*Escrito por Luz Cecilia Andrade.
04.09.2024./Cimac Noticias.com/ Ciudad de México.- El sexto informe de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no tuvo sorpresas en materia de derechos humanos de las mujeres, fueron pocas las palabras destinadas a los avances de las mujeres y un discurso que perpetuó la «operación limpieza», la estrategia por simular disminución en violencias contra mujeres.
Este informe como todos los anteriores incluyó un Zócalo capitalino lleno, con arengas políticas por demás conocidas y con la misma línea, invisibilización para las mujeres, porque finalmente este gobierno no pudo revertir la tendencia de 10 mujeres asesinadas por día en el país, por el contrario, alcanzó un aumento de 2016 a 2021 en 4% de acuerdo con datos del INEGI.
Como parte de la arenga política del discurso, López Obrador mencionó que existieron avances contra la violencia de género, los cuales se activaron a través del mecanismo de Alerta por Violencia de Género (AVG); no obstante, este mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, es un logro del movimiento feminista y data desde el 2015.
Además, el informe señala que crearon una mejor infraestructura para la investigación y atención con “dignidad y calidez” para prevenir la violencia en el espacio público y en el transporte, en este rubro se incluyó la transformación del Instituto de las Mujeres (Inmujeres) a la Secretaría de las Mujeres.
Tras señalar esto, el documento indicó que se han reducido 33.33 % las muertes violentas de mujeres desde el 2019 y un 16 % de la prevalencia de violencia ocurrida en el último año. También indica que ha aumentado un 66.30 % la percepción de seguridad entre las mujeres de 2019 a 2023.
No obstante, las cifras dicen lo contrario.
“Del dicho al hecho al mucho trecho”
En cuanto a las Alertas por Violencia de Género declaradas por violencia feminicida que el 6to informe destaca que muchas de ellas siguen sin desarrollarse, como las registradas en municipios de Puebla y Tlaxcala, declaradas en 2019, o las de Baja California, Chihuahua y Sonora, declaradas en 2021.
Como ejemplo de esta ineficiencia contra la violencia hacia las mujeres, podemos destacar el pasado 7 de agosto, cuando se ordenó en San Luis Potosí remover tres Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres para los municipios de Tamuín, Tamazunchale y Matehuala en el marco de la sesión especial Sistema Estatal para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SEPASEVM), lo que ha desatado la indignación de defensoras porque la violencia persiste y los datos confirman que la realidad no ha cambiado.
Según denunciaron las organizaciones y población civil de estos municipios, los esfuerzos realizados por parte del Estado fueron insuficientes, pues el acceso a la justicia, acompañamiento, protección y reparación del daño para las víctimas fueron acciones deficientes.
De acuerdo con el gobierno potosino, el levantamiento de estas acciones se debe a que estos tres municipios tienen un registro bajo de feminicidio y con ello, no es necesario mantener el recurso, sin embargo, el homicidio contra las mujeres se mantiene en tendencia, pero no está siendo clasificado como feminicidio.
Al respecto se debe destacar que, a la fecha, la violencia feminicida registrada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana en el país durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador fue de 5 mil 128 casos de feminicidio a nivel nacional.
Esta cifra aunque parece menor y simula que los casos de feminicidio se redujeron en el país, en realidad falta agregar la información de las mujeres víctimas de homicidio doloso a nivel nacional, que de 2019 a 2024 suman 15 mil 375 de acuerdo con la misma secretaría.
Es decir, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador hubo alrededor de 20 mil 503 feminicidios, cifra que aún sigue siendo menor, tomando en consideración que cada día en promedio 9 a 10 mujeres son asesinadas en México.
Es importante recordar que durante el sexenio de AMLO las Unidades de Análisis y Contexto para Atender la Violencia Feminicida (UAyC) que fueron creadas en el 2023 como una política preventiva frente a la violencia feminicida se mantienen bajo opacidad.
Es decir, se desconoce si el presupuesto destinado empata con resultados tangibles que permitan confirmar si ha salvado la vida de mujeres, niñas y adolescentes en el país, reportó Cimacnoticias el pasado 23 de julio.
Fue en 2023 cuando la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) otorgó financiamiento para la Unidades de Análisis y Contexto para Violencia Feminicida (UAyC). Con este apoyo, en teoría, se detectarían casos como el de Ania, donde el feminicidio se relaciona con otros delitos e, incluso, con el crimen organizado.
Ania Margoth Acosta fue una actriz colombiana que migró a México hace tres años para impulsar su carrera. Sin embargo, fue desaparecida en junio de 2023 en Morelia, Michoacán, antes de trasladarse a Jalisco. En febrero de 2024 se hallaron sus restos mortales en una fosa clandestina.
Como en el caso de Ania, miles de feminicidios permanecen impunes. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en los últimos cinco años se han cometido 18 mil 469 asesinatos de mujeres en todo el país. Entre enero y diciembre de 2023 fueron asesinadas 3 mil 408 mujeres, pero solo 827 casos se investigan como feminicidio.
Inseguridad en el transporte y vía pública también persiste
Cabe señalar que las mujeres no viven la violencia de manera accidental, sino que es resultado de una discriminación arraigada y muchas veces no percibida que el Estado tiene la obligación de abordar y resolver.
La violencia en el espacio público hacia las mujeres incluye acoso, abuso sexual, violencia física, violencia sexual, con diversas consecuencias personales y sociales, detalla el Instituto Mexicano de las Mujeres.
Pese a que el 6to informe de gobierno señala que existe una percepción más positiva respecto a la seguridad en el transporte público y las calles, últimos datos del Inmujeres muestran que ellas se sienten más inseguras que los hombres en cualquier espacio público, principalmente en lugares como el cajero automático (86.9%), el banco (78.2%), el transporte público (75%) y la calle (74.6%).
Estos datos los confirma la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), realizada en marzo de 2024, que señala que 66.5 % de las mujeres consideran inseguro vivir en su ciudad.
Otros datos que hay que resaltar son los que proporciona la Encuesta Nacional de Victimización, y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019, el cual muestra que las mujeres sufren el 91.8% del hostigamiento sexual (manoseo, exhibicionismo e intento de violación) y 82.5% del delito de violación.
Seguridad Pública 2019 (ENVIPE). Tabulados básicos
Estos delitos ocurren principalmente en la calle (42.7%) y en el transporte público (32.2%).
Como consecuencia a esta situación, las mujeres limitan su movilidad, y se ven obligadas a cambiar las rutas diarias, disminuyan o eviten actividades laborales, educativas, sociales, de entretenimiento, y hasta se vean obligadas a cambiar su vestimenta con el único objetivo de protegerse de la inseguridad.
Pendientes para el siguiente sexenio
Sin duda, quedan pendientes en cuanto a seguridad y garantía de los derechos humanos de las mujeres en este sexenio que se autonombró como el “más feminista de la historia”, pues no le ha cumplido a las mujeres que viven y atraviesan México como señala.
En la recta final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador se acumulan feminicidios y homicidios dolosos hacia las mujeres al igual que hace 30 años, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
El sexenio queda mucho a deber a las mujeres de México: a las madres buscadoras que no fueron recibidas en Palacio Nacional y que hasta la fecha toman el asta bandera del Centro de la Ciudad de México para ser escuchadas.
Deja mucho que desear también para las mujeres y niñas indígenas desaparecidas, violentadas y desplazadas en estados con altos niveles delictivos por el crimen organizado, como en Chiapas, Tlaxcala y Michoacán, por mencionar algunos.
También deja impunes casos de violencia feminicida, violencia vicaria, violencia ácida, violencia estética y hasta capacitista en todos los estados de la república. Incluso deja pendientes a mujeres víctimas de desastres naturales, como aquellas que ya no fueron nombradas en Acapulco, Guerrero o las que aún sufren las consecuencias del abandono institucional, como las de Chalco, estado de México y la lista sigue y sigue.