Estrictamente Personal
/Raymundo Riva Palacio/
Los conflictos entre la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, se arrastran desde antes de iniciar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Desde la transición habían entrado en conflicto por el manejo de la política interna, que el presidente electo no definía aún con claridad quién llevaría. Poco tiempo pasó para que trazara las líneas de trabajo, dejando a Sánchez Cordero la relación con la Suprema Corte de Justicia y los gobernadores, salvo con Claudia Sheinbaum, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, que le encargó el presidente a Scherer, a quien además responsabilizó del resto de la política interna. El frágil equilibrio en esa distribución que siempre se empalmaba terminó por romperse, y desde octubre el Presidente viene pensando en el relevo de la secretaria, sin decidirse todavía.
Sánchez Cordero tiene un rol limitado en cuanto a la asesoría política a López Obrador, que se apoya principalmente en Scherer, en su vocero Jesús Ramírez Cuevas, y escucha, y a veces atiende, a Lázaro Cárdenas, su coordinador de asesores. En las últimas semanas Sánchez Cordero sostuvo un pleito soterrado en el marco de la reforma al Poder Judicial, que Scherer trabajó con el presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, al tiempo de sumar a su trinchera a Carlos Alpízar, secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, que era el principal alfil de la secretaria en ese poder.
Las luchas de poder dentro de la corte presidencial han existido desde el principio, por la displicencia del Presidente para meter orden. Sin esa autoridad interna, los principales protagonistas en el gobierno se han apertrechado y han actuado contra quienes representan un obstáculo a sus ambiciones o necesidades de poder. La anarquía que proyecta López Obrador hacia sus subordinados se reproduce en otros niveles, como sucedió con el defenestrado vocero de Sánchez Cordero, Omar Cervantes Rodríguez, quien de manera unilateral, en una conversación telefónica con un interlocutor no identificado, le pidió denunciar al consejero jurídico y a su primo Hugo Scherer, el estratega principal de Sheinbaum, de estar apoyando abiertamente, decía, al candidato de la alianza PRI-PRD al gobierno de Nuevo León, Adrián de la Garza.
La conversación de Cervantes Rodríguez era privada, pero el fin de semana se desató un escándalo porque 15 segundos de su conversación comenzaron a circular en las redes sociales y fue retomada por varios columnistas, que la enmarcaron en el viejo enfrentamiento entre Sánchez Cordero y Scherer. El vocero renunció este martes a su trabajo a fin de poder dedicar el tiempo al seguimiento legal de lo más importante del caso: la vulneración de sus comunicaciones. Tiene toda la razón; ése es el problema de fondo.
Muchas veces, desde que se volvió común difundir grabaciones ilícitamente realizadas en los 90, hay una revictimización, al ser linchados políticamente las personas cuyas conversaciones privadas son hechas públicas para perseguir un daño político. Es decir, se ve el final del proceso de una ilegalidad, mediante un fragmento descontextualizado e incluso editado, sin atender y denunciar el fondo. Grabar de manera ilegal, incluso un presunto delito, pierde validez si en lugar de denunciar algo malo que se haya cometido, se utiliza mediáticamente. Eso sucedió precisamente con el video que dio a conocer Carlos Loret en Latinus sobre el hermano del Presidente, Pío López Obrador, recibiendo un millón de pesos de procedencia ilícita. Si ese video se entrega a la autoridad como prueba de un probable delito, tendría que haberse procedido. Al hacerlo público, perdió validez jurídica.
Los gobiernos utilizan sus aparatos de contrainteligencia para vigilar y detectar a aquéllos que con sus acciones socavan al gobierno. Pero no se hacen públicos los hallazgos, sino se manejan privadamente y se determinan las responsabilidades mediante discretas investigaciones. Lo que dijo Cervantes Rodríguez debió de haberse procesado de esa manera y con consecuencias legales, al haber actuado en contra de los intereses del gobierno.
No se sabe si la grabación fue hecha por los órganos de seguridad del Estado o no. La divulgación, sin embargo, es un delito. Pero el gobierno no investigará hasta llegar a la fuente de quién grabó y quién publicó. El espionaje al que fue sometido Cervantes Rodríguez pasará sin castigo, como ha sucedido con prácticamente todos los casos similares desde los 90. El incendio político dentro de Palacio Nacional aparentemente se apagará y podría hasta costarle el cargo a Sánchez Cordero, pero todo será cosmético. La investigación que debería proceder de inmediato es sobre el espionaje que se está haciendo a los funcionarios de la Secretaría de Gobernación.
La divulgación de la grabación del exvocero se puede entender por razones coyunturales inherentes a las elecciones del próximo domingo, que afectan a la secretaria, pero también dejan mal parado al consejero jurídico y a su primo, que trabajan con Morena y Sheinbaum desde hace años. Sin embargo, no es el único colaborador de Sánchez Cordero cuyas comunicaciones hayan sido interceptadas. Esta columna conoce de otra intercepción telefónica sin orden judicial en donde Alpízar habla con un comunicador sobre la estrategia para liberar a Israel Vallarta, el jefe de la banda de secuestradores a la que pertenecía la francesa Florence Cassez, que Sánchez Cordero quiere que liberen.
Esa grabación no se hizo pública, posiblemente porque no genera rédito político. Pero la grabación de Cervantes Rodríguez, que golpeó a los brazos políticos de López Obrador y debilita a los tres, debería haber generado alarma dentro del gobierno y una investigación para determinar quién está actuando de manera ilegal con finalidad política. Este tipo de espionaje sobre Gobernación es un ataque al Estado mexicano, cualquiera que sea el origen, y no puede verse con la frivolidad del pasado donde todo se quedaba en la politiquería, sin ver la vulneración de la seguridad y lo frágil que es, de planteárselo alguien, desestabilizar al gobierno y a la nación.