegados en los Principios de París que demandan a los países cumplir con una serie de criterios en sus respectivas instituciones de derechos humanos, estos principios datan desde 1991 e incluyen, por ejemplo, garantizar la independencia funcional, tener recursos adecuados, garantizar libertad para operar y tener un mandato que promueva los derechos humanos, entre otros.
Entonces, bajo este paraguas, se realiza un posicionamiento que demanda al Senado de la República lo siguiente:
- La designación en mejores términos que las realizadas por Legislaturas pasadas;
- Garantizar el principio de máxima publicidad del proceso, privilegiando la transparencia proactiva, al ser de gran interés y relevancia pública toda la información de esta designación;
- Considerar los elementos expuestos en el ejercicio de parlamento abierto, poniendo especial énfasis en las víctimas de violaciones de derechos humanos y organizaciones defensoras de derechos humanos;
- Transparente los indicadores utilizados para evaluar a las y los aspirantes y con esta base dé pauta a un análisis serio, riguroso y objetivo de sus cualidades y méritos profesionales para asumir tan importante responsabilidad pública;
- Garantizar la integración de una terna idónea y equiparable entre sí, de tal manera que los perfiles que la integren sean los que cuenten con las mayores cualidades sustantivas para tan importante encomienda; y
- Rinda cuentas de manera amplia y exhaustiva de las decisiones tomadas, a partir de fundar y motivar las razones que sustentan cada decisión.
Entre las organizaciones figura Amnistía Internacional, Artículo 19, Buscando Desaparecidos México, Documenta, Equis Justticia, Consorcio Oaxaca, el Frente Feminista Nacional entre otras.
¿Por qué hay tantos señalamientos alrededor de Rosario Ibarra?
Los señalamientos contra Ibarra han sido continuos y no sólo desde el espectro civil, sino también, legislativo. Por ejemplo, la exdiputada Sue Ellen Bernal Bolnik, una de las opositoras más férrea denunció a principios del año que, ante la peor crisis de violencia contra periodistas, -incluyendo a 5 mujeres comunicadoras en el sexenio de AMLO- la CNDH no levantó la voz para exigirle al poder Ejecutivo federal detuvieran los ataques y difamaciones que hacía López Obrador contra personas comunicadoras a quienes insultó y ofendió de manera reiterativa.
Otro episodio desafortunado de Ibarra se dio durante una comparecencia frente al senado de la República el 7 de diciembre del 2022, cuando la titular de la CNDH negó la existencia de la violencia vicaria y la redujo a violencia familiar.
Además, insistió en que iniciativas como la Ley 3 de 3 violan los derechos de los deudores alimentarios pese a las observaciones que diversas colectivas y organizaciones feministas le han hecho al respecto.
En la acción de inconstitucionalidad 98/2022, Rosario Piedra Ibarra abogó por la defensa de los derechos de los deudores alimentarios y pidió que «no se les dejara sin oportunidad de laborar».
Estas posturas, que, en añadidura al actuar débil de la CNDH, han producido la inconformidad y preocupación colectiva que pone en duda el trabajo de Ibarra para presidir el órgano por la defensa de los derechos humanos más grande del país.
Basta con mirar el informe del Centro Prodh donde se evidencian algunas las recomendaciones emitidas por la CNDH en materia de violaciones graves a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas.
Por ejemplo, la Guardia Nacional acumuló mil 816 quejas de 2020 a 2023, sin embargo, la CNDH emitió tan sólo 13 recomendaciones. Por su parte, la SEDENA acumuló mil 664 quejas, pero sólo recibió 26 recomendaciones.
De acuerdo con el Centro Prodh, en casos de violaciones graves como ejecuciones y tortura, la CNDH limitó sus recomendaciones pidiendo a las instituciones castrenses sólo «seguir procedimientos administrativos internos». O bien, se tiene registro de una desaparición forzada por parte de la Secretaría de Marina, como respuesta ante esto, la CNDH recomendó «buscar a la persona desaparecida».
«A partir de lo expuesto y a la luz del contexto actual, es necesario evaluar el trabajo de la CNDH frente a los principales retos en materia de derechos humanos que enfrenta el país. Destaca la posición del organismo frente a la militarización de la seguridad pública, sobre el cual, como se aborda a lo largo de este documento, ha sido notoria la posición institucional de respaldo a las políticas del gobierno», denuncia el Centro Prodh.