Alma Delia Hernández Sánchez
“Una cosa es firmar papeles y otra construir una realidad, porque una es tener diferencias y otra dirimirlas”
José Mujica
El pasado viernes diez de enero se aprobaron, por unanimidad de los integrantes de la Comisión Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz, dos puntos de acuerdo de gran relevancia para los trabajos de la Política Estatal Anticorrupción. El primero tiene que ver con un borrador que servirá de base para iniciar los trabajos formales en la materia, es decir, la finalidad misma del Sistema Estatal Anticorrupción; el segundo fue el compromiso del Secretario Técnico del Sistema de coadyuvar en una estrategia de difusión a fin de socializar dicho borrador a integrantes del sector académico, empresarial y asociaciones civiles para que a través de sus aportes se pueda consolidar una versión preliminar de la Política Estatal Anticorrupción que presente al Comité Coordinador.
Esto, que hoy se supera, había sido el gran problema de la construcción de la Política Estatal Anticorrupción, pues aunque hay voluntad de los integrantes del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, también ha habido intereses poco claros de personajes que se mueven en la sombra del oficialismo y que han estado empeñados en entorpecer los trabajos del mismo, mientras otros, abiertamente, han solicitado que la Política Estatal Anticorrupción se alinee de manera oficial al Plan Veracruzano de Desarrollo, lo cual se propone de manera tardía y además cabe destacar que cuando se realizaban las mesas de trabajo para la realización del PVD el CPC solicitó ser incluido en las actividades sin respuesta a la petición.
Lo cierto es que tras diversas convulsiones internas que ha sufrido la Secretaría Ejecutiva del Sistema, finalmente ve la luz un documento “cero” que nos permitirá ir construyendo formalmente ese andamiaje sobre el que descansará finalmente la Política Estatal Anticorrupción, cabe recordar que el Sistema Anticorrupción no se creó en solitario sino que trajo consigo a dos instituciones como lo son la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal Estatal De Justicia Administrativa De Veracruz y el fortalecimiento de organismos autónomos y de la Contraloria General del Estado, entes que tienen como misión fortalecer al SEA.
A la par de ellos estamos los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, que fue creado para PRESIDIR el Sistema. El Comité o CPC sigue de pie, pese a los señalamientos de omisiones, las cuales ya se aclaró que fueron solamente maquinaciones políticas hacia el propio Sistema. También nos han golpeado en lo que corresponde a la reducción en nuestros honorarios, lo cual va en contra al sentido del derecho humano de subsistencia que dice que el ingreso de una persona debe ser progresivo, pero a alguien en el Gobierno le pareció buena idea dejarnos sin cobrar lo que por Ley nos corresponde (pese a que la propia Ley no nos permite emplearnos en otro trabajo), pero a pesar de ello seguimos firmes y hoy se ve la buena voluntad de los integrantes del CPC, avalando la propuesta de la Comisión Ejecutiva para que de una vez se lance el borrador de la Política Estatal Anticorrupción para que comencemos esa andanza, de la manera que sea pero dejando atrás de una vez por todas las omisiones y el desinterés.
Esto nos obliga y nos compromete a trabajar ya para los fines del Sistema Estatal. Como dicen por ahí, se llegó al “punto sin retorno”.
El borrador es perfectible y a él se integrarán aportaciones de diversos sectores, así como opiniones de expertos para que el documento maquilado por la Secretaría Ejecutiva se fortalezca y tenga un sentido firme, y que sea emanado de y respaldado por la ciudadanía.
Ya después corresponderá al Comité Coordinador determinar si se avala o no la propuesta.
Comienza pues un largo e intenso camino para fortalecer la Política Estatal Anticorrupción, por ello la premura de que el Gobernador del Estado voltee a vernos para que sepa que el recurso que se nos recortó nos hace falta a todos, de entrada a los 7 entes del Comité Coordinador y, en el fondo, a los casi 8 millones de veracruzanos que quieren que se termine la corrupción; el Sistema confía en que pronto esta situación se revierta y podamos iniciar los trabajos que espera el pueblo de nosotros.
MI RESTO.
De a peso.
Así son, casi literalmente, los contratos que el Secretario Técnico y su Unidad Administrativa pretenden otorgarnos a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, pese a que existe un mandato legal, pero sobre todo ético, de que se nos brinden honorarios decorosos. (Cabe destacar que en Veracruz estamos en la mitad de la media nacional respecto al pago al CPC).
Pues resulta que con lo de la reducción presupuestal a la Secretaría Ejecutiva, salió a relucir que alguien no previó adecuadamente los honorarios de los integrantes del Comité de Participación Ciudadana en el presupuesto 2020 y pues ahora nos resultaría un honorario pírrico y menor a lo que “recibe de mesada un niño los domingos”.
Ante tal recorte, a la Secretaría Ejecutiva y a quienes lo administran pues no les quedó de otra que hacer números y poner la cara de vergüenza para decirnos que simplemente no hay dinero para pagarnos. Eso es sólo una parte, lo que se descubre es la posible omisión de un deber legal en la que se pudo haber incurrido en este rubro y que, pese a ser del conocimiento de dos entes investigadores del Comité Coordinador, no se ha iniciado una sola investigación al respecto. Es que la proactividad también tiene su chistecillo.
En resumen, la Secretaría Ejecutiva dice que el paquete ya le corresponde al Órgano de Gobierno, es decir al IVAI; al TEJAV, al ORFIS; a la Contraloría del Estado, al Consejo De La Judicatura y a la Fiscalía Estatal Anticorrupción, porque son ellos quienes aprueban los contratos. Ahora falta saber si en la sesión en la que habrá de abordarse el tema de los contratos el Órgano de Gobierno asume dicha responsabilidad como suya o al fino estilo de la vieja guardia, se cabecean mutuamente la pelota.
Los integrantes del CPC estamos conscientes de que son épocas de austeridad y que la propia Ley si bien no nos impide emplearnos en otra cosa, es muy clara en el sentido de que ese “otro empleo” no cause algún impedimento para seguir desempeñándonos como CPC; porque básicamente, de acuerdo a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, entramos – por la naturaleza de nuestro encargo – en conflicto de intereses básicamente con todo.
Ante tal hecho, sólo hay de 2 aguas: o se nos paga un honorario decoroso de acuerdo a un tabulador que le fije el Órgano de Gobierno (recordando que la Fiscalía Anticorrupción y el TEJAV surgen a la par del CPC y no son quienes presiden) o de acuerdo a una reforma legal desde el Congreso del Estado, o pues de plano que se nos pague lo que sea su voluntad pero que se reforme la Ley para que se nos permita dedicarnos a otra cosa y al del SEA.
Estamos esperando que el Órgano de Gobierno se manifieste pues en ese combo de circunstancias los integrantes del CPC quedamos “chiflando en la loma” mientras un cúmulo de autoridades violan nuestro derecho humano consagrado en el 5º constitucional a la par que intentan desarticular el Sistema, con o sin pleno conocimiento de ello.
Será tema para un criterio novedoso ya dijo alguien por ahí a nivel nacional, pues se llevará oficialmente un tema que atañe a los Sistemas Locales Anticorrupción ante las autoridades jurisdiccionales; pero pues mientras, estamos esperando a que alguien se pronuncie oficialmente. Agradecimiento y abrazo solidario a la Red Nacional por su respaldo y apoyo en este tema y por no dejar solo al CPC de Veracruz.
Alma Delia Hernández Sánchez
Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz
RRSS: almadeliahs