/ Norma Meraz /
El azote de la injusticia que agravia a los mexicanos es la impunidad.
Frente a una autoridad que administra la justicia a modo existe una sociedad desarmada, impotente, agobiada e incrédula, incapaz de vivir con tranquilidad.
Un gobierno que aduce la existencia de legalidad en su actuar y no la cumple está faltando al principio de “servir al pueblo” que lo eligió. La legalidad tiene que ver con el Régimen Político establecido por la ley fundamental del Estado.
Un gobierno que presume de administrar la justicia cuando esta se entiende “por la disposición con que se castiga según merece cada uno y no la cumple, el
Gobierno miente, engaña.
Un gobierno que cubre la ilegalidad llamándola “caso moral” sólo se está apegando fríamente al significado literal de moral, que, se define como “lo relativo a las acciones de las personas desde el punto de vista de la bondad o malicia”.
¡Qué fácil salirse por la tangente!
Y nos referimos claramente a la actitud tomada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, cuando se le cuestiona acerca del trato legal del que goza el señor Emilio Lozoya Austin quien se pasea abiertamente por la calle sin recato alguno, cuando pesan sobre él numerosas acusaciones de graves delitos que avergüenzan al país.
¡Pero por qué no decirlo, cuando la justicia se encuentra al servicio de la política como en este y otros casos se trata francamente del imperio de la impunidad!
El caso de Emilio Lozoya es una burla más que grotesca que agravia a la sociedad y abona a la desconfianza de esta frente a la “justicia personalista” que, se entiende, obedece a un pacto de impunidad del actual gobierno con el que le precedió.
Está muy clara la existencia de ese pacto “de caballeros” de no tocar a los colaboradores más cercanos y al mismo Enrique Peña Nieto que fueron los grandes atracadores de este miserable país.
Emilio Lozoya se acogió a lo que antes se llamara “testigo protegido”, cuando es un delincuente confeso en libertad que reconoció haber recibido 10 millones de dólares de Odebrecht. Cuando llegó extraditado de España declaró aportar pruebas que hasta hoy no han demostrado nada y se acerca la fecha del 3 de noviembre para que las presente, de lo contrario su destino será la cárcel. La pregunta es: ¿y Peña Nieto?
El combate a la corrupción sigue siendo retórica agotada.
La Fiscalía General de la República tiene que proceder de acuerdo con la ley, más que estar a la orden de las intenciones e instrucciones del Poder Ejecutivo.
El país se encuentra sumido en una pandemia mal llevada por las autoridades de salud y ha cobrado la vida de medio millón de personas .
En medio de un ambiente de inseguridad, cuando en un fin de semana se registran 200 homicidios y un feminicidio cada hora, ¿dónde está la eficiencia de la procuración de justicia si andan criminales, homicidas y corruptos libres?
Cuando se le cuestiona al presidente López Obrador acerca del combate al crimen organizado responde qué hay que convencerlos de que se porten bien y niega que haya masacres, cuando no hay semana que no se registren en distintos lares del país.
Una perdona optimista sin datos, es una ilusa y todo indica que no les gusta hablar de datos duros cuando lo que amerita es informar fielmente, con veracidad acerca de lo que está ocurriendo en otros campos también como la salud pública y el problema migratorio, por citar lo menos.
Pero aquí no pasa nada que preocupe al gobierno. Que se preocupen la sociedad aspiracionista, los conservadores, la clase media y los que no comulguen con la 4T.
¡Que reine la impunidad!
¡Digamos la Verdad!