Flavia Freidenberg.
Dos datos en clave de género nos dejan las elecciones del pasado 6 de junio: más gobernadoras electas en todo el país y más alcaldesas en la Ciudad de México.
Aún cuando todavía queda por ver los resultados definitivos para la Cámara de Diputados a nivel federal y de cada uno de los 30 congresos estatales, nunca antes se habían visto tantas mujeres en las papeletas ni tampoco había tantas posibilidades de tantos Congresos con integración paritaria. Más de 71.465 mujeres frente a 67.347 hombres compitieron por un cargo, desde una gubernatura, diputación federal y local, alcaldía o presidencia municipal hasta cargos en ayuntamientos (INE 2021).
Los resultados apuntan a que habrá 7 mujeres gobernadoras. A la que actualmente está gobernando Ciudad de México (Claudia Sheinbaum), se le sumarían en Campeche (Layda Sansores), Colima (Indira Vizcaíno), Baja California (María del Pilar Avila), Chihuahua (María Eugenia Campos), Guerrero (Evelyn Salgado) y Tlaxcala (Lorena Cuellar). De ellas, salvo en Chihuahua donde ganó el PAN, todas las demás pertenecen a MORENA.
También en la Ciudad de México el cambio de poder entre las diversas fuerzas políticas estuvo acompañado por un avance de mujeres alcaldesas, pasando de cuatro a ocho y gobernando en Álvaro Obregón (Lía Limón García); Azcapotzalco (Margarita Saldaña Hernández); Cuauhtémoc (Sandra Xantall Cuevas), Milpa Alta (Judith Vanegas Tapia), Tláhuac (Araceli Berenice Hernández Calderón); Tlalpan (Alfa Eliana González Magallanes); Venustiano Carranza (Evelyn Parra Álvarez) y en Iztapalapa (la reelección de Clara Brugada Molina). De esas 8 alcaldías, 4 corresponden a MORENA y el resto a la oposición.
El hecho de que tantas mujeres pudieran ser candidatas y luego electas es histórico.
Esto es resultado del esfuerzo conjunto de actores críticos que integraron una coalición [informal] amigable al género, con la participación activa de mujeres de los partidos, autoridades electorales, el movimiento amplio de mujeres, periodistas y muchas activistas feministas convencidas de la necesidad de impulsar (y controlar la implementación) de una serie de reformas electorales que llevaron a la inclusión de la paridad de género a los cargos de representación en la Constitución en 2014; a la introducción de medidas afirmativas que refuerzan la inclusión y a la exigencia de lo que se ha denominado como “paridad en todo” en la reforma constitucional de junio de 2019.
