** Serpientes y Escaleras.
/ Salvador García Soto /
Los efectos del discurso presidencial en México, que dice públicamente que a los narcotraficantes y criminales se les deben proteger sus derechos “porque también son seres humanos”, empiezan a verse y sentirse en las acciones de un crimen organizado cada vez más cruel, retador y desafiante, que está rompiendo con todos los parámetros y códigos conocidos en la violencia endémica que padecemos desde hace ya 16 años los mexicanos.
Si el jefe del Estado mexicano le anuncia desde la sede misma de su poder, que su gobierno renuncia a hacer uso del monopolio de la fuerza y aplaude y celebra que los militares y guardias huyan despavoridos y no los enfrenten, el mensaje que llega nítidamente a los sanguinarios capos, sicarios y demás fauna criminal que hoy deambula en el territorio nacional, es que con esta administración hay “China libre”, se puede hacer y decir lo que quieran y manden los criminales: desde masacrar a niños y mujeres afuera de una escuela primaria en Salamanca, asesinar a granjeros y vendedores de pollo y sus familias en Guerrero, hasta subir videos donde humillan y persiguen a las Fuerzas Armadas del país.
No es que el narco y sus ejércitos armados hayan crecido de pronto o se hayan vuelto más de la minoría violenta que son y han sido desde que comenzó la torpe guerra contra el narco de Felipe Calderón. Eventualmente los cárteles de la droga se fragmentaron y pulverizaron como efecto de la política calderonista y la de Enrique Peña Nieto de perseguir “objetivos” y detener a capos importantes, a los que sustituyeron sicarios menores y quizás más crueles y sanguinarios que sus antiguos jefes.
Pero con López Obrador esa fragmentación no sólo continuó sino que se alentó con la inacción del gobierno federal y su política absurda de “abrazos, no balazos”, en la que la orden expresa de no combatir ni confrontar a los criminales e incluso huir si es necesario, ha hecho que las fuerzas del narco parezcan y actúen como si fueran superiores a la fuerza del Estado, algo que aunque no es real ni en número ni en capacidad de fuego, sí es lo que se ve y se percibe por los criminales que actúan a sus anchas y con total libertad e impunidad porque saben que ni la Federación, ni los estados y mucho menos los municipios a los que tienen cooptados y controlados, los enfrentarán.
Se terminó haciendo de este país una suerte de sociedad distópica, una anarquía en la que se está imponiendo la ley del más fuerte y en la que los criminales sí usan la violencia y la fuerza de las armas para amedrentar, extorsionar, secuestrar o matar a los ciudadanos indefensos, mientras el Estado sólo patrulla y se hace el disimulado.
Lo más grave es que nadie puede convencer al presidente López Obrador de que su estrategia para enfrentar al crimen está equivocada y completamente fuera de la realidad. Cuando dice que él actúa “diferente” y que está “combatiendo las causas de la delincuencia desde la raíz”, el Presidente confunde la política social, sus ayudas económicas a la población, con la política criminal y de seguridad de un gobierno. Una cosa no excluye a la otra, él puede seguir con su política social, pero no puede renunciar, de manera tan cínica y negligente, a su responsabilidad primaria, esa que juró cumplir y hacer cumplir en la Constitución, que es garantizar que la fuerza del Estado es para proteger y defender a la población de los criminales cada vez más crueles e inhumanos.
El Presidente estará condenado a la ignominia de la historia y nunca podrá quitarse la sospecha de ser un gobierno aliado o liado con los narcos, por más que exija pruebas de esos señalamientos. Parece una película distópica y una anarquía, pero en eso se está convirtiendo México con sus autoridades omisas, incapaces o cómplices y su sociedad callada y agachada… Los dados mandan Serpiente doble. Cambió la buena racha.
A un mes de que Morena defina quién será su candidata o candidato a gobernador del Estado de México, con base en una encuesta cuyos resultados se harán públicos el próximo 20 de julio, la sucesión en la entidad mexiquense se adelanta más de un año.
Y en la batalla electoral que se anticipa cerrada y competida entre el partido del presidente López Obrador y la Alianza Va Por México del PRI-PAN-PRD, se ve venir un choque de estructuras entre la maquinaria federal de los programas sociales del gobierno y la operación de la estructura priista del Grupo Atlacomulco, que defenderá con todo su bastión histórico.
En ese choque frontal ya no hay dudas de que, así como López Obrador ya dio la orden de que su partido vaya con todo, sin importar los tiempos o las posibles violaciones a la ley electoral al adelantar tiempos y definiciones de candidatos, también en Toluca el gobernador Alfredo del Mazo ha decidido enfrentar al aparato morenista y al propio Presidente, con quien mantendrá la relación institucional, pero peleará por mantener el gobierno mexiquense en manos del PRI, apoyado no sólo por la alianza con el PAN y PRD, sino por la plana mayor del priismo nacional, que acuerparán al mandatario mexiquense en un instinto de supervivencia del viejo partido.
Mientras, en Morena las negociaciones continúan para decidir quiénes serán los participantes en la encuesta para definir al candidato. Ayer hubo una reunión entre el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y los seis aspirantes de Morena al gobierno mexiquense. Al encuentro acudieron el senador Higinio Martínez, la secretaria Delfina Gómez, el director de Aduanas, Horacio Duarte; el director del ISSSTE, Pedro Zenteno, y los alcaldes de Tecamac, Mariela Gutiérrez, y de Ecatepec, Fernando Vilchis.
Ahí el secretario les anunció que una vez que se lance la convocatoria para la elección del candidato, en los primeros días de julio, habrá una “preselección” en la que se definirá a los aspirantes que sí podrán participar en la encuesta. Se habla de máximo 3 o 4 que serían medidos en el sondeo de Morena, cuyo ganador será dado a conocer el próximo 20 de julio, según anunció el dirigente nacional, Mario Delgado, el pasado 13 de junio en Toluca. Mientras se realiza esa preselección, Adán Augusto les pidió a los aspirantes mexiquenses que trabajen y dialoguen entre ellos para ver si pueden llegar a un “consenso” y definir quiénes participan en la encuesta y quién puede ser el mejor candidato o candidata.
Aunque la lógica indica que en una encuesta interna tendrían que estar el senador Higinio, la maestra Delfina, Horacio Duarte y un cuarto aspirante que puede surgir de entre Fernando Vilchis o Pedro Zenteno, la realidad es que entre los integrantes del llamado Grupo Texcoco, que llevan prioridad en este proceso, hay la idea de impulsar primero un “consenso” entre ellos para evitar cualquier tensión o distanciamiento. El senador Higinio Martínez, por ejemplo, no está convencido de participar en una encuesta contra sus dos amigos y discípulos Horacio Duarte y Delfina Gómez, por lo que los tres estarían buscando ponerse de acuerdo y llegar a un consenso entre ellos para definir quiénes deben representar a su grupo en la postulación.
La definición del candidato mexiquense en el partido gobernante, trata de evitar a toda costa una ruptura o un distanciamiento con figuras emblemáticas como el senador Higinio Martínez, quien insiste en la necesidad de un “consenso” para definir quién será el candidato o candidata.
Y mientras los morenistas tejen fino para tomar muy pronto su definición, en la Alianza Va Por México va quedando claro que el candidato o candidata en el Edomex lo va a definir el PRI. Así se lo exigieron los exdirigentes nacionales priistas que acudieron la semana pasada a reunirse con el líder del tricolor, Alejandro Moreno. “El PRI tiene que tener prioridad en la definición del Estado de México, porque le corresponde por su fuerza y arraigo en la entidad”, dijo César Camacho, exdirigente nacional priista, en el encuentro que tuvo lugar en Insurgentes Norte, donde también le pidieron a “Alito” respetar la decisión que tome el gobernador Alfredo del Mazo y no intentar forzar ni imponer candidatos en el Edomex, como sucedió en algunos estados en las elecciones del pasado 5 de junio.
Y es que Del Mazo ha empezado ya a perfilar sus opciones para dar la batalla contra Morena en el 2023. Desde hace algunas semanas el gobernador mexiquense les dio luz verde a varios miembros de su gabinete para que “empezaran a moverse” en pos de la candidatura del PRI. Entre ellos estaba el secretario de Gobierno, Ernesto Nemer, y la secretaria de Desarrollo Social, Alejandra del Moral. Pero luego, el propio Del Mazo sorprendió cuando anunció la salida de Nemer de su equipo, al relevarlo en la Secretaría de Gobierno por Luis Felipe Puente.
El despido de Nemer, dicen fuentes mexiquenses, se debió a que Ernesto se dedicó de lleno a hacer campaña y a promover su imagen, olvidándose y descuidando su función en el gobierno. “Se le subió y se mareó, ya se sentía candidato”, nos dijo un funcionario del gobierno delmacista. La salida del aspirante más experimentado favorece a la secretaria Del Moral, quien, con un perfil más bajo, joven pero ya con una trayectoria política propia que empezó en el gobierno de Peña Nieto, continuó con Eruviel Ávila y se consolidó con Del Mazo, pasando también por la Cámara de Diputados bajo el liderazgo de Manlio Fabio Beltrones, hoy empieza a verse como la posible favorita de la clase política mexiquense.
También está la diputada federal Ana Lilia Herrera, también con trayectoria y reconocimiento, pero con un pequeño problema: su pésima relación con el actual gobernador, algo que podría jugar en su contra. Y por el lado del PAN, el que sigue apuntadísimo es el exalcalde de Huixquilucan, Enrique Vargas, quien podría representar un problema si no acepta que la definición del candidato le corresponde al PRI, aunque ya se habla de una negociación política que podrían ofrecerle al pupilo de Santiago Creel.
Así que, con la sucesión mexiquense no solo adelantada, sino acelerada, muy pronto podrían desgranarse los nombres de candidatos y candidatas al gobierno de esa entidad, faltando incluso un año para los comicios. De la definición que tome Morena dependerán muchas otras decisiones, no sólo el candidato o candidata de la Alianza Va Por México, sino incluso las definiciones en Coahuila, donde el género de los candidatos o candidatas dependerá de lo que se decida en el Edomex. De ese tamaño es la prioridad que tiene la elección mexiquense… Los dados mandan Serpiente. Se acabó la buena racha.
Salvador García SotoSerpientes y Escaleras
SERPIENTES Y ESCALERAS
El fracaso del Pacic
Salvador García Soto 21/06/2022 04:00 am
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Hace exactamente un mes y medio que el gobierno federal y la iniciativa privada del país acordaron y lanzaron el Paquete contra la Inflación y la Carestía (Pacic) con el que ambos sectores se comprometían a “estabilizar los precios de 24 productos de la canasta básica” que, según dijeron aquel 4 de mayo en la conferencia matutina de Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador reunió a líderes empresariales como Francisco Cervantes, del CCE, y Antonio del Valle, del CMN, ayudaría a “enfrentar la inflación y evitar que haya carestía de la vida, sin medidas coercitivas, no se trata de control de precios”.
Siete semanas después de que empezó a aplicarse esa estrategia, el fracaso es total y doloroso: los precios de varios de los productos básicos contenidos en esa lista no sólo no se estabilizaron, mucho menos bajaron y, lejos de eso, han seguido aumentando en detrimento de la capacidad adquisitiva de las familias, sobre todo de las de más bajos ingresos, de acuerdo con cifras dadas a conocer por el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas.
Alimentos como el jitomate saladet aumentó 42.4% al subir de 19.07 pesos el kilo a 27.15 pesos; la naranja subió 23.8% de 15.6 pesos subió a 19.32 pesos el kilo. El papel higiénico de cuatro rollos subió de 30.29 a 34 pesos, un incremento de 12.2%, y la papa fue otro producto de los que más subió de precio, con 10.5% de aumento, ya que de 23.87 pasó a 26.37 pesos el kilo.
Con alzas leves a moderadas están: el aceite vegetal de canola, chile jalapeño, arroz de grano, atún, azúcar morena, bistec de res, huevo blanco, pan de caja, manzana y pollo entero. Los datos de los incrementos se midieron a un mes exacto de implementado el Pacic, y con el cierre de las cifras al 30 de mayo de 2022. Los únicos productos que bajaron algo sus precios fueron: cebolla que de 34.21 pesos bajó a 26.71 pesos el kilo, casi 22%; el limón bajó de 48.44 pesos a 37.31 pesos el kilo, es decir bajó 23%.
Tristemente el Pacic terminó siendo un acuerdo de buenas intenciones y apenas si sirvió para la foto en Palacio entre el presidente y los empresarios, cuyos acuerdos nomás no dan resultados y terminan siempre fracasando, en algo que ya se volvió la principal característica de este sexenio en la relación entre el empresariado y el gobierno: muchas reuniones para la foto, muchos discursos de “diálogo constructivo y acuerdos”, muchos “compromisos por México”, pero al final cero resultados concretos y medibles.
Al fracaso del Pacic, que deja en la total vulnerabilidad a las familias ante la desbordada inflación, se puede sumar otro fracaso de la fallida y simulada relación entre empresarios y gobiernos: el tan anunciado y pospuesto Plan de Infraestructura, que pasó de “cientos de proyectos” a “decenas de proyectos” y que, aún recortado, reducido y afectado por la “austeridad republicana” y los recortes históricos a la inversión pública en infraestructura, nomás no se ha podido echar a andar y mucho menos ver sus frutos y obras.
De no ser por el subsidio del gobierno lopezobradorista a las gasolinas y el diesel, cuyo costo por dejar de cobrar el IEPS fue estimado por el SAT hasta en 400 mil millones de pesos que dejará de percibir el gobierno, la gasolina estaría costando ya 30 pesos el litro y la inflación en México seguro ya hubiera rebasado el 8 por ciento como ocurre en Estados Unidos. La pregunta es cuánto tiempo más resistirá el gobierno inyectando este subsidio simulado a las gasolinas.
Y si la estrategia estrella que lanzó el gobierno contra la inflación y la carestía, el Pacic, ya no sirvió, la pregunta obligada es qué sigue ahora ¿o será que el gobierno ya se quedó sin ideas ni estrategias para tratar de ayudar a los mexicanos contra la inflación que los está golpeando en su gasto familiar y personal?
Salvador García SotoSerpientes y Escaleras
SERPIENTES Y ESCALERAS
El dinero ilícito en Morena, en la mira de EU
Salvador García Soto 20/06/2022 04:00 am
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Las investigaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, sobre las actividades ilícitas de Sergio Carmona Angulo, documentaron que el empresario tamaulipeco, asesinado en San Pedro Garza García en noviembre de 2021, llegó a obtener ingresos diarios hasta por 1.5 millones de dólares por el robo y contrabando de combustibles entre México y Estados Unidos, dinero con el cual financió a candidatos y dirigentes del partido Morena a los que apoyó con dinero en efectivo para sus campañas electorales en ese mismo año de 2021.
Información de fuentes diplomáticas de alto nivel, a la que tuvo acceso esta columna, revela que, a partir del expediente abierto por el gobierno de Estados Unidos contra Carmona Angulo, se ha solicitado de manera oficial, a través de despachos diplomáticos dirigidos al Departamento de Estado, al Homeland Security y a la FinCen (Finantial Crimes Enforcement Network), que se investigue al menos a cinco políticos de Morena en Tamaulipas, a quienes habría financiado el empresario Carmona con dinero en efectivo, producto de sus actividades criminales: Américo Villarreal, actual gobernador electo de Tamaulipas; Erasmo González Robledo, presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados; José Ramón Gómez Leal, exdelegado de Programas federales en Tamaulipas y cuñado del gobernador panista Francisco Cabeza de Vaca; Eduardo Gattas, alcalde de Ciudad Victoria; y Carlos Peña Ortiz, alcalde de Reynosa.
Los nombres de los cinco políticos morenistas aparecen en un despacho diplomático al que tuvo acceso este columnista y en el que se solicita de manera oficial a las tres dependencias y agencias del gobierno de los Estados Unidos mencionadas, que inicien investigaciones sobre las cuentas bancarias, inversiones, propiedades y cualquier tipo de activo que tengan los mencionados políticos del partido gobernante en territorio de Estados Unidos, a fin de comprobar el vínculo financiero entre ellos y el empresario asesinado Sergio Carmona Angulo, cuyo dinero estaba vinculado al robo y contrabando de combustibles, al lavado de dinero del crimen organizado y a “corrupción política”, menciona el citado despacho de la diplomacia estadounidense.
Las fuentes consultadas afirman que además del despacho en el que se mencionan los nombres de Villarreal, JR Gómez, Gattas, Peña y Erasmo, existen “otros dos despachos diplomáticos” y oficiales en el que se mencionan otros nombres de políticos de Morena a los que se solicita investigar de manera formal al United States Department of State, al Homeland Security y al FinCen, y entre esos nombres, las fuentes mencionan directamente el de Mario Delgado Carrillo, presidente Nacional de Morena, a quien también se vincula con el dinero ilícito de Sergio Carmona.
Es decir que el partido del presidente López Obrador está ya en la mira del gobierno de Estados Unidos por recibir recursos ilícitos para financiar sus campañas y las investigaciones que inicialmente realizó el Departamento del Tesoro, sobre las actividades del asesinado Sergio Carmona Angulo, serían la base sobre la cual ahora se solicita investigar, desde instancias oficiales estadounidenses en México, a los candidatos, alcaldes, funcionarios y gobernador electo de Tamaulipas, además del dirigente nacional morenista.
A esas solicitudes de investigación, a las que tuvo acceso este columnista, se sumarían otras que aún están en proceso de ser integradas y para las que se estaría recabando información no sólo del gobierno estadounidense, sino del gobierno panista de Tamaulipas que está colaborando con las agencias de Estados Unidos. Según esas investigaciones, el dinero ilícito de Sergio Carmona habría llegado también a otros estados a financiar a candidatos a gobernador de Morena en 2021 en las que se habla en concreto de Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Baja California y Baja California Sur, además de Zacatecas y Campeche, todas ellas gobernadas actualmente por el partido de López Obrador.
Y es que alguien interesado eliminó al empresario Carmona Angulo, asesinándolo de varios disparos el 22 de noviembre de 2021 mientras se cortaba el pelo en una barbería de la Colonia del Valle en San Pedro Garza, en una operación que de tan perfecta resulta sospechosa, porque no existe ni un solo video, testimonio o grabación en el municipio más rico y vigilado de México, donde abundan las cámaras de seguridad. A 7 meses de su ejecución, no hay información sobre las investigaciones para esclarecer el asesinato de quien era una pieza clave en un entramado de corrupción política, financiamiento ilícito de campañas, contrabando y robo de gasolinas y hasta vínculos con el crimen organizado.
Porque Carmona se había convertido, justo en el momento de su muerte, en el financiero del ascenso político de Morena y su avance impresionante en los estados; era un hombre que movía tanto dinero en efectivo que tenía en su casa una habitación completa repleta de dólares que utilizaba para mandar en maletines a los políticos morenistas a los que financiaba. Pero, ¿qué buscaba al apoyar a candidatos que hoy son gobernadores de varios estados de la República, alcaldes de municipios importantes, diputados federales o incluso a la dirigencia nacional de Morena?
El interés del empresario tamaulipeco ya no era sólo la obtención de contratos para sus empresas constructoras, que había sido su modus operandi original; con su incursión en el robo y contrabando de gasolinas ganaba tantos millones de dólares (1.5 millones diariamente según el Departamento del Tesoro) que Carmona ya tenía otros objetivos y actividades vinculadas al narcotráfico y crimen organizado.
De acuerdo con testimonios que han dado sus más cercanos, que han aceptado testificar ante la justicia de Estados Unidos, empezando por su hermano Julio Carmona Angulo, que un día después de su asesinato solicitó la protección del gobierno estadounidense como “informante y testigo protegido”, y otros colaboradores de confianza, Sergio se había convertido en una especie de “broker” para los principales cárteles y lo que ofrecía era sus servicios como “mediador y pacificador” entre los capos del narcotráfico para evitar disputas y guerras en los estados y plazas. Para ello necesitaba del apoyo de gobernadores, alcaldes y políticos clave del partido del presidente López Obrador a los que ayudaba a ganar con su dinero ilegal.
Veremos hasta dónde llegan las investigaciones del gobierno de Estados Unidos y de sus agencias y dependencias que ya han sido involucradas oficialmente en la investigación de los candidatos y dirigentes del partido gobernante en México que recibieron dinero ilícito para ganar las elecciones.
Los dados mandan Escalera Doble. La semana promete
Salvador García SotoSerpientes y Escaleras
SERPIENTES Y ESCALERAS
La muerte de Juárez en Palacio
Salvador García Soto 18/06/2022 04:00 am
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El 18 de julio de 1872, en una de las habitaciones del ala norte del Palacio Nacional, murió el presidente Benito Juárez García. Víctima de una angina de pecho diagnosticada por su médico y que en el acta de defunción apareció como “neurosis del gran simpático”, el Benemérito de las Américas quedó tendido en la cama de su habitación, tras sentir un segundo “calambre en el corazón” y no responder a los remedios de su médico Ignacio Alvarado, que le arrojó agua caliente en el pecho para ver si reaccionaba, pero ya no hubo reacción.
Pero dos años antes de su muerte, en 1870, el presidente Juárez ya había presentado síntomas y cuadros de enfermedad al sufrir una baja de presión y dificultades para respirar. El 18 de julio regresarían los malestares. Se encontró al benemérito en cama y con signos de fatiga y problemas para respirar. Pero dos horas después se repitió el cuadro, con todo y el agua caliente sobre el pecho, pero esta vez, Don Benito Juárez García, presidente de México, ni se inmutó con el líquido casi hirviendo. Había fallecido el primer presidente indígena de la historia y el gobernante que emitió las Leyes de Reforma y sostuvo un largo enfrentamiento contra los conservadores que lo obligaron incluso a declarar la “Presidencia Itinerante” el 31 de mayo de 1863.
Juárez no es el único presidente que murió estando en el poder en México, el otro mandatario que también falleció mientras ejercía la Presidencia fue Venustiano Carranza, asesinado el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcaltongo, Puebla. Sólo ellos dos, en la historia del presidencialismo mexicano, murieron estando en el cargo, los otros 63 murieron después de dejar el poder y por diversas causas.
La historia viene a colación por una preocupación real que circula en el primer círculo del presidente López Obrador. Entre sus amigos y colaboradores más íntimos se comenta que el estado de salud del mandatario está “muy deteriorado”; sus problemas cardíacos no han cesado y están provocando ya otras afectaciones y padecimientos de salud del Presidente. Es tal el nivel de preocupación que ese diagnóstico médico provoca entre el círculo más íntimo del Presidente, que algunos de ellos, con un dejo de tristeza, llegan a comentar que “podría no concluir su mandato”.
El último episodio crítico que tuvo el mandatario ocurrió el pasado 21 de enero de este año, cuando se soltaron los rumores sobre un estado crítico de López Obrador y salió el vocero Jesús Ramírez Cuevas a informar en un tweet que la mañana de ese viernes el Presidente había ingresado al Hospital Central Militar “para realizar una revisión médica de rutina programada”. Después se sabría, con los días, que en realidad se trató de un nuevo infarto que sufrió el Presidente, quien aquella mañana de viernes, estando en su escritorio, se desvaneció y tuvo que ser llevado de emergencia al hospital militar.
Al día siguiente, el sábado 22 de enero, López Obrador apareció en un video grabado en su despacho de Palacio Nacional y desde ahí decía que le habían practicado un procedimiento y que los médicos le habían dicho que su salud estaba muy bien “y que había Presidente para rato”. Aún con el optimista estado de salud que presumía, el mandatario habló de que ya tenía listo su “testamento político”, e incluso había pensado en dejar un “heredero” si él faltaba.
“Tengo la responsabilidad de actuar previendo todo, cualquier circunstancia, más cuando iba yo a someterme a este cateterismo y tengo desde hace algún tiempo un testamento y ya siendo Presidente le agregué un texto que tiene, como lo dije en el video, el propósito de que, en caso de mi fallecimiento, se garantice la continuidad en el proceso de transformación y que no haya ingobernabilidad”.
Hoy, cuando faltan aún dos años de gobierno, hay quienes recuerdan esa declaración pública del Presidente. Los dados cierran una de las semanas más duras y dolorosas. Tocó Serpiente.
Salvador García SotoSerpientes y Escaleras
SERPIENTES Y ESCALERAS
AMLO evita operaciones contra el narco: Congreso de EU
Salvador García Soto 16/06/2022 04:00 am
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“A más de la mitad del sexenio de López Obrador, podría decirse que ha logrado pocos de sus objetivos anticorrupción y de justicia penal”, dice un informe del Congreso de los Estados Unidos. “El presidente mexicano, elegido en 2018, ha abogado por políticas que se centren en las causas profundas del crimen, pero su gobierno no ha llevado operaciones antinarcóticos de manera constante… Después de tres años en el cargo, a partir de enero de 2022, López Obrador ha evitado acciones policiales a gran escala contra los cárteles y la cooperación entre Estados Unidos y México en materia de aplicación de la ley ha disminuido”, concluye el documento oficial.
Se refiere a la política de “abrazos, no balazos” definida así por el presidente López Obrador y cuestiona su falta de resultados a partir de las promesas de abordar los altos niveles de impunidad criminal, la corrupción oficial y pacificar al país. Lejos de esas promesas, el documento del Congreso de Estados Unidos consigna que la violencia del narcotráfico ha impactado la seguridad en la frontera sur de su país y contribuye a la “crisis de los opiáceos” que vive ese país y que provocó en 2021 la muerte de 106 mil estadounidenses por sobredosis, sobre todo de fentanilo producido en México, algo de lo que también responsabiliza a la actual administración lopezobradorista: “Muchos analistas evalúan que el papel de las TCO mexicanas (Transnational Crime Organizations) en la producción y el tráfico de opioides sintéticos hacia los Estados Unidos, se ha ampliado significativamente desde 2018”.
Elaborado por el Congressional Research Service o Centro de Investigación del Congreso estadounidense, el informe que ya circula entre congresistas del vecino país y cuya copia tiene esta columna, se titula “México: Crimen Organizado y Organizaciones de Tráfico de Drogas” y en 42 páginas aborda toda la problemática de los cárteles de la droga mexicanos a los que denomina en inglés “Transnational Crime Organizations” o TCO, de los cuales ubica actualmente a 9 organizaciones activas y operando en los territorios de México y Estados Unidos. “Los grupos del crimen organizado se han fragmentado y diversificado sus actividades delictivas, recurriendo a la extorsión, el secuestro, el robo de petróleo, el contrabando de personas, el tráfico sexual, la venta minorista de drogas y otras empresas ilícitas”, dice el informe elaborado y firmado por Julien S. Beittel, Analista en Asuntos Latinoamericanos del citado Centro de Investigación del Congreso estadounidense.
La violencia de esos grupos, sigue el documento, se ha extendido desde la frontera con Estados Unidos hacia el interior de México. Pero además, el informe del Congreso de Estados Unidos habla también de cómo la violencia del narcotráfico ha tenido implicaciones políticas en México y consigna cómo la violencia política se reflejó antes de las elecciones de mitad de mandato de México en 2021, cuando, según se informa, más de 100 políticos fueron asesinados y muchos más fueron amenazados. “Esta situación llevó a algunos analistas a afirmar que los cárteles mexicanos han llevado la interferencia electoral directa a nuevos niveles”.
El documento termina cuestionando la falta de resultados de la estrategia del presidente López Obrador contra el narco: “A pesar de las promesas de reforma, el presidente parece basarse en una política de utilizar el ejército y una guardia nacional dirigida por militares para abordar las preocupaciones relacionadas con los narcóticos y las TCO. Hizo campaña para abordar los altos niveles de impunidad criminal y la corrupción oficial, problemas de larga data en México. Sin embargo, más de la mitad del sexenio de López Obrador, podría decirse que ha logrado pocos de sus objetivos anticorrupción y de justicia penal”.