*Escrito por Lucía Melgar Palacios .
Los actos de terrorismo en Acámbaro y Jerécuaro del 24 de octubre son actos de desafío al Estado mexicano que el gobierno no debe minimizar.
En Guanajuato, como en Chiapas y otros estados, con mayor o menor estridencia, ya no pueden ocultarse las consecuencias de una política de seguridad fallida y de la negligencia del Estado, en lo federal y lo local. La política oficial de negar o minimizar masacres, desapariciones y otras violaciones de derechos humanos que desgarran a la población civil deja a ésta en la indefensión y sigue debilitando al propio Estado.
En este contexto, la resistencia ciudadana, por desarticulada que parezca, representa vida y cambio. En ella persiste y se renueva el poder colectivo de transformar la realidad. Al organizarse, movilizarse, denunciar, la ciudadanía, las organizaciones y colectivas buscan acabar con la impunidad y la violencia, exigen justicia, reivindican la defensa de la comunidad.
En un estado como Guanajuato, con autoridades omisas o corruptas, un cierto anquilosamiento político y una sociedad conservadora, esta movilización se ha forjado, en un sentido, a contracorriente. Sin estridencias, ha ido logrando cambios en la conciencia ciudadana y obligado a las autoridades a reconocer algunos de los más graves problemas.
Entre los colectivos más visibles, mujeres organizadas y feministas trabajaron, desde principios del siglo, en defensa del derecho a decidir y contra el feminicidio.
Si bien la Alerta de Violencia de Género (AVG, por feminicidio y desaparición de mujeres) recién declarada por CONAVIM fue solicitada por la Comisión de Derechos Humanos estatal, puede pensarse que las acciones ciudadanas previas fueron abriendo el camino para una mayor toma de conciencia de la vinculación entre la violencia machista, familiar, criminal e institucional, y otras violencias.
Sería de esperarse ahora que el nuevo gobierno estatal se comprometa a enfrentar con seriedad tanto los feminicidios como las desapariciones de mujeres, con una política integral que se aleje de las recetas trillada, que logre coordinar los tres niveles de gobierno con eficacia y sin caer en rejuegos políticos que han minado el potencial de la AVG en otros casos.
Más importante aún, ante la escalada de desapariciones en el estado y el país, es la acción colectiva de madres buscadoras y familiares que de unas cuantas han pasado a constituir más de veinticinco organizaciones, según Sandoval.
Entre ellas, recuerda el defensor, Hasta Encontrarte, se destacó en septiembre de 2022 con la toma de la Estela de Luz capitalina. En este monumento a la corrupción (2010), dos activistas colgaron una pesada manta para exigir un alto a las entonces 100 mil desapariciones en el país, y protestar contra la militarización y la impunidad, a pocos días de la discusión de la Ley de la Guardia Nacional.
Entonces había en Guanajuato menos de mil personas desaparecidas, hoy son más de 4 mil. A este desastre humano se suma una grave crisis forense, con mil 700 cuerpos sin identificar, derivada, como en el resto del país, del desprecio de los gobiernos estatales y federales por la vida y el dolor.
Tristemente, también Guanajuato ha perdido a manos de la violencia a buscadoras y defensoras/es, personas que – hay que repetirlo- hacen el trabajo de dignidad y dignificación que, por obligación, le corresponde al Estado. Indigna sin duda que, como refiere Sandoval, medios y periodistas críticas/os enfrenten altos riesgos, cuando al informar a la sociedad están haciendo su trabajo y respondiendo a nuestro derecho a saber.
Ante la interrogante que se abre con el nuevo gobierno panista y la renuncia del actual Fiscal, Sandoval señala la paradoja de que ahí Morena es oposición y advierte que éste sólo se irá en enero 2025. Sin embargo, plantea, puede darse una nueva coordinación a nivel local.
Aunque los rejuegos políticos positivos podrían favorecer a la sociedad guanajuatense, romper pactos e intereses creados o dejar atrás prejuicios y arbitrariedades es complejo.
En la capital del estado, por ejemplo, es evidente la inercia que ha permitido el encumbramiento de funcionarios cuyo perfil es del todo contrario a la ética y al respeto a la legalidad y a la ciudadanía. ¿Por qué, se pregunta una, se permite la alcaldesa nombrar en la Comisión de Igualdad a un individuo condenado por golpear a su pareja? ¿Cómo puede argumentar que hay que permitirle “redimirse” y “sensibilizarse” precisamente ahí donde puede hacer más daño? ¿Acaso ignora la alcaldesa que muchas mujeres de todos los partidos han luchado por la ley 3 de 3 para que no haya agresores en ningún puesto de poder?
En el mismo sentido, es indignante que la jueza de lo familiar en Irapuato no haya dado credibilidad y la importancia debida a la denuncia contra el tesorero de Manuel Doblado, acusado por su pareja de violar a su hija de cuatro años. ¿Qué valores o derechos pretende defender con semejante determinación?
Si la alcaldesa y la jueza ignoran para qué sirve la perspectiva de género o qué es la igualdad sustantiva, deberían recordar que es su obligación como servidoras públicas conocer el marco jurídico que nos rige y que, por lo menos desde 2011, tanto la Convención CEDAW como Belem do Pará forman parte de éste, sin olvidar simplemente el artículo 4to constitucional o la Ley de Igualdad de 2006 y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 2007, o el código penal por no ir más lejos.
Sin duda, la sociedad guanajuatense organizada tiene todavía un largo camino de lucha contra la tolerancia social y política hacia la violencia machista y sobre todo contra el endurecimiento de los criminales y el militarismo federal.