HORA LIBRE
Álvaro Belin Andrade
De diferentes maneras, y hace ya muchos, los políticos de todos los partidos realizan actos anticipados de campaña sin que las autoridades electorales tengan capacidad para amarrarles las manos.
Las denuncias de opositores han surtido un efecto regulatorio. Por supuesto, ha molestado a quienes han sido sancionados o reconvenidos, como sucedió con diputados locales de Morena que repartían en sus distritos despensas que les eran entregadas por el DIF estatal.
Pero no son los únicos ni el reparto de despensas ha sido el único modus operandi de quienes, del lado oficial, ven con desesperación que no tendrán a favor el nombre de AMLO en las boletas electorales, mientras que los de la oposición han querido sorprender saliendo antes en la carrera para ganar cierto terreno.
Ya hablamos de diputados locales morenistas molestos porque las autoridades electorales (OPLE, TEV) han buscado constreñir su labor a las funciones legislativas, pero otros siguen como si nada, promoviendo en sus redes sociales, en boletines y discursos las pocas obras hechas por el gobierno estatal en sus distritos, presentándolas casi como si ellos las hubiesen financiado de sus bolsillos o hubieran sido posibles gracias a su gran capacidad gestora.
Alejandro Sánchez Báez, representante del PRI ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE), acaba de acusar a la siempre sonriente diputada Rosalinda Galindo Silva (que siempre muestra su parentesco gestual con la ausente secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú) por colgarse de las acciones del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, su amigo personal hace años.
Y sí, Rosalinda, diputada por Xalapa, siempre acompaña al gobernador cuando este camina por su distrito, aunque no tenga vela en el entierro.
Acompaña al mandatario en las solitarias supervisiones de obra o en la inauguración de pequeños tramos de calles citadinas, a las que no es invitado el alcalde Hipólito Rodríguez, acaso para que no eche la sal de su incompetencia sobre la humanidad de la floreciente abogada que busca asegurar el futuro de toda su parentela.
Para colmo, la publicidad de estos actos es partidista, lo que ha valido para que el priista promueva su queja ante el OPLE, pues asegura que con ello la aspirante a alcaldesa de la capital viola el artículo 134 de la Constitución federal, y al artículo 79 párrafo segundo de la Constitución Política de Veracruz, poniendo en riesgo la imparcialidad y la equidad de la contienda del próximo año.
Piden piso parejo mientras dan de saltos
Aquí comentamos cómo algunos diputados locales dan pataletas por la prohibición de repartir despensas del DIF para promoverse y por haber sido sancionados por el Instituto Nacional Electoral (INE), que les ha exigido abstenerse de entregar insumos médicos o despensas, con el pretexto del Covid-19, cuando en realidad buscan hacerse promoción política.
Y hablamos de una de las más inconsolables, la diputada Magaly Armenta Oliveros, quien exigió en medios que también se castigue a los panistas porque –hágame usted el favor– “queremos piso parejo”.
Según Magaly, diputada local por el distrito de Cosoleacaque, se han interpuesto quejas por la promoción que llevan a cabo la senadora Indira Rosales San Román, la diputada federal Mariana Dunyasca, y los diputados locales Marijose Gamboa, Bingen Rementería, Omar Miranda y Sergio “El Bailador” Hernández, todos ellos del PAN.
Y tiene razón, aunque no sé si hubiera hecho la denuncia si no le hubieran amarrado las manos.
El caso de San Rafael: la familia está de acuerdo
Muchos personajes de la oposición también están haciendo abierto proselitismo con miras a los próximos comicios locales y federales, en particular quienes quieren gobernar sus municipios.
Ya hablamos del culmen del nepotismo guinda, Rosalinda Galindo, quien tiene a media familia en las nóminas oficiales, pero hay otros.
Vea usted el caso del municipio de San Rafael, donde se avizora la continuidad del poder en manos de una sola familia, los Lagunes, bajo las siglas del PRD.
El bisoño alcalde Luis Daniel Lagunes Marín ya tiene tiempo que le está regresando a su padre, el exalcalde Héctor Lagunes Reyes, la cortesía de promoverlo para entregarle la estafeta tras su primer mandato.
En 2018, el exalcalde (quien llegó bajo las siglas del PRD, pero con todo el apoyo del exgobernador Fidel Herrera Beltrán, y la traición de la priista Lorena Piñón, hoy Secretaria de Gestión Social del CEN del PRI) promovió a su hijo en las congregaciones más numerosas y donde se centra el poder movilizador del voto por parte de la familia, y lo convirtió en candidato de la coalición PAN-PRD. Y lo logró.
Gracias a ello, Héctor Lagunes Reyes escondió el escándalo de su salida, según medios de comunicación locales, como Diario Martinense (hoy El Heraldo de Martínez), en cuyas páginas se promovió como candidato pero, tras su triunfo, no quiso mantener y menos incrementar los montos por convenio de publicidad que había prodigado el priista Rogelio Capitaine, según dicen las malas lenguas.
En una nota de este medio de información, de fecha 14 de octubre de 2018, Héctor Lagunes “aprovechó hasta el último día de su gobierno para saquear el ayuntamiento, y de paso heredar deudas y pagos pendientes con el Sistema de Administración Tributaria”.
Añadía que el Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2017 entregado por el Orfis al Congreso local “advierte más de una veintena de observaciones administrativas, financieras y técnicas en la gestión del ex alcalde Héctor Lagunes Reyes. Entre ellas, resalta la observación número FM-211/2017/004 ADM, en la cual se advierte que el último día de su administración, es decir el 31 de diciembre de 2017, aprovechó para dar de baja y llevarse vehículos oficiales, herramientas, equipos de radio comunicación y hasta las llantas de repuesto”.
Y detallaba: “Los bienes que se llevó Héctor Lagunes Reyes en su último día como alcalde fueron equipos de radio comunicación por un valor de 52 mil 456 pesos; equipo audiovisual y fotográfico por un valor de 61 mil 404 pesos; equipo de cómputo por un valor de 180 mil 920 pesos; equipo de transporte por un valor de 169 mil pesos; herramientas por un valor de 76 mil pesos; y mobiliario y equipo de oficina por un valor de 38 mil 222 pesos.”
Lo más fuerte es que el ayuntamiento de San Rafael retuvo pero no enteró a la autoridad competente el Impuesto Sobre la Renta retenido a empleados, por concepto de salarios que, solo en 2017, fue de un superior a los 2 millones 700 mil pesos, aunque ya llevaba arrastrando una deuda con el SAT por 5 millones 820 mil pesos.
Esperemos que su hijo Luis Daniel Lagunes haya cubierto esos faltantes, pero si no fue así, don Héctor Lagunes podrá hacerlo en caso de ganar los comicios de 2021 para regresar al Palacio Municipal ubicado en la carretera a Nautla, como todos pensamos que ocurrirá.
Por lo pronto, muchas comunidades reciben opíparas despensas, con cargo al erario municipal, siempre y cuando los solicitantes llamen por teléfono para solicitarlas y, por supuesto, entreguen sus datos al municipio.
¿Y saben ustedes quién lleva estas despensas a sus destinatarios, sin siquiera cobrar remuneración alguna al ayuntamiento? Pues nada menos que don Héctor Lagunes, quien con ello tiene oportunidad de dialogar con los beneficiarios, a quienes les recordará sus buenos oficios en su próxima campaña rumbo a las elecciones del 6 de junio de 2021.
Impartición de justicia, a modo
Este jueves, habitantes de Chicontepec habrían puesto en tela de juicio la manera en que el actual gobierno imparte justicia y, en todo caso, cómo se las gasta el impresentable matrimonio de María Guadalupe Argüelles, célebre por contratar a su hija siendo secretaria del Trabajo y disponer un vehículo oficial para que se movilizara su hijo adolescente, y su esposo Gonzalo Vicencio Flores, candidato a la dirigencia estatal de Morena.
Los que se apostaron frente a la sede del Poder Judicial en Xalapa exigieron a la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, la abúlica magistrada Sofía Martínez Huerta, dejar de comportarse de manera facciosa para favorecer a la exfuncionaria estatal en un proceso de la pareja Argüelles-Vicencio contra el exdiputado local del PVEM, Manuel Francisco Martínez Martínez, vinculado a proceso el 16 de enero de 2019 por los presuntos delitos de secuestro agravado, lesiones dolosas calificadas, daños dolosos y robo agravado,.
Según los manifestantes, la presidenta del TSJE ha favorecido a Guadalupe Argüelles en su denuncia contra Manuel Francisco Martínez por los delitos presuntamente cometidos durante el proceso electoral del 2017, cuando el entonces candidato a la alcaldía de Chicontepec, Gonzalo Vicencio Flores, y su esposa, María Guadalupe Argüelles, supuestamente sufrieron un secuestro tras ir a votar.
Y es que, según los manifestantes, las influencias son claras: en el periodo en que estuvo al frente de la STPSyP, Guadalupe Argüelles nombró a Guillermo Benjamín Díaz Martínez, hijo de la actual presidenta del TSJ, como titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz.
El entonces diputado local del PVEM, Manuel Francisco Martínez Martínez, hoy sigue preso en el penal de Pacho Viejo.
Frases sin disfraces:
“Presidente Trump: Como en los mejores tiempos de nuestras relaciones políticas, durante mi mandato como presidente de México, en vez de agravios hacia mi persona y, lo que estimo más importante, hacia mi país, hemos recibido de usted, comprensión y respeto”. Andrés Manuel López Obrador
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