/Leticia Robles de la Rosa/
Envueltos en el descrédito, porque la insistencia de Morena de incidir en sus decisiones para inclinar la balanza judicial a su favor, en caso de que sus pronósticos de carro completo no se concreten, el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) serán, después de los ciudadanos, los protagonistas del año electoral más importante para México, no sólo por el número de puestos de elección popular que se definen, sino también por la polarización que registra la sociedad mexicana.
En 2024, la Sala Superior del TEPJF tendrá que decidir las miles de impugnaciones que se prevén como parte de la contienda por 20 mil 375 puestos de elección popular, de los cuales, 629 son federales, incluida la Presidencia de la República, y lo hará con tres de sus integrantes: Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, criticados por su decisión de acorralar a Reyes Rodríguez Mondragón a renunciar al cargo de presidente del Tribunal.
Por supuesto que, como en todas las historias, existen dos versiones.
Dentro del Tribunal relatan con claridad las razones, que van del ámbito personal al terreno de la presión política, desde actores ajenos al propio Tribunal que intentaron influir en decisiones judiciales para beneficiar a “clientes” de despachos privados relacionados con un exsenador del PAN, que presumió cercanía con Reyes Rodríguez.
Sin embargo, serán los hechos los que muestren cada día si es falso que el golpe interno contra Reyes Rodríguez fue para cerrar el paso a esas intenciones de influir en las decisiones de la Sala Superior para beneficios económicos de grupos políticos o si el interés del exministro de la Corte, Arturo Zaldívar y el exmagistrado electoral, Salvador Nava, por incidir en las decisiones de la Sala Superior para beneficiar a Morena fue la razón fundamental.
Refiero a la polarización social, porque como nunca cada decisión de la Sala Superior será observada y analizada desde la óptica de que hay factores externos que intentan controlarlas.
Y tan es así que en la última sesión de la Sala Superior preocupó a diversos especialistas que Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata dieran la razón a la morenista Delfina Gómez de acusar de violencia política en razón de género a la diputada priista Melissa Estefanía Vargas. Los magistrados aliados valoraron que las expresiones de la diputada federal exceden los límites de la libertad de expresión, en medio de un debate que, para diversos observadores, pareció una serie de razonamientos encaminados a inhibir la crítica hacia las candidatas del oficialismo.
¿Por qué hoy se observa que una resolución así beneficia a una de las partes en disputa electoral en 2024? Porque la polarización inunda la visión e impide aceptar que los magistrados pueden tener la razón y eso tiene que ser una alerta para los magistrados electorales: apegarse a los criterios constitucionales, sin incurrir en juegos políticos será la única manera de mostrar que sus decisiones no responden a una u otra presión, sino a un criterio estrictamente constitucional.
Y lo mismo ocurre ahora con el INE. La filia morenista de su presidenta, Guadalupe Taddei y su decisión de nombrar filomorenistas en puestos clave de la operatividad del proceso electoral genera mucha preocupación entre especialistas, políticos y activistas de la promoción de los mecanismos democráticos sin filias partidistas.
Justamente por eso surgió el INE, por el hartazgo de una sociedad que veía cómo un gobierno controlaba las instancias electorales y se calificaba a sí mismo y a sus candidatos para validarlos, sin que el voto de los ciudadanos le importara más allá de darle validez a sus triunfos.
Y justo ese es el reto de ambas instituciones: respetar la voluntad popular en las urnas; esa voluntad popular es a la que le deben su joven existencia.
