*DESDE A JANELA.
/FELIPE DE JESÚS FERNÁNDEZ BASILIO/
“Ya solo restan un mes y ocho días para que se vaya a … su rancho”
Vaya responsabilidad la que tienen encima tanto los consejeros del INE como los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que en ellos está el sobreponerse a todo tipo de presiones, amenazas y/o sobornos para defender el mandato otorgado por los electores y al mismo tiempo hacer cumplir el mandato constitucional en sus términos más estricto o, en caso contrario, ellos y solo ellos serán los perpetradores de el más grave fraude electoral que se haya cometido de manera institucional en la historia de México.
Esto es así, porque precisamente las autoridades electorales han sido instituidas para aplicar las normas constitucionales y legales en su materia y a partir de esa aplicación, impartir justicia en la materia electoral y al no hacerlo de esa manera no solo incumplirían sus responsabilidades, sino que también, traicionarían a la república democrática de la que hasta el día de hoy forman parte.
Y en el caso de la asignación de legisladores de representación electoral, literalmente nos encontramos frente a la posibilidad de que se cometa institucionalmente el mayor fraude electoral en la historia de México.
Consistiendo el fraude electoral en que leyendo partes de la norma constitucional y no toda en su conjunto, se otorguen legisladores a la coalición en el gobierno que no ganó en las urnas, ya que si el 54 por ciento de los electores votaron por dicha fuerza política, no es posible que obtengan el 75 por ciento de una cámara y una proporción similar de legisladores en la otra; como tampoco es posible que si el otro 45 por ciento votó por otras opciones políticas, estas últimas a duras penas alcancen el 25 por ciento de una cámara y reciba menos escaños de lo que les corresponden en la otra; así que en caso de confirmarse esa asignación por ambas instancias electorales, se cometería una injusticia al desconocer el sentido de la votación de millones de ciudadanos.
Hasta ahí el fraude electoral, ahora vamos a explicar por qué se le calificaría como el más grave cometido de manera institucional en la historia de México y esto es, por la simple y sencilla razón de que los electores NO VOTAMOS por un cambio de régimen constitucional impulsado solamente por la fuerza política en el gobierno; por más que el gobierno diga que arrasaron en los comicios, los números no les dan, ya que no obtuvieron dos terceras partes de votos favorables para ese efecto.
Así es, los votos obtenidos en las urnas no le alcanzan al gobierno para unilateralmente cambiar al poder judicial, ni para desaparecer a la inmensa mayoría de los órganos autónomos, ni mucho menos para modificar a placer la constitución a conveniencia.
Porque lo que ahorita se discute, es solo el principio y en realidad no sabemos qué pueden hacer López y su ventrílocua con el poder absoluto, que repito, no les fue otorgado en las urnas.
Un buen día pueden modificar la constitución para permitir la reelección a placer en todos los cargos públicos y así nunca dejar de manera personal el poder o bien, pueden modificar el régimen de propiedad privada, el sistema penal, el régimen fiscal, el régimen de derechos humanos (una probadita ya la dieron con la chatarrización del juicio de amparo), y en fin, podrían hacer cualquier cosa que se les ocurra.
Si la fuerza en el gobierno controla indebidamente el constituyente permanente, la consecuencia será el absolutismo y, lo peor, un absolutismo no mandatado por los votantes.
Y al no haber sido mandatado por los votantes, estamos hablando de que, aparte de que sería un muy grave fraude electoral, se estaría cometiendo un verdadero golpe de estado.
Y paradójicamente, los golpistas principales no serían ni el gobierno ni las fuerzas armadas, sino que lo serían los consejeros y magistrados electorales que respaldaran la fraudulenta asignación de legisladores que el gobierno exige, pero no tiene.
Por ello es que vuelvo a lo dicho al inicio del texto, ¡Vaya responsabilidad que tienen encima los consejeros del INE y los magistrados del TEPJ!, ya que pueden ser baluartes de la constitucionalidad y la democracia o golpistas, dependiendo de la decisión que tomen.
Lo que sí es seguro es que, a los actuales integrantes de ambas instituciones, hoy más que nunca, la historia los juzgará.
felfebas@gmail.com
Twitter: @FelipeFBasilio