*Escrito por Lizbeth Ortiz Acevedo .
08.11.2024 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- Este 6 de noviembre diputadas y diputados dan trámite al dictamen que plantea la extinción de siete organismos autónomos, el cual, según versiones de Morena, destaca que los ahorros que se generen con esta extinción, se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar, con ello se da un paso más para eliminar:
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
Comisión Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU)
Comisión Reguladora de Energía (CRE)
Comisión Nacional Hidrocarburos (CNH)
Previo a la aprobación de esta reforma, un total de 170 organizaciones y 362 periodistas lanzaron un férreo posicionamiento en el que pedían meter freno a la discusión y abrir el diálogo bajo la demanda de defender la autonomía institucional.
Asimismo, tras el dictamen, organismos como el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se posicionaron en contra de esta reforma y calificaron la iniciativa como un “retroceso que afectará gravemente el ejercicio pleno de los derechos humanos en nuestro país”.
Hay que recordar que gracias al INAI se conocieron los excesos de las toallas de Vicente Fox y la Casa Blanca de EPN; y en este sexenio los desfalcos de Segalmex.
De acuerdo con integrantes de Morena quienes defienden esta extinción, señalan que estos órganos autónomos recibieron 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos desde su creación con incrementos anuales en su presupuesto, “favoreciendo empresas privadas” y no a las y los mexicanos.
“No se quebrantan instituciones, se fortalecen, no hay desaparición de órganos autónomos en el sentido de que sus facultades las van a hacer instituciones del gobierno”, defendió la reforma el Óscar Cantón Zetina.
No obstante, las y los diputados de la oposición, señalaron que la desaparición de estos organismos no son para ahorrar presupuesto, sino para mantener el control y la opacidad la información pública que ahora provendrá de las dependencias de gobierno:
“No es un tema de ahorro, es un tema de control político, en contra de las luchas democráticas de este país”, cuestionó Braulio López Ochoa, ex coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC).
Los legisladores de la oposición también señalaron los beneficios de algunas de estas dependencias entre las que destacaron el CONEVAL, el cual sirve para medir la pobreza de las mujeres mexicanas en el país y el INAI, organismo de transparencia de la información contra casos de corrupción en diversos gobiernos.
Además, compartieron contrastes presupuestales para señalar que el tema no es el «ahorro» de presupuesto, sino eliminar los contrapesos «del poder para el poder», tal como lo señaló la entonces diputada del PRI, Laura Haro Ramírez.
“Se habla de una supuesta intención de austeridad, pero tenemos un claro ejemplo, el INAI, el instituto responsable de que las personas se nos garantice un derecho constitucional, que es el de la información, cuesta a las y los mexicanos mil millones de pesos, mientras que PEMEX ha reportado perdidas de 251 mil millones de pesos. Si vamos a hablar de ahorrar, solamente cada dos horas de lo que pierde PEMEX es el costo del INAI”.
Desaparición de INAI y CONEVAL en detrimento del derechos de las mujeres
Se debe recordar que hace 22 años el INAI abrió sus puertas en México, como resultado del trabajo colectivo de periodistas, personas de la academia, organizaciones y sociedad civil que demandó al Estado la construcción de un órgano autónomo que pudiera ser contrapeso y vigilar la función del gobierno de manera apartidista y objetiva.
Isabel Erreguerena Citeri, ex coeditora de Equis Justicia, menciona su importancia, pues la transparencia y acceso a la información resulta una herramienta fundamenta para la investigación, diagnóstico, monitoreo y evaluación que permite realizar incidencia en leyes y políticas públicas relacionadas con las diferentes agendas feministas.
“Utilizar la transparencia como herramienta de investigación e incidencia aún presenta obstáculos e incluso tiene costos en cuanto al uso de recursos. (…) El uso de ésta representa un área de oportunidad no sólo para nuestras agendas, sino para las organizaciones que buscan incidir en los derechos de diferentes personas discriminadas”.
Cabe señalar que la desaparición del INAI, organismo encargado del acceso a la información pública y la protección de datos personales, así como el CONEVAL, organismo descentralizado con autonomía para generar información sobre la situación política social y la medición de la pobreza en México, son de los más preocupantes para la agenda feminista.
Ambos organismos juegan un papel relevante para el acceso a la información, la protección de los derechos humanos de las mujeres y el acceso a la justicia.
La reforma
Estas reformas también extinguen los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales, además, se otorga al INE la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos.
El documento reforma, deroga y adiciona diversas disposiciones de los artículos 3°, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 de la Constitución Política.
También se informó que se deberá considerar la eliminación de los organismos, unidades administrativas o estructuras que representen duplicidad de funciones, así como la integración de los órganos desconcentrados y descentralizados o unidades administrativas en las dependencias de la administración pública centralizada que puedan asumir su competencia.
El antecedente
El día viernes 23 de agosto de este 2224, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de decreto para la eliminación de siete organismos autónomos, dependencias relevantes para el acceso a la información pública sobre los derechos de las mujeres en México y ante este panorama, surgen dudas, ¿ahora a quién le pertenecerá la información de las mujeres?
Como se vaticinó, la Cámara de diputados arrojó un resultado favorable para la desaparición de órganos autónomos, con 22 votos a favor, 17 en contra y cero abstenciones, se aprobó en la Comisión de Puntos Constitucionales en lo general y en lo particular la reforma en materia de simplificación orgánica de los artículos 3, 6, 26, 27, 28, 41, 76, 78, 89, 105, 113, 116, 123 y 134 de la Constitución Política que busca incorporar las funciones de estos organismos autónomos a distintas dependencias de gobierno.
Hay que recordar que esta modificación a la constitución y eliminación de órganos autónomos forma parte del paquete de reformas enviadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador el pasado 5 de febrero de este año.
Por su parte, el CONEVAL nace en 2004 -en el sexenio de Vicente Fox- como una iniciativa de la oposición (PRI y PRD) para vigilar el gasto público en los programas sociales llevados a cabo por la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), así como crear, promover y regular políticas públicas del gobierno en materia de desarrollo social en beneficio de las mujeres y hombres.
No obstante, con la desaparición de estos siete organismos, asociaciones civiles, periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos temen que la transparencia de la información presente un retroceso significativo, pues estos organismos cobran especial relevancia ante las prácticas del Estado de no entregar información pública, declarar sus datos como «reservados» o dar datos contrarios.
Un contrapeso al poder que desaparece
Durante la sesión para discutir la iniciativa sobre la extinción a los órganos autónomos, en el mes de agosto, las diputadas y los diputados de Morena, PVEM y PT, así como del PAN, PRI y MC discutieron la iniciativa desde las 11 de la mañana hasta las seis de la tarde con argumentos acalorados a favor y en contra de esta iniciativa.
La diputada Lidia García de Morena abrió la ronda de seis y seis para dar a conocer sus argumentos a favor del dictamen. En tribuna argumentó que esta es una oportunidad para reducir el gasto publico y evitar “el despilfarro de recursos de la nación”:
“¿Cuál es el objetivo? Transferir las facultades y las obligaciones de diversos organismos constitucionales a dependencias del gobierno federal con el principal objetivo de eliminar gastos innecesarios, lujos, pero sobre todo, duplicidad de funciones para redirigirlos al combate contra la desigualmente social”, detalló.
INAI
En la fracción VIII del apartado A del artículo 6 se derogan los párrafos relativos al funcionamiento y atribuciones del INAI, y el párrafo donde se reconoce la autonomía de este organismo se reforma para indicar que los sujetos obligados deberán promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales.
Las leyes en la materia determinarán los principios generales, así como la competencia de las autoridades de control interno y vigilancia u homólogos en el ámbito federal y local para conocer de los procedimientos de revisión contra los actos que emitan los sujetos obligados.
Agrega que los sujetos obligados se regirán por la ley general en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales, en los términos que esta se emita por el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.
Las adecuaciones al artículo 41 constitucional plantean que el Instituto Nacional Electoral tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos; también conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los partidos políticos en los términos que establezca la ley.
En el apartado B del artículo 123 se establece que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral tendrá la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública de los sindicatos y conocerá de los recursos de revisión que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los mismos.
CONEVAL
En el artículo 26 se deroga el apartado C relativo a la estructura y funciones del CONEVAL, y se reforma el apartado B para estipular que el Inegi “también estará a cargo de la medición de la pobreza y la evaluación de los programas, objetivos, metas y acciones de la política de desarrollo social, así como de emitir recomendaciones en los términos que disponga la ley, la cual establecerá las formas de coordinación con las autoridades federales, locales y municipales para el ejercicio de estas funciones”.
Cofece e IFT
El artículo 28 se reforma para suprimir las referencias a la Cofece y transferir sus facultades al Ejecutivo Federal para que cumpla con el objetivo del Estado de garantizar la libre competencia y concurrencia, “a través de la dependencia encargada de formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país”.
También se suprime la mención al IFT y se establece que su objeto y facultades las tendrá el Ejecutivo Federal, a través de la dependencia encargada de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión.
De esta manera, el Ejecutivo Federal será la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, y le corresponderá el otorgamiento, revocación y autorización de cesiones o cambios de control accionarios, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones.
También fijará el monto de las contraprestaciones por el otorgamiento de las concesiones. Para garantizar la transparencia de las concesiones habrá un Sistema Nacional de Información de Infraestructura a cargo de la dependencia responsable de elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno Federal.
Menciona que las normas generales, actos u omisiones de las dependencias que tendrán las facultades de la Cofece e IFT “podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión”.
Solamente en los casos en que se impongan multas, desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva.
Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de la Constitución, y en ningún caso se admitirán recursos ordinarios contra actos intraprocesales.
MEJOREDU
Se deroga la fracción IX del artículo 3°, relativa a la estructura, funciones y facultades de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación encargada de coordinar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación.
CRE y CNH
En el artículo 28 se modifica el párrafo que actualmente indica que el Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, para quedar de la siguiente manera: “El Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la dependencia encargada de conducir la política energética del país, contará con atribuciones para llevar a cabo la regulación técnica y económica, así como la facultad sancionadora en materia energética y de hidrocarburos, en los términos que determine la ley”.
Organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información
Se reforma el artículo 116, con lo cual se elimina la figura de los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
La redacción propuesta dice que las constituciones de los estados, en términos de la ley general, definirán la competencia de los órganos encargados de la contraloría u homólogos de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y demás sujetos obligados responsables de garantizar el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.