*Miscelánea, salud y política .
/ Judith Álamo López /
La muerte no es la mayor pérdida en la vida. La mayor pérdida en la vida es lo que muere dentro de nosotros mientras vivimos: Norman Cousin
La congoja mezclada con rabia fue el sentimiento que invadió a miles de indígenas chiapanecos que entre vítores y demandas de justicia despidieron el cuerpo inerte del defensor del pueblo de origen tsotsil: el padre Marcelo Pérez, activista por la paz en los Altos de Chiapas, acribillado en San Cristobal de las Casas, luego de haber oficiado la misa dominical en la iglesia de Cuxtitali. ¿La causa?: protestar contra los criminales.
Los hechos ocurrieron el 20 de octubre, antes de las 9:00 horas, y fueron las cámaras de las calles de ese barrio las que grabaron cómo fue acechado por dos presuntos sicarios quienes apenas sube a su automóvil se acercan y lo abaten a tiros. Al igual que otros dirigentes sociales amenazados, el padre Marcelo que un mes había encabezado la marcha en contra de los grupos criminales y denunció públicamente sus amenazas, indefenso, fue victimado.
¿Será que los mecanismos de protección disponibles son insuficientes? ¿Cuándo comenzarán a aplicar la “inteligencia” para prevenir y evitar la comisión de delitos atroces que sólo traen desilución y desconfianza del pueblo hacia sus autoridades.
El querido padre Marcelo regresó a su natal San Andrés Larráizar en un ataúd, para ser velado por familiares y amigos de las comunidades indígenas. Miles de dolientes enmedio de protestas y sollozos lo acompañaron en la misa póstuma que en su honor ofició el sacerdote Raúl Vera y en la que se escucharon cantos en tsotsil.
Los gobernantes de todos los niveles, quienes deben cumplir con la atribución de garantizar la seguridad pública a sus gobernados, luego del asesinato del sacerdote y líder comunitario, en lugar de ocuparse en revisar en qué están fallando –analizar, prevenir y atacar el delito–, se suman a reprobar con retórica el cobarte acto y, públicamente, como si no dependieran de ellos, llaman a las autoridades, ya sea a las fiscalías general y estatales, así como a las policías municipales, a ocuparse de encontrar a los culpables.
Mientras la Conferencia del Episcopado Mexicano condena el décimo asesinato de sacerdotes católicos, desde 2018 a la fecha; organismos internacionales, compañeros de lucha del padre Marcelo, empresarios, comerciantes y la población en general exigen a la presidenta de la República que se aplique una nueva estrategia de seguridad en el estado, reclaman que la inacción gubernamental del sexenio anterior y del gobierno actual han propiciado que Chiapas “arda en llamas”, suman cientos los desplazados; los habitantes viven atemorizados a merced de una delincuencia cada vez más violenta y voraz.
En los pueblos sin ley, como hay cientos en el país, cuando menos en una veintena de ciudades de la República, no importa si eres morenista u opositor: si no cedes a los chantajes y extorsiones, los delincuentes organizados cuentan con un grupo de seres desalmados agrupados en el sicariato, no se trata de ficción o de una leyenda negra, existen y son asesinos sin rostro que se alquilan al mejor postor para, sin ningún resquemor, vencer resistencias y acallar voces cegando vidas.
Los sicarios son una prueba más de que en México la descomposición social y política avanza, mientras los morenistas hacen política de futuro –por ambición desmedida y algunos quizá por ilusos– incluida la presidenta Claudia Sheinbaum y “la mayoría” legislativa, consumen toda su energía en librar hoy una lucha sin cuartel por apropiarse del Poder Judicial de la Federación; mañana vendrán los organismos autónomos….
Para consumar “la construcción de una nueva sociedad”, “del régimen del pueblo”, se arrogaron la voluntad de todos los mexicanos, no sólo de sus votantes que, insisto, sólo fueron la cuarta parte de los habitantes del país, y para justificar los desacatos a resoluciones judiciales y otras barbaridades, repiten como autómatas: “el pueblo ya votó”, “es voluntad del pueblo”, “decidieron acabar con la corrupción del poder judicial”. Sólo faltaría agregar: eligieron un gobierno autoritario, ahora aguántense.
Y sigue escalando el conflicto entre el oficialismo y los funcionarios del poder judicial, las críticas en contra de la reforma judicial no sólo son de juristas nacionales y extranjeros, se han sumado los principales organismos internacionales, somos el hazmereir de prestigiadas universidades que tratan de advertir sobre los riesgos de que en México se cancele la esperanza de un mejor futuro al perderse la autonomía de los jueces y el Estado de Derecho; se están cancelando los derechos humanos de los mexicanos, en tanto empiezan a caer los pronósticos de crecimiento económico.
Mientras la peor violencia en la historia del país galopa sin dar cuartel, cobrando a diario a un centenar de víctimas desde que tomó posesión la primera presidenta de la República en los más de 200 años de vida independiente del país, y pese a la presunsión de que este gobierno sí usaría la inteligencia, Sheinbaum insiste en desviar la atención de la crisis de violencia que vive el país repitiendo consignas distractoras, usadas por su antecesor, como que la entidad más violenta del país es Guanajuato, gobernada por el PAN, y que ahí se comenzará a aplicar la nueva estrategia de seguridad.
Aunque los datos aportados por el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hace 15 días, al presentar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2030, son diferentes, las cinco entidades más violentas del país, que mencionó, son: Colima, Baja California, Zacatecas, Chihuahua y Morelos, cuatro de ellas son gobernadas por Morena; Chihuahua por el PAN.
Y si nos vamos a los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, de septiembre, recién publicada, entre las más peligrosas ciudades según la percepción de sus habitantes, se encuentran: en primero y sexto lugares nacionales están: Tapachula y Tuxtla Gutiérrez, con el 91.9% y 85.9% respectivamente; en segundo lugar está Naucalpan de Juárez, 88.0%; en tercero, Fresnillo, Zacatecas, 87.9%; en cuarto, Ecatepec de Morelos, con 87.0% y en quinto, la ciudad de Irapuato, Guanajuato con 86.4%.
Lo último de la cofrontación: para que cesen las protestas del Poder Judicial acusándolos de desacato, la mayoría oficialista aprobó en comisiones legislativas una inciativa de supremacía constitucional para ratificar que sólo el Poder Legislativo, o sea la mayoría integrada por los morenistas y sus aliados, como parte del Congreso Permanente, tiene las facultades exclusivas para reformar la Constitución. (Artículo 135). Esta reforma deberá quedar aprobada esta semana, aseguran.
El colmo: quien canceló la puerta para demandar el respeto a los derechos humanos a cualquier persona del pueblo frente a actos de abuso de autoridad, la inefable Rosario Piedra Ibarra, quien se destacó por poner a la CNDH al servicio incondicional del obradorato, ahora pretende reelegirse con el apoyo de las mayorías oficialistas. Así o más claro.