* Escrito por Lucía Melgar Palacios .
El constante acoso del Estado contra quienes se atreven a sacar a la luz el horror de la desaparición o los daños de la ineptitud, la corrupción y la violencia, en un país desgajado por la criminalidad y el militarismo, ha alcanzado este mes grados extremos.
Pese a la tolerancia social ante los reiterados abusos del poder presidencial, subsisten formas de resistencia que alientan cierta esperanza para impulsar cambios profundos, así sea a mediano plazo. Madres buscadoras, defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas feministas, académicas, siguen enfrentando y documentando nuestra atroz realidad y buscando caminos para superar la degradación política y social.
El Informe de la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de Covid-19, presentado la semana pasada, por ejemplo, documentó cómo la mala gestión de la pandemia (minimizada por el gobierno), agravó los efectos de ésta, con un saldo de más de 800 mil muertes en exceso y 215 mil niñas y niños en orfandad.
Aunque el presidente las haya denostado ayer, las evidencias presentadas deben obligar a futuras autoridades a no incurrir en negligencia y conductas criminales, y puede servir para enjuiciar a funcionarios corresponsables de esta “catástrofe humanitaria”.
Por otra parte, desde la academia y la sociedad civil, también estigmatizadas por el gobierno, la Coalición para la Reducción de Homicidios, recién publicó una síntesis de los resultados de su Conferencia Internacional, auspiciada por la Universidad Iberoamericana.
Este documento resume diagnósticos acerca de la violencia letal que asola nuestro país, ofrece recomendaciones puntuales y compromisos para promover políticas públicas dirigidas a disminuir homicidios y feminicidios. Además de exponer las altas tasas de homicidio en el país y en los estados más conflictivos, este documento confirma la necesidad de analizar la violencia letal (criminal, estatal) y las desapariciones desde un enfoque de género, interseccional y atento a la diversidad regional.
Así, por ejemplo, podemos contrastar la disminución del homicidio doloso en la CdMx, gracias a la coordinación del gobierno estatal y federal y del reconocimiento de la presencia de crimen organizado, con la agudización del problema en Guanajuato donde, según David Saucedo, al aumento de homicidios y feminicidios se añaden desapariciones y desplazamiento forzados, por la “disputa entre cárteles” y “la pugna” entre los gobiernos estatal y federal, además de la desigualdad y la pobreza que apuntan varias investigadoras.
Este informe también enfatiza las elevadas tasas de impunidad, sobre todo en homicidios (92%), por deficiencias en la investigación o falta de ésta. Destaca la necesidad de diseñar políticas públicas basadas en evidencia, focalizadas en las causas específicas de las distintas violencias. Así, mientras que en la frontera norte ha sido más efectivo el control del tráfico de armas que las extradiciones, en la frontera sur se requiere una política integral de seguridad contra el crimen organizado y el lavado de dinero, que prevenga también el aumento de la violencia criminal que conlleva el auge del turismo.
En cuanto al feminicidio, hay visiones diversas pero coinciden en el impacto que tienen la mayor disponibilidad y uso de armas de fuego.
Las recomendaciones tienden a reiterar propuestas ya conocidas como capacitar al personal judicial, mejorar los Centros de Justicia y garantizar la reparación del daño, que han resultado insuficientes o no se han instrumentado puesto que el feminicidio no ha disminuido. En contraste, es fundamental la propuesta general de enfrentar la violencia mediante programas de prevención focalizados, educación, salud y la disminución de las desigualdades, aunque sus resultados no sean inmediatos.
Otra recomendación interesante, si bien complicada, es reconocer el estado de guerra interna para llevar ante la Corte Penal Internacional los asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones perpetrados por agentes del Estado (1549 de 2009 a 2022, según Paris Martínez), como “crímenes de lesa humanidad”. El gobierno de un México ilusorio, alérgico a la transparencia, ha denostado éstas y otras investigaciones.
Toca a la sociedad conocerlas y usarlas para (re)construir.
Cimac Noticias.com