*Palabra de Malinche.
/ Escrito por Cirenia Celestino Ortega./
Este próximo 17 de octubre se conmemoran los 71 años del voto de las mujeres. Sin embargo, la lucha por la adquisición de derechos políticos de las mujeres en México tiene al menos unos 154 años.
En 1870, Rita Cetina Gutiérrez, creó la asociación, revista y escuela feminista Siempre-viva, revista en la que destacaba el papel de las mujeres en la sociedad y señalaba los obstáculos que encontraban para ejercer su ciudadanía.
Unos 18 años después, en 1888, Laureana Wrigth de Kleinhans en su semanario Violetas del Anáhuac, solicitó el sufragio para las mujeres educadas y la igualdad de derechos al considerar que debía ser “la primera garantía para conseguir la libertad y la igualdad que necesita toda sociedad estable”.
Aunque en pleno Porfiriato, la prensa tenía prohibido emitir cualquier tipo de opinión en contra del gobierno y el estilo de vida excluía a las mujeres del ámbito político con un discurso que las obligaba a las tareas del hogar y la maternidad. Sin embargo, en las primeras dos décadas del siglo XX, las políticas, escritoras y periodistas, se reunían en clubes políticos, fundaban medios de comunicación y socializaban la exigencia del voto para cimentar los derechos que se lograrían más tarde.
Las mujeres se organizaban en distintas agrupaciones que defendían el voto. Mujeres como Carmen Serdán, se sumarían a la campaña antireeleccionista. Muchas otras que activamente participaría en la política como Hermila Galindo quien además de publicar la revista La mujer moderna, fue estratégica en su discurso en ausencia en el Primer y el Segundo Congresos Feministas de Yucatán y su petición al Congreso Constituyente de Querétaro para redactar a nueva Constitución del país.
Aunque el Artículo 34 se redactó en genérico masculino, Hermila lanzó su candidatura para diputada por el 5° distrito de la Ciudad de México en 1918; aun sabiendo que el Colegio Electoral no la reconocería.
Elvia Carrillo Puerto, líder socialista que luchó por la reivindicación de los derechos políticos de las mujeres, fue la primera candidata electa al Congreso de Yucatán, cargo que desempeñó por dos años pero que se vio obligada a abandonar por amenazas de muerte. Convirtiéndose en el primer caso de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Tras décadas de movilización e incidencia, fue en 1953 que finalmente se publicaba en el Diario Oficial, el derecho a votar ser votadas en cargos de elección popular.
Comenzamos a tener “las primeras”. Alicia Arellano Tapia y María Lavalle Urbina, se convirtieron en las primeras senadoras de México representando a Sonora y Campeche. Lavalle Urbina, llegó a ser presidenta del Senado.
Griselda Álvarez Ponce de León, la primera mujer gobernadora de Colima. Rosario Ibarra fue la primera candidata presidencial en 1982; Ifigenia Martínez Hernández, se convirtió en la primera senadora de oposición (1988) y con una gran trayectoria en 2024, entregó la banda presidencial a la primera mujer presidenta; y muchas otras que abrirían el camino para crear normas que obligarán a los partidos políticos a postular cada vez más mujeres.
El 71 aniversario del voto nos encuentra en un contexto novedoso: con la primera mujer presidenta. El sueño de las sufragistas se logró, pero nos mantenemos más vigilantes que nunca porque el reto ahora es mayor.
En la década de los 90 del siglo XX, se comenzaron a impulsar las cuotas de género. Para 2002 con Jacqueline Peschard en el Consejo General del IFE, se logró establecer no más del 70% de candidatos propietarios del mismo género.
Para 2007, aumentaría la cuota a 60% para, en 2014, la reforma del artículo 41 de la Constitución, elevaría a rango constitucional, la garantía de la paridad entre mujeres y hombres, y se crearía el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México. Si bien se cerró la brecha de género con la llegada de la paridad, es necesario transformar el sesgo con el que se ejerce y con el que se observa.
Erradicar el sesgo sexista por el que creemos que por ser mujer gobernará diferente, de manera “más femenina” dicen algunos. Eliminar las brechas en el reconocimiento de las que ya llegaron para que su liderazgo sea respetado.
Este nuevo contexto nos plantea nuevos retos, quiero abordar esta vez tres de ellos.
- Aunque existen diferentes sentencias del Tribunal Electoral que obligan al uso del lenguaje incluyente como medida para favorecer la igualdad, la normatividad sigue utilizando el masculino genérico. El lenguaje es político y no es una tarea menor nombrar en la ley a las mujeres.
- La Ley 3 de 3, que determina que no pueden ser candidatos que hayan sido denunciados por violencia familiar, delitos sexuales o deudores alimenticios, debe reconocerse en el ejercicio de los cargos. Por ejemplo, el actual presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, ha sido denunciado por diferentes expresiones de violencia política en razón de género sin que esto le impida estar al frente de la cámara alta; o bien Jorge Islas López nuevo coordinador General de la Secretaría de Relaciones Exteriores denunciado por acoso y otras violencias.
- En 2012, el IFE aprobó las modificaciones al Reglamento de Fiscalización, que señala que el 2% del gasto ordinario de los partidos y organizaciones políticas deben usarse para la capacitación, promoción y desarrollo del liderazgo político de las mujeres que en 2014 se incrementó al 3 por ciento y desde entonces permanece inmóvil y ya no es suficiente, es necesario seguir formando políticamente a las mujeres para que su presencia también transforme las condiciones de vida de todas las mujeres al implementar políticas con enfoque de derechos para hacer honor a aquellas ancestras que abrieron el camino.
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