Tras la filtración de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por parte del grupo de hackers denominado “Guacamaya”, se reveló que un grupo de huachicoleros pretendía presuntamente acabar con la vida del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Dicha información se conoció en el informe del 10 de febrero de 2019, con la tarjeta 157, dirigido al subjefe de inteligencia de la Sedena con el fin de “informar el desborde técnico de un audio de interés en torno al caso Águila”.
En el audio que se analizó, “El Capi” respondió a un hombre no conocido, quien le mencionó que no llegaron las piezas de los rifles AR-15 debido a que le pedían el efectivo por adelantado, situación con la que no estuvo de acuerdo y adelantaba que buscaría a un nuevo proveedor de armas.
Sin embargo, el personaje detenido por las autoridades mexicanas explicó a su interlocutor que el grupo se encuentra en crisis financiera, luego de las medidas que había comenzado a implementar el gobierno de la 4T, por lo que “no tenían dinero”, razón que los orilló a “extorsionar y a robar”; no obstante, no les alcanzaba para más armas.
Ante lo cual, presuntamente Sergio Águila Luévano habría de responder que ya existía “precio para la cabeza” del mandatario mexicano, puesto que no cedió en su estrategia para eliminar el huachicol. Además, advertía que la situación se pondría peligros, “color de hormiga”, ya que el presidente “se metió con quien no debía”.
Tras concluir con la transcripción del audio, la Sedena se informaba entre secciones de la dependencia que seguirían con la investigación de la amenaza contra el mandatario mexicano, con el fin de informar “oportunamente” a la superioridad —probablemente el propio López Obrador— sobre el tema que se conoció en 2019.
“Se continúa con el seguimiento técnico al ‘caso Águila’, con la finalidad de ampliar la información técnica generada, así como los actores delictivos que se mencionan y de quien o quienes se señala como responsables de las amenazas contra el titular del Poder Ejecutivo”
En el documento que firmó el coronel Lorenzo García Gamboa, la Sedena aseguraba que la estrategia de seguridad implementada por parte del gobierno contra las actividades de “huachicoleo” han provocado el debilitamiento económico de dichas organizaciones.
Y siguiendo con el tema de las filtraciones, les comento estimados lectores que a través de los millones de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dados a conocer por el grupo de hacktivistas Guacamaya, se reveló que elementos del ejército estarían vendiendo armamento a miembros de la delincuencia organizada.
Específicamente, desde el Campo Militar No. 1 ubicado en la Ciudad de México, según se detalla en uno de los informes de inteligencia fechado el 10 de junio del 2019 revisado por la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
De acuerdo con el informe, la Sedena tuvo conocimiento de que al menos un militar ofrecía equipo táctico, armas y granadas, así como información de movilidad y operativos de las Fuerzas Armadas a una célula de un cártel con base en Tejupilco, Estado de México.
Fue el 31 de mayo de aquel año que “el militar ofreció a operadores del grupo delictivo 70 granadas de fragmentación a un costo de 26 mil pesos cada una”, de acuerdo con el informe presentado por MCCI. El grupo confirmó la compra de 8 y fueron entregadas en Atlacomulco.
Los metadatos del equipo telefónico del militar dieron con que la base de operaciones del soldado está en el municipio de Villa de Almoloya, cerca del octavo regimiento de la Sedena. Pero el proveedor de armas, según señaló el informe, tiene su base en el Campo Militar No. 1 de la capital del país.
El informe, que también incluye las llamadas interceptadas por la Sedena, indica que el militar dio a conocer al líder criminal que ya tenía un nuevo jefe proveniente de Tepalcatepec, Michoacán. Además de que le habrían llamado para requisar varios millares de municiones para AK-47 y R-15.
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