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23.10.2024.- Este mañana el partido Morena en el senado tuvo que dar marcha atrás al atentado a las garantías individuales, políticas, derechos humanos de las y los mexicanos y acotó la iniciativa que hacia inatacable cualquier reforma aprobada por Morena y sus aliados-
En un inicio se dijo que el partido verde, en voz de Arturo Escobar, que no irían con Morena en esta sentencia pero minutos mas adelante Karla Castrejón del Verde descalificaron el primer comunicado y enviaron otro alegando que si van con Morena y Claudia Sheinbaum, en esta iniciativa llamada Supremacía constitucional.
El Jurista Francisco Burgoa opinó sobre lo declarado por Adán Augusto a Ciro Gómez Leyva sobre que Morena retirará la propuesta de modificación al artículo primero constitucional respecto al control de convencionalidad.
En la consideración del catedrático de la UNAM “Esto que puede parecer una “buena noticia” es una maniobra que busca distraer de un problema mucho mayor”.
Francisco Burgoa refiere que el echarse para atrás, aunque parece un retroceso en las pretensiones autoritarias, el verdadero riesgo persiste en la eliminación de controles judiciales sobre las reformas constitucionales, incluyendo el juicio de amparo, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad.
Aseguró en redes que no es un mero ajuste técnico: “representa una amenaza directa al Estado Constitucional y Democrático de Derecho y a los derechos humanos en México, ya que limitaría los mecanismos de defensa constitucional y los compromisos asumidos en el sistema interamericano”.
“Morena, con esta jugada, busca controlar su propio autoritarismo, pero lo hace bajo la presión de la crítica social y de la oposición”.
Para Burgoa no es suficiente que se retire solo el control de convencionalidad; esta propuesta de reforma constitucional debe ser retirada por completo. “De lo contrario, el país retrocederá gravemente en la protección de los derechos humanos y en la defensa de los principios fundamentales constitucionales”.
De acuerdo a lo que se debate en Comisiones se discute quitar los siguientes apartados de una iniciativa apresurada y sin revisar sus implicaciones:
En el 1° Constitucional- lo relativo a la convencionalidad.
Eliminan la reforma al 103, respecto a la prohibición de los Tribunales de la Federación resolver controversias sobre reformas y adiciones a la Constitución.
Cancelan la disposición del 105 relativo a que serán improcedentes las controversias, acciones y amparos “incluyendo proceso deliberativo, legislativo y correlativa votación, así como aquellas que busquen controvertir las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral” (lo de negritas lo eliminan)
En Transitorios al momento sólo dejan dos, de la vigencia y “Los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el presente Decreto”.
La Discusión
Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos iniciaron la discusión del dictamen que busca reformar los artículos 105 y 107 de la Constitución Política, para establecer que son improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, que tengan por objeto controvertir las adiciones o reformas a la Carta Magna.
El proyecto que se analiza por los órganos legislativos que presiden Óscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza Cázarez, también establece que no procederá el juicio de amparo contra adiciones o reformas a la Constitución Política.
Con las modificaciones, se precisa en el dictamen, se busca clarificar, “para quienes hoy estiman que una reforma constitucional es impugnable”, que el actual sistema constitucional mexicano no contempla esta posibilidad.
En el documento se destaca que se modificó la iniciativa inicial, por lo cual se omitió del dictamen la reforma que los proponentes habían planteado para modificar el artículo 1 de la Constitución Política, y la cual planteaba que:
“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pero que en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad”.
Lo anterior, con la finalidad de no desvirtuar la naturaleza jurídica y la aplicabilidad del sistema convencional de protección de derechos humanos. Además de que con las modificaciones a los artículos 105 y 107 se cumple con el objetivo del proyecto.
De la misma forma, en el proyecto se subraya que resulta innecesaria la adición al artículo 103, que establecía que “quedan exceptuadas de lo dispuesto en las fracciones anteriores, las reformas y adiciones a esta Constitución, su forma, procedimiento y fondo, contra las que no cabe juicio o recurso alguno, en ningún caso”.
Ello, en virtud de que la ley reglamentaria ya contiene una previsión expresa como causal de improcedencia del juicio de amparo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López Hernández, afirmó que no habrá “albazos” en la aprobación de la reforma a debatir, porque “los albazos se murieron con el viejo régimen”.
Por Morena, Saúl Monreal Ávila, afirmó que esta reforma no obedece “a un pleito” con el Poder Judicial, sino a que “ningún poder constituido puede estar por encima del poder constituyente permanente”, lo que significa que el Poder Judicial no puede estar por encima del pueblo mexicano cuando éste decide modificar la Constitución.
Ricardo Anaya Cortés, del PAN, celebró haber dado marcha atrás a la reforma al artículo primero constitucional, pero señaló que con la inimpugnabilidad queda de manifiesto el “pleito” que se trae la mayoría con el Poder Judicial.
Por el PRI, Claudia Edith Anaya Mota, se congratuló de que se haya modificado el artículo primero, pues dijo, era una manifestación explícita de que se quiere salir del sistema interamericano de derechos humanos.
El senador Luis Alfonso Silva Romo, del PVEM, lamentó que, a pesar de que las modificaciones propuestas en esta iniciativa ya se contemplan en la Ley de Amparo, hay juzgadores que interpretan la Constitución Política “a su conveniencia”.
Del PT, el senador Alejandro González Yáñez explicó que la propuesta busca reafirmar y reforzar lo que ya dice la legislación actual, con el propósito de inhibir interpretaciones “sesgadas” que algunas personas y juzgadores llevan a cabo.
Alejandra Barrales Magdaleno, de Movimiento Ciudadano, criticó “el desaseo” legislativo que se está haciendo para desahogar este proyecto, porque sólo se les dio una hora para analizar el dictamen.