LINOTIPIA / Peniley Ramírez
Faltaban unos meses para la elección presidencial de 2012. En los círculos políticos de México, aún se creía que Emilio Lozoya podría ser el nuevo canciller. Pero Lozoya tejía desde entonces una red de negocios que le sería, y puede que siga siéndole, provechosa.
En septiembre de 2011, se registró en Panamá la compañía JF Holdings. El agente registrador era Alcogal, un despacho panameño con muchos clientes latinoamericanos. Quienes aparecían en la compañía en Panamá eran, como suele suceder con estos casos, empleados del despacho que firmaban como parte en unas 20 mil a 30 mil empresas.
Las operaciones de JF Holdings no estaban en Panamá sino en Luxemburgo. Un acta del consejo de administración de la empresa, que revisé para esta columna, muestra que en mayo de 2012 participaban en esa compañía Emilio Lozoya y un socio alemán, Gerhard Henze. Lozoya puso como su dirección un departamento en el Upper West Side de Nueva York y Henze, una dirección en Suiza.
En octubre de 2012, según una declaración firmada por Henze que revisé, su empresa Martellus Capital firmó un contrato con Fabiola Tapia para venderle una tecnología de asfaltado. Henze era un socio de Martellus, una empresa de manejo de capitales en Suiza. Tapia, fallecida en octubre de 2014, era una empresaria que había vivido en la pobreza y que ganó contratos millonarios con el gobierno como socia de su hermano, Juan Carlos Tapia, quien aún tiene negocios públicos en México, ahora con el gobierno obradorista.
La empresa Martellus existe aún, en Suiza, y Henze todavía es su socio y gerente de activos. El contrato de Henze con Fabiola Tapia, otra vez según la declaración de Henze, la comprometía a pagarle 6 millones de dólares como “préstamo para desarrollo de tecnología” a Martellus. Extrañamente, el dinero no sería depositado en una cuenta de Martellus sino de Zecapan, otra empresa que, dice Henze, era suya en las Islas Vírgenes Británicas. Henze dijo a la PGR en 2017 que la señora Tapia cumplió con los pagos que completaron 5.9 millones de dólares en marzo de 2014.
Justamente esa misma cantidad, seis millones de dólares, fueron depositados desde Odebrecht en la misma cuenta de Zecapan, según declaró uno de sus directivos. Los seis millones de Odebrecht eran sobornos para Emilio Lozoya, dijo la empresa. Desde la Fiscalía mexicana, consiguieron los estados de cuenta de Zecapan en esos meses y encontraron que no había 12 millones, de Tapia y de Odebrecht, sino solo seis.
Esto abre la posibilidad de que fuera falsa la versión de Henze, el socio de Lozoya, y no existiera el acuerdo con la señora Tapia, el préstamo para tecnología y toda esa historia, sino únicamente el pago de un soborno. Henze, sin embargo, sigue actualmente con sus negocios en Suiza y no se sabe que haya sido imputado por nada.
Ahora, el destino de esos seis millones tiene una tercera versión. Según los videos que publicó esta semana Ricardo Anaya, la Fiscalía federal ahora dice que esos seis millones eran un depósito de Odebrecht no para que les dieran contratos, como la constructora solía hacer en toda la región, sino para que Lozoya repartiera dinero a legisladores panistas por la aprobación de la reforma energética.
Los documentos que mostró Anaya en sus videos indican que, meses después de todo esto que he contado, en la cuenta de Zecapan no había 12 millones, si consideramos los depósitos de Odebrecht y de Tapia, ni cero dólares, si creemos que en efecto Lozoya repartió el dinero a los legisladores en el verano de 2014, sino únicamente seis millones.
Buena parte de esta historia está incluida en el amplio trabajo que han hecho en Reforma, Quinto Elemento, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, El Financiero y Proceso sobre el caso Lozoya. Si Anaya logra demostrar que el dinero seguía allí después de la fecha en que supuestamente se lo entregaron, o incluso si logra probar que el socio de Lozoya, Henze, logró de algún modo que se creyeran la historia del préstamo tecnológico, podría tirar una parte importante del caso en su contra que ahora construye la nueva Fiscalía federal.