Acta Pública.
Claudia Rodríguez.
Más que combate al narcotráfico y a las redes que sustentan a la delincuencia organizada, por los resultados en materia de seguridad durante los sexenios de los presidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, pareciera que los recursos erogados para justificar la seguridad interna de los mexicanos, más bien se han invertido en apoyar el crecimiento y desarrollo no sólo de los cárteles ya existentes, sino que han sido tan fértiles las condiciones de impunidad, que los mismos se han multiplicado.
Felipe Calderón, el presidente que ofreció “manos limpias” en una especie de ataque a la corrupción de la élite política y económica del país, así como ser “el presidente del empleo”; a unos meses de iniciado su mandato dio un giro abrupto en las prioridades de Estado y convino agenda con los Estados Unidos para atacar en territorio de nuestra nación, de manera frontal, sin tregua y todo indica sin real estrategia, a los narcotraficantes. Sobra citar en número de vidas, los ríos de sangre de civiles que corrieron por todas las entidades del país; a los que llamó el mismo Calderón sin empacho: “daños colaterales”. Se vivió entonces, una guerra en la que de cualquier forma salimos perdiendo a manos de los narcotraficantes y demás delincuentes que incluso inculcaron entre un gran número de niños y jóvenes, la cultura de la inmediatez, sin ponderar el costo –incluso la vida de otros o la propia—por obtener dinero rápido.
Peña Nieto intentó poner la marca de la casa del Revolucionario Institucional para no sonar a mala estrategia panista en materia de ataque al crimen organizado y primordialmente al narco, por lo que en principio centró sus esfuerzos hasta mediáticos en una extensa agenda de aprobaciones de reformas estructurales, partiendo de un pacto político nacional y dejando como en un rincón las tareas de seguridad, a las que dijo, encabezaría la captura de manera central, de los líderes del narcotráfico, a las que más tarde se sumaron ejecuciones extrajudiciales, nombradas como abatimientos.
Se adueñaron del país
Lo que recién reveló el periodista Ricardo Ravelo a Sin Embargo, sobre el exponencial crecimiento de los brazos del narcotráfico, lleva a conclusiones rápidas de advertir: ni el dinero destinado en millones de dólares del presupuesto mexicano ni la sangre de los mexicanos, sirvió para detener al crimen organizado y no porque no lo valieran, sino porque todo indica que los primeros se invirtieron en bolsillos equivocados con premeditación y ventaja y las vidas de los mexicanos se desestimaron.
Revelo señala que en el 2005 existían cinco cárteles, hoy operan “nueve cárteles, con al menos 74 brazos armados dominan el 80% del país”, es decir, que tanto las tácticas fallidas –incluidas vidas y recursos del Estado–, así como la complicidad de las fuerzas de seguridad, han dado un auge temible a los grupos criminales que asolan al país desde muchas vertientes, no sólo la inseguridad, sino también el crecimiento de un Estado paralelo que se enriquece de la ilegalidad en todo los aspectos.
¡¿Quién podrá ayudarnos?!
La Guardia Nacional no será el ingrediente que pueda revertir todo lo que hasta ahora se ha hecho en pos de recuperar la paz y la seguridad de los mexicanos, si en el listado del cóctel anticrimen siguen y seguirán quienes han permitido se engrandezcan los tentáculos de cárteles y mafias que también se sirven del aparato legal.
Todo indica que revertir tal estructura delincuencial requiere más que buena voluntad y honestidad. El gran negocio de traficar ilegalmente con todo lo que se pueda, tiene perfectas estructuras verticales y horizontales a forma de empresa, hasta el propio blanqueo del dinero.
Acta Divina…Hoy en día existen nueve grandes cárteles a nivel nacional –Arellano Félix (o de Tijuana), Beltrán Leyva, Carrillo Fuentes (o de Juárez), Golfo, Caballeros Templarios, Sinaloa (o del Pacífico), Jalisco Nueva Generación, La Familia y Los Zetas– además de cinco –Los Viagras, del Noreste, del Poniente, del Sureste y Nueva Plaza– que han ido cobrando fuerza en los últimos cinco años, avala la Fiscalía General de la República.
Para advertir… ¿Cuántos mexicanos involucrados en la ilegalidad criminal?
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