*
/Gretchen Kuhner * /
El 2025 fue un año sui generis en materia migratoria en México y las Américas. Por un lado, los grandes flujos de personas provenientes de Sudamérica y Centroamérica hacia México y Estados Unidos disminuyeron de forma drástica. En la frontera sur estadounidense, las aprehensiones mensuales cayeron de más de 200 mil en 2024 a alrededor de 8 mil en 2025. En México, aunque el Instituto Nacional de Migración continuó realizando revisiones migratorias en carreteras mediante retenes y volantas —en coordinación con la Guardia Nacional—, las detenciones se redujeron de más de un millón en 2024 a menos de 150 mil en 2025.
Sin embargo, esta reducción numérica no significa menos sufrimiento. Al interior de México, alrededor de 200 mil personas quedaron varadas tras la cancelación del programa de citas CBP One el 20 de enero, por decisión de Donald Trump. En 2025, cerca de 70 mil personas solicitaron asilo en territorio mexicano. Se registró un movimiento interno significativo: del sur hacia la Ciudad de México, Querétaro y Guadalajara, y desde la frontera norte hacia Monterrey, Hermosillo y Saltillo. La razón es clara: la mayoría de las personas migrantes están intentando ahora (sobre)vivir en México. Al mismo tiempo, algunas —no sabemos cuántas— han optado por regresar a sus países de origen en Centro y Sudamérica, por vía aérea o terrestre.
Estos nuevos patrones migratorios se explican, en gran medida, por la política de terror desplegada por el gobierno de Estados Unidos contra las personas extranjeras, sin importar si se trata de estudiantes con visa, residentes permanentes, personas indocumentadas, refugiadas o con necesidades de protección internacional. Donald Trump cerró la frontera mediante órdenes ejecutivas y reinterpretaciones arbitrarias de la ley, en abierta violación a la legislación estadounidense. Paralelamente, su gobierno ha difundido imágenes y narrativas de odio, discriminación, miedo y violencia que permean comunidades enteras, haciendo prácticamente impensable querer llegar a ese país. Muchas de las personas que ya estaban ahí comenzaron incluso a considerar la posibilidad de irse. El objetivo ha sido claro: generar caos, distraer a su base de problemas apremiantes, criminalizar a las personas migrantes —y a quienes las defienden— y causar daño a quien quede atrapada en el camino.
Para quienes fueron detenidas por CBP o ICE en 2025, la experiencia fue una pesadilla. Agentes migratorios mintieron, presionaron y maltrataron a las personas; las trasladaron de un centro de detención a otro, encadenadas, impidiendo que sus familiares pudieran localizarlas o brindarles apoyo legal. Como nos dijo una mujer: “No sé si sepas, pero en Estados Unidos hay un estado de excepción en el ámbito migratorio ahora; no están aplicando la ley”. Tenía razón. Tras vivir más de 30 años en Texas y contar con una resolución judicial de protección —otorgada por el riesgo de tortura si era devuelta a su país de origen—, ICE la deportó ilegalmente a México, sin debido proceso, sin acceso a una abogada y sin posibilidad de avisar a su familia.
No es el tamaño de las cifras lo que estremece, sino el grado de crueldad. En 2025, Estados Unidos deportó aproximadamente a 160 mil mexicanas y mexicanos —menos que en años anteriores—, pero se trata de personas que llevaban décadas viviendo allá, con empleos, familias y comunidades. Fueron arrancadas de sus vidas, encadenadas, trasladadas de un lugar a otro, hasta ser subidas a un avión con destino a Tapachula o Villahermosa, ciudades que muchas jamás habían pisado. Desde ahí, debieron subir nuevamente a un autobús para buscar ayuda en alguna otra parte del país.
El IMUMI, junto con organizaciones en Estados Unidos, ha documentado cómo el encadenamiento y los malos tratos han provocado abortos en mujeres deportadas. Hemos visto mujeres sangrando durante y después de la deportación, mientras perdían contacto con sus hijas e hijos que permanecen en Estados Unidos. Esto no es una política de deportación de personas criminales; es una política deliberada de violencia contra personas vulnerables.
Mientras México recibe a sus connacionales, también acepta a personas de siete nacionalidades —Cuba, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua y Venezuela— en el marco de un acuerdo bilateral no público, que no es nuevo pero cuyos efectos hoy son particularmente graves. En 2025, más de 11,500 personas de estas nacionalidades fueron deportadas a México, trasladadas en autobuses durante 30 a 40 horas hasta Villahermosa. Ahí, las personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela son dejadas en libertad en la calle —en una zona industrial, fuera de la estación migratoria— sin documentos migratorios ni información para sobrevivir en una ciudad desconocida. En contraste, las personas de El Salvador, Guatemala y Honduras permanecen privadas de la libertad en la estación migratoria de Villahermosa hasta ser deportadas por tierra o avión a sus países.
Durante los 12 viajes que realizamos a Acayucan y Villahermosa, así como en las 24 visitas a la estación migratoria de la Ciudad de México, documentamos historias absurdas y profundamente trágicas. Una mujer venezolana, deportada de Estados Unidos y separada de su esposo —quien fue enviado a Venezuela—, intentó llegar a la Ciudad de México para tomar un vuelo de regreso a su país. En el camino fue secuestrada durante más de un mes y víctima de violencia sexual. Su único deseo es volver a casa.
También hablamos con personas que contaban con protección en Estados Unidos y jamás imaginaron terminar en México: una joven de 20 años, angloparlante, preocupada por salir de detención antes de Thanksgiving, su festividad favorita; o un hombre que creció creyendo que era ciudadano estadounidense, después de que el propio gobierno lo sacara de Haití junto con su padre cuando tenía cuatro años. Vimos a veteranos de guerra reconocidos por su servicio a Estados Unidos y a hombres cubanos que llevaban más de 50 años viviendo en Miami, ahora sentados, en shock, bajo el sol abrasador de Tabasco. Nadie los recibió con abrazos, documentos o apoyo para reencontrarse con sus familias. Fueron abandonados a su suerte. ¿Qué espera el gobierno mexicano? ¿Que simplemente desaparezcan?.
Una mujer de la comunidad LGBTIQ+, que había vivido más de una década en Estados Unidos, nos dijo: “Gané el CAT… y me deportaron a México, y aquí me van a deportar a mi país”. Se refería a la Convención contra la Tortura: un juez había determinado que no podía ser devuelta a su país de origen porque enfrentaba un riesgo real de tortura. “Ahora estoy escondida aquí, pero no sé qué hacer. Nada más quiero vivir, ser feliz, y ya”.
Lo que estamos presenciando no es una crisis migratoria, sino una crisis de derechos humanos provocada deliberadamente por decisiones políticas. La disminución de números no equivale a una disminución del daño; al contrario, hoy el castigo es más selectivo, más cruel y más silencioso. México no puede seguir siendo el depósito humano de políticas ilegales y violentas de Estados Unidos. Mientras no se coloque la dignidad, la legalidad y la vida en el centro de las políticas migratorias, seguiremos documentando historias de abandono, tortura, separación y pérdida. Las mujeres migrantes y sus familias no buscan privilegios: buscan, simplemente, la posibilidad de vivir sin miedo.
*Directora, Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI).
