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Escrito por Wendy Rayón Garay.
10.11.2024 Ciudad de México.- Hace casi nueve años, Keren Selsy Ordoñez Hernandez fue privada de su libertad, con torturas y pruebas ilícitas, en Apizaco, Tlaxcala, por el delito de secuestro, con ella se emplearon estereotipos de género para dictaminar una sentencia de 50 años y desde el 2021, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y la ONU-DH han documentado y acompañado su caso, ahora solicitan firmas a la población para su liberación.
Datos del informe ‘Mujeres con la frente en alto’ del Centro Prodh señalan que a partir de su documentación, 29 mujeres fueron privadas de su libertad en un contexto de tortura. A partir del caso de Mujeres de Atenco vs Estado Mexicano, se dictaminó la creación del Observatorio del Uso de la Fuerza para monitorear a las autoridades federales que se encargan de la seguridad pública. Sin embargo, esta medida no ha sido cumplida.
En el Diagnóstico Nacional sobre Tortura Sexual cometida contra mujeres Privadas de la Libertad en México se encontró que 7 de cada 10 mujeres sufrieron algún tipo de violencia en alguna etapa de su proceso legal, las cuales son:
- 64.4% sufrió violencia en su detención y durante su traslado al Ministerio Público;
- más del 70% fue amenazada a su persona o a familiares;
- En el caso de mujeres detenidas en presencia de sus hijas e hijos, se emplearon amenazas a los mismos para conseguir una confesión o formar documentos inculpatorios;
- Las autoridades señaladas como principales responsables en denuncias por actos de tortura son la Policía Federal con el 28%, seguida de la Policía Ministerial Estatal con 16%.
Torturas y una declaración, así se fabricó el caso de Karen
Detención arbitraria, retención ilegal, tortura, privación ilegal de la libertad de su hija, fabricación de pruebas, exposición a medios de comunicación, defensa inadecuada, discriminación y falta de perspectiva de género en su proceso, fueron las violaciones a los derechos humanos que el Centro Prodh identificó en la historia de Karen.
En 2015, Keren dio a luz a su hija a través de una cesárea que puso en riesgo su salud. De acuerdo con el Centro Prodh, ella atravesó un contexto de pobreza y desigualdad económica, pues el padre de la bebe no colaboró con ningún apoyo. Días después, mientras procedía a reunirse con su ex pareja, policías ministeriales de Tlaxcala y de la Policía Federal la detuvieron junto a su hija, ex pareja y otro hombre que se encontraba en el lugar.
Sin explicarles el motivo y sin una orden de aprehensión, a ambas las trasladaron en una camioneta oficial sometiéndolas con armas. Le quitaron a su hija de sus brazos, para proceder a golpearla, asfixiarla y amenazarla con lastimar, matar o desaparecer a su bebe, ya que no contaba aún con un acta de nacimiento y así “nadie notaría su ausencia”; violando así sus derechos humanos.
Durante las cuatro horas que permanecieron en la Fiscalía General de Veracruz, estado del cual es originaria, le realizaron un certificado de integridad a su hija donde se estableció que: se había revisado a una “niña de un mes de edad, en calidad de detenida”. Además, desde la detención hasta su traslado al Ministerio Público de Tlaxcala, permanecieron incomunicadas por 11 horas, en las cuales, siguieron sufriendo violencia.
A través de un interrogatorio, las autoridades ministeriales acusaron a Keren de un secuestro que se llevó a cabo al interior de la casa en la que se encontraba su ex pareja. Siguieron intimidando con la vida de su hija para que firmara una declaración fabricada donde aceptó su participación en los hechos. Así mismo, la expusieron a los medios de comunicación filtrando su nombre, rostro y datos personales.
Su hija también sufrió una serie de violación a sus derechos. Después del interrogatorio a Keren, la llevaron al DIF Estatal sin notificarle a algún familiar, no tomaron en cuenta su salud física y emocional, no identificaron a sus familiares o a una institución que pudiera hacerse cargo de su cuidado y protección.
Una segunda oportunidad para su liberación
Durante seis años, Keren no contó con una defensa adecuada, según narra el Centro Prodh. Los defensores públicos que tomaron su caso omitieron la recolección ilícita de pruebas y tampoco exigieron la búsqueda de evidencia que pudiera demostrar su inocencia.
En 2019, liberaron a su ex pareja, después de pasar 5 años en prisión, sentencia que le otorgaron por ser menor de edad cuando lo detuvieron. Paralelamente, en ese mismo año, el Juzgado Penal del Distrito Judicial de Sánchez Piedras, en Apizaco, Tlaxcala, le dio a Karen una pena de 50 años, aun cuando ella no cometió ningún delito. Mientras eso sucedió, el padre de su hija desapareció sin cumplir con sus obligaciones.
Gracias al trabajo de la organización, en 2021 se logró obtener un amparo, en el que un Tribunal Federal ordenó retomar su proceso dando así cabida a una segunda oportunidad. El Centro Prodh espera que el Poder Judicial de Tlaxcala analice el caso con perspectiva de género, tome en cuenta las violaciones a derechos humanos y de una sentencia que la absuelva para conseguir su libertad.
También realizó una petición en Change.org dirigida al Juzgado del Sistema Tradicional Penal Especializado en Administración de Justicia para Adolescentes para que deseche las pruebas ilícitas que se consiguieron a costa de la violación de derechos humanos de Karen.
Juzgar sin perspectiva de género
De acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la perspectiva de género es “una visión científica, analítica y política, sobre las mujeres y los hombres. Se propone eliminar las causas de la opresión de género como la desigualdad, la injusticia y la jerarquización de las personas basadas en el género”. De esta manera, juzgar con perspectiva de género es una herramienta para impartir justicia con igualdad. Para ello, se necesita analizar el contexto, dificultades y problemas que enfrentan las mujeres.
Juzgar sin perspectiva de género puede llevar a sancionar a las mujeres con penas más altas, presionarlas para emitir una declaración diferente a los hechos, no contar con toda la información sobre sus derechos, y disminuir sus posibilidades a una defensa.