*Ante asuntos internos deberán esclarecer las detenciones y las lesiones denunciadas durante el operativo del 11 de octubre.
15.10.2026.,, Guadalajara Jal.- Diecisiete policías estatales quedaron bajo investigación por su presunta responsabilidad en el uso excesivo de la fuerza durante una protesta ciudadana contra la mala calidad del agua que llega a los hogares de la zona metropolitana de Guadalajara. La movilización, realizada el domingo 11 de octubre frente a Casa Jalisco, terminó con personas lesionadas y 39 detenidos, lo que abrió cuestionamientos sobre la actuación de los cuerpos de seguridad y el respeto al derecho a la manifestación.
El secretario de Seguridad Pública de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, informó este jueves que los elementos fueron identificados después de examinar más de 200 grabaciones y recabar información sobre el despliegue policial. Los agentes fueron citados a comparecer ante Asuntos Internos para explicar su intervención y determinar si incurrieron en faltas a los protocolos.
De acuerdo con el funcionario, los registros audiovisuales y las comparecencias permitieron detectar posibles actuaciones desproporcionadas. La investigación busca establecer la responsabilidad individual de los involucrados y definir las sanciones que correspondan, las cuales podrían ir desde una amonestación hasta la separación del servicio, dependiendo de la gravedad de las conductas acreditadas.
El procedimiento se produce después de que imágenes de la movilización mostraran forcejeos y agresiones contra personas que participaban en la protesta. Durante el operativo se reportó el empleo de gas lacrimógeno, chorros de agua a presión y dispositivos aturdidores. Manifestantes y organizaciones civiles también denunciaron golpes, detenciones injustificadas y dificultades para conocer la situación de las personas retenidas.
La intervención policial generó una controversia que trascendió el ámbito de la seguridad pública. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció públicamente que durante el operativo se cometieron errores y calificó de injustas algunas de las detenciones. El 13 de octubre anunció la liberación de las 39 personas arrestadas durante la manifestación, incluidas siete que habían sido trasladadas al penal de Puente Grande.
Las denuncias de los detenidos y de sus familiares apuntaron a presuntas agresiones físicas y psicológicas durante las retenciones. El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) documentó señalamientos sobre el trato recibido por los manifestantes y cuestionó las condiciones en que se realizaron las detenciones. Estos testimonios deberán contrastarse con los registros oficiales y las investigaciones correspondientes para determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
La protesta tuvo como origen las quejas ciudadanas por el suministro de agua turbia, con olores y coloraciones anormales en distintas colonias de la zona metropolitana. El problema ha provocado inconformidad entre habitantes que demandan información sobre la calidad del líquido, medidas para garantizar que sea apto para el consumo y soluciones a las fallas en el abastecimiento.
La investigación contra los 17 agentes representa una primera revisión de la actuación policial, pero no constituye por sí misma una determinación de culpabilidad. Para esclarecer los hechos también será necesario establecer quiénes dieron las instrucciones durante el despliegue, qué criterios se utilizaron para detener a los participantes y si se respetaron los procedimientos legales y los límites aplicables al uso de la fuerza.
El caso mantiene abiertas dos exigencias ciudadanas: que se garantice el acceso a agua de calidad y que se investiguen las denuncias de violencia durante una movilización convocada precisamente para reclamar ese servicio. La resolución de ambos problemas dependerá de las medidas que adopten las autoridades y de los resultados verificables de las investigaciones.