*AsiLegal califica de histórico programa piloto para que voten personas privadas de la libertad, pero cuestiona su efectividad.
/Elda Montiel/
SemMéxico, Cd. de México, 22 de mayo del 2021.- Por primera vez en México 148 mujeres y 801 hombres en prisión preventiva en los Centros Penitenciarios de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán ejercieron su derecho al voto mediante modalidad anticipada.
Es decir, votaron en sobres cerrados personalizados y sus boletas serán resguardadas y finalmente computarizadas para contabilizarse durante la jornada electoral del 6 de junio.
Este programa piloto realizado por el Instituto Nacional Electoral se llevó a cabo los días 17, 18 y 19 de mayo.
AsiLegal, la organización que defiende los derechos humanos de las mujeres, indígenas y personas de la comunidad LGBTIII privadas de su libertad, reconoce que en México aun prevalecen fuertes estigmas y prejuicios contra las personas en prisión por lo que considera un hecho histórico que se reconozca que no existe justificación alguna para negarles este derecho político electoral y es un avance significativo hacia la efectiva reinserción social.
Recuerda que derivado de la sentencia de 2018 donde la Sala Superior del Tribunal Electoral, encontró responsable al Estado mexicano de no contar con los mecanismos necesarios para que las personas privadas de libertad, en prisión preventiva, tuvieran derecho al sufragio, este lunes 17 de mayo el Instituto Nacional de Electoral (INE) comenzó la jornada electoral en cinco centros penitenciarios del país mediante la modalidad anticipada.
Sin embargo, cuestiona que en enero del 2021 el INE al dar a conocer los detalles del programa piloto informó que serían 2 mil 699 personas privadas de libertad en prisión preventiva las seleccionadas para participar y finalmente solo fueron 949 personas, por lo que les queda la duda de cómo fueron las estrategias de difusión al interior de los Centros Penitenciarios.
AsiLegal le preocupa que el INE sólo tiene tres años para garantizar que más de 217 mil personas en prisión preventiva puedan ejercer su derecho a votar en el proceso electoral del 2024.
En este contexto tiene que garantizar que el sistema penitenciario y las autoridades corresponsables mejoren sus mecanismos de articulación para informar, mediante campañas de concientización dirigidas a las personas privadas de libertad y a sus familias, sobre la importancia de hacer uso de este derecho como vía para hacer exigibles el resto de sus derechos.
Considera el organismo defensor que la población penitenciaria continúa siendo invisible, ya que el INE no ha realizado ningún exhorto a las y los candidatos para integrar en sus campañas a esta población en situación de vulnerabilidad. Desconocen si hay propuestas de políticas públicas enfocadas a esta población o a sus familiares.
