2220

Alma Ciudadana.

Mtra. Alma Delia Hernández Sánchez.

“La diferencia entre lo sutil y lo vulgar no está más que en tu ignorancia”. Rabindranath Tagore

Cifras de la última actualización de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicada por el INEGI, indican que 75.9 % de las mujeres, de la muestra tomada para la encuesta, se sienten inseguras en la ciudad en donde radican. Una encuesta que arroja además, como dato muy curioso el hecho de que más de la mitad de la población en zonas urbanas se informa a través de Facebook, canal en donde pululan todo tipo de noticias, falsas o no.

Pero además de inseguras, el último Informe Global de Brecha de Género (2018) señala que el empoderamiento económico y político de las mujeres, que sigue siendo una prioridad para lograr reducir la brecha de género a lo largo y ancho del mundo tendrá que esperar algo así como entre 202 y 107 años respectivamente; es decir, en algunos casos dichos cambios no los verán ni nuestras tataranietas.
Aunque no necesariamente debe ser así.

Esto no sólo es un tema de percepción, es real. Ocurre y tiene consecuencias económicas en los diversos países del mundo. La OCDE, estima que en el mundo la discriminación por motivos de género acarrea pérdidas de ingresos por el orden de los 6 billones de dólares americanos, algo así como 7.5% del PIB mundial; en otras palabras, una cantidad monstruosa de dinero (Informe Global 2019 del Índice de Instituciones Sociales e Igualdad de Género, SIGI).
En lo que atañe a nuestro país, el Poder Judicial de la Federación ya ha establecido un criterio jurídico a través del cual señala que, en el tema de violencia y discriminación contra la mujer, el sistema de justicia debe ser capaz de reparar el daño realizado por parte de las autoridades y de impulsar un cambio cultura; o dicho de otro modo: ante la violencia de género el estado tiene el deber de reparar, en la medida de lo posible, los daños causados.

Lo malo es que no todas las autoridades de este país piensan como piensan los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y no es necesario irnos a Oaxaca, Chiapas, Puebla, Baja California u otro estado, pues tenemos los ejemplos en casa.
Para demostrarlo es suficiente precisar algunos apuntes:

De acuerdo a la respuesta que dio el ORFIS a una solicitud de la diputada local de Coatzacoalcos Mónica Robles, 105 municipios del estado tienen Institutos Municipales de la Mujer (IMM) que no fueron creados conforme a la Ley Orgánica del Municipio Libre, dentro de los ayuntamientos omisos ha de todo tipo y dimensiones, desde unos muy industriales como Poza Rica hasta los más lejanos a la capital como Uxpanapa. Sólo 85 IMM cuentan con oficinas propias, mientras que sólo 110 de ellos cuentan con mobiliario y equipo para poder cumplir con sus funciones. Sólo 56 de ellos tienen presupuestos etiquetados para su operación, la capital del Estado no está entre ellos.

En lo que respecta a la administración pública estatal, en algunas dependencias públicas del estado de Veracruz, a las unidades de género no se les da la seriedad debida y sólo se les utiliza para exposiciones y eventos vistosos que terminan en la galería fotográfica de la dependencia y adornados con un discurso progresista sin acción sustancial que la soporte. Como dicen en el pueblo: sólo las utilizan para lavarse la cara.

De 19 integrantes del gabinete estatal, sólo 6 son mujeres; pero el protagonismo político del estado está en manos de los hombres. Situación que se repite en los otros dos poderes. La misma suerte ha sufrido nuestra fiscal, la cual ha sido relegada a las funciones de su encargo y, por alguna razón, no ha estado tomando el mando de la vocería del órgano autónomo que representa, sino que esta ha sido asumida por otros personajes del gobierno centralizado.

Son apuntes que incomodan, pero que están ahí y es pertinente atender. Como ya se ha dicho anteriormente, no se trata de cerrar una brecha abriendo otra, sino de colaboración y empatía con lo que padecemos miles de mujeres veracruzanas.

No deben confundirnos por exigir legítimamente nuestros derechos, a nosotras nos gusta ser madres, hijas mimadas, esposas consentidoras y mujeres que procuran a la familia, nos gusta ser hogareñas, cocinar y ser femeninas, eso es parte de nuestro ser. No se trata, pues, de absolutos ni de radicalismos, se trata de igualdad de oportunidades, de ganar lo mismo si trabajamos lo mismo, de ser incluidas en los temas importantes, de que se nos permita participar con nuestra particular manera de ver el mundo y que se nos respete en nuestra condición de mujer.

No se busca la lucha entre hombres y mujeres como un fenómeno que venga a partir el mundo en dos, lo que requerimos es que se impulse la competitividad, la empatía, las buenas prácticas y una cultura de respeto en la que quepamos todas y todos y sin miedo a ser violentadas o violentados en nuestros derechos.

Según el BID estamos a 108 años de un verdadero empoderamiento político de la mujer y a 202 del económico.
Es triste y hasta inverosímil, pero como lo dije previamente: está ocurriendo y es real, basta que miremos fijamente en nuestra localidad, en el trabajo, la escuela o entorno, la violencia y discriminación por género sigue haciéndonos mucho daño.

Todos podemos poner algo de nuestra parte, hasta quien piensa que lo mejor del mundo es por y para los machos. Usted particularmente puede hacer más que todos los demás al guardar silencio y respetar, si es posible de aquí al 2220, en lo que se cierra la brecha. Tod@s se lo agradeceremos.

Mtra. Alma Delia Hernández Sánchez
Integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz.

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