Lucia Melgar palacios.
El posible impacto del atentado fallido contra Donald Trump en los resultados electorales en Estados Unidos está por verse, así como la posibilidad de un triunfo de éste, sin embargo, representa una amenaza para la democracia en su país y en el mundo.
Si ya el cierre de su primer mandato con la insurrección contra el Congreso fue ominoso, su insistencia en un falso fraude electoral, su continua demonización de la inmigración indocumentada y sus ataques contra la “izquierda radical” (¡los gobernantes demócratas!) que estaría “destruyendo” E.E.UU., anuncia una profundización de sus peores políticas.
A las evidencias de su talante autoritario, se añaden ahora la decisión de la Suprema Corte de ampliar el concepto de “inmunidad presidencial”, la candidatura a la presidencia del senador derechista radical Vance y el Proyecto 2025, un mapa de ruta para convertir a Estados Unidos en un “paraíso fascista”, en palabras de The New Republic.
Aunque últimamente Trump haya negado saber de este proyecto, medios estadounidenses han demostrado que se trata de un plan de gobierno promovido por la conservadora Fundación Heritage en el que colaboraron más de 140 funcionarios del expresidente.
Señalan también que, aunque la plataforma republicana no incluye todas sus directivas ultraconservadoras, coincide en líneas generales con él. Se sabe también que entre los republicanos hay voces fanáticas, voceras de un “nacionalismo cristiano” que buscaría la supremacía de los blancos y de la religión en la política.
La sensación de alarma que, tras múltiples advertencias de medios independientes, por fin ha llegado a medios “mainstream” estadounidenses responde a una preocupación real por el futuro de la democracia y la pluralidad.
En efecto, los cuatro pilares del Proyecto 2025 son “restablecer a la familia como centro de la vida americana”, “desmantelar el Estado administrativo”, “defender la soberanía y las fronteras de la nación” y “asegurar que los derechos otorgados por Dios vivan libremente”.
Desmenuzar aquí los ejes de un documento de 900 páginas es imposible. Se puede destacar, sin embargo, el significado inmediato de estos preceptos.
Para quienes lamentan la “pérdida de valores” puede resultar atractiva la idea de fortalecer a la familia. El problema es que ésta se define solo en singular, como familia heterosexual, santificada por el matrimonio, destinada a la procreación, y donde se restaurarían “los derechos del padre”, definición conservadora que ya ha hecho estragos contra los derechos de las mujeres en el mundo, como sabemos.
De este concepto se derivan restricciones para otros tipos de familias: recorte de fondos para madres solteras, prohibición total o casi total del aborto, eliminación de lenguaje y políticas referentes a la población LGBTTQI – estigmatizadas como “ideología de género”. Además, el encumbramiento de los “derechos de los padres y madres” permitiría restringir el mandato federal sobre la educación pública y otras áreas, como expondré más adelante.
Desmantelar el “Estado administrativo” implica desaparecer el servicio público federal de carrera, considerado corrupto y radical, substituirlo por gente leal a la causa, someter todo organismo federal al “ejecutivo unitario”, incluyendo al ministerio de Justicia.
Implica también eliminar la regulación medioambiental y otras directivas federales y suprimir el ministerio de Educación; mientras que los despidos masivos, advierten los críticos, conllevarían la violación de derechos laborales, la estructura gubernamental se convertiría en simple correa de transmisión de la voluntad presidencial; el sometimiento de la justicia al presidente permitiría incluso la persecución de supuestos “traidores”, o simples voces críticas.
Para “defender la soberanía y las fronteras”, se pretende organizar “la mayor deportación en la historia” de migrantes indocumentadas e indocumentados, denostados como un “peligro” para la nación.
Este plan de deportación masiva de millones, que pisotearía los derechos humanos, no excluye usar a las fuerzas armadas para lograrlo. Semejante acto de inhumanidad afectaría gravemente a México, si se mantiene como traspatio y zona de expulsión.
La alusión a los “derechos otorgados por Dios”, maquilla de moralidad y rectitud un concepto ampliado de la libertad individual, como el que justifica la portación de cualquier tipo de armas, y otros principios individualistas a ultranza.
La existencia misma de este proyecto autocrático, misógino, racista y clasista, es alarmante. Su instrumentación sería catastrófica para la vida democrática.