* Amedi llama a funcionarios públicos a respetar a periodistas.
/Redacción./
Cdmx 2 de noviembre 2019.- Luego de una nueva campaña en redes para atacar a las y los periodista por su ejercicio peridistico en las conferencias del presidente de Mexico, Andrés Manuel López Obrador, se exigió respetar y garantizar la libertad de expresión como una obligación de servidores públicos.
La solicitud la realizó la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) al hacer “un respetuoso pero enérgico” llamado a las y los servidores públicos para que se abstengan de descalificar a quienes ejercen el periodismo.
El extrañamiento vino después de insultos, descalificaciones y bullying de parte de la red de amlovers, que suele activar masivas descalificaciones presidenciales durante las “mañaneras, cuando no le gusta a Lóoez Obrador que pregunten libremente los periodistas, que no están en la primera fila.
En comunicsdo la asociacion demanda respetar la actividad reporteril y la labor de los medios de comunicación para los cuales laboran, mismos que son sujeto de burlas, epítetos, intentos de mermar su credibilidad y hasta quitarles la acreditación de ingreso a las conferencias, aún cuando luego se negó el hecho, desde la oficina de comunicación social
El Ejecutivo Federal, pasando por las y los secretarios de Estado, legisladores y legisladoras, gobernantes estatales como presidentes y presidentas municipales deben acatar el artículo sexto constitucional, además de respetar y garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión durante su ejercicio público.
“Cuando una persona que se desempeña como funcionario público descalifica, denosta o le atribuye sobrenombres a periodistas y/o comunicadores (por ejemplo: “fifí”, “chayotero”, “conservador” o “chairo”), no sólo permite el desprecio por la libertad de expresión de periodistas, sino que también alienta actos de violencia, discriminación, intolerancia, discursos de odio y abusos de poder”, advierten.
Otros actores no gubernamentales como el empresariado, la delincuencia organizada e incluso miembros de la sociedad se sienten legitimados para atentar contra las libertades informativas si desde tribunas más elevadas se emplean expresiones verbales denigratorias, se emiten burlas o se asignan etiquetas para demeritar el trabajo periodístico de profesionales y medios de comunicación, creando con ello un clima de intimidación.
Todo ello constituye un atentado a la libertad de expresión que, en el peor de los casos, puede llegar al asesinato de periodistas, pero propiciado desde el poder.
“Asimismo, hacemos un llamado para que en las conferencias de prensa se permita la participación de periodistas con posturas de contrapeso al poder político, para que formulen preguntas sobre temas controvertidos y sustanciales para la comprensión de los asuntos de interés público y no se prefieran aquellas intervenciones a modo, superficiales y ligeras que evaden las cuestiones de primer orden para el país. Estas últimas prácticas atentan contra el derecho a saber de quienes informan como periodistas y medios, y de la sociedad para la toma de decisiones”, concluyen..