*Transmutaciones.
/ Escrito por Lucía Melgar Palacios */
En memoria de Sergio González Rodríguez
En 2002 Sergio González Rodríguez escribió acerca de “una urbe en la que hubiera libertad para violar, torturar y matar mujeres jóvenes, los policías encubrieran a los asesinos o fueran sus cómplices, maquinaran la culpabilidad de gente inocente y amenazaran o atentaran contra la vida de quienes se atreviesen a denunciarlos. Los culpables estarían libres y el gobierno cerraría los ojos. Un juego siniestro de la barbarie de género. Sería una historia de horror perfecta, excepto por un rasgo: es real” (Letras Libres).
El autor de Huesos en el desierto, se refería entonces a Ciudad Juárez, donde el hallazgo de ocho cadáveres de mujeres había estremecido a la sociedad en 2001 y donde había sido desaparecida, torturada sexualmente y asesinada Lilia Alejandra García Andrade, adolescente de 17 años, quien trabajaba en una maquiladora.
24 años después, este último caso, todavía impune, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos gracias a la persistente búsqueda de justicia de su madre, Norma Andrade.
En la audiencia del 26 de marzo, ante la CorteIDH, Andrade dio su testimonio acerca del crimen que rompió la vida familiar y la obligó a cambiar su proyecto de vida. Recordó que Lilia Alejandra era una chica alegre, que trabajaba y estudiaba la preparatoria y quería ser periodista.
Su desaparición el 14 de febrero de 2001 enfrentó a su familia a un sistema negligente que no permitió que la denuncia se hiciera de inmediato, ni la buscó enseguida y tampoco respondió con debida diligencia cuando la policía recibió una denuncia de que unos individuos estaban golpeando a una joven semidesnuda en la calle. Así el 21 de febrero, el cadáver lacerado de Liliana Alejandra fue encontrado cerca del lugar donde la denunciante la había visto.
Este feminicidio dejó huérfanos a dos niños, incidió en la muerte por cáncer del abuelo de éstos y convirtió a Norma, maestra de escuela, en defensora de los derechos humanos. Su búsqueda de justicia ha sido infructuosa. Las anomalías, fallas en la investigación, negligencia criminal por parte del Estado, observadas desde el inicio del fenómeno feminicida en Ciudad Juárez, constituyen hoy un patrón de injusticia. Como señalaron sus abogados, a 16 años del Campo Algodonero (CoIDH, 2009) la justicia para la familia de Norma y para miles de niñas y mujeres asesinadas en México sigue pendiente.
Además de evidenciar las graves violaciones a los derechos humanos en este caso, las intervenciones de Norma y sus abogados develaron el brutal impacto del feminicidio en la vida familiar, aspecto que el Estado suele minimizar, con tal de evadir sus responsabilidades de protección hacia las víctimas indirectas.
Además de sufrir la pérdida de su madre, los nietos de Norma atestiguaron dos atentados contra la vida de ésta, uno a fines de 2011, otro en 2012. Paradójicamente, este sucedió en la Ciudad de México donde la familia se había visto forzada a desplazarse a raíz del primer ataque. Como escucharon los jueces de la Corte, los nietos de Norma, testigos de ambos atentados, se llenaron de miedo a partir de entonces; tuvieron que convertirse en “adultos” para apoyar a su abuela cuando ella estaba hospitalizada a consecuencia del segundo ataque. Esta acumulación de violencia, la pérdida de lazos comunitarios, el desarraigo, provocaron en ellos hondos trastornos psicológicos.
Como explicó la propia Norma, la violencia criminal contra ella no es excepción. Además de ser estigmatizadas o ignoradas por las autoridades, las madres buscadoras en todo el país están expuestas a amenazas, intentos de asesinato, o son asesinadas como Marisela Escobedo en 2010. El desprecio gubernamental hacia quienes sólo buscan justicia y verdad, durante cuatro sexenios y en éste, ahonda la vulnerabilidad y dolor de miles de familias resquebrajadas por el feminicidio, el homicidio y la desaparición.
Lúcido analista de la violencia, el autor de Huesos en el desierto predecía “la fronterización del país”.
Hoy, la historia de horror que imaginaba nos envuelve a todos. Corroído por la violencia criminal e institucional, por la impunidad y la misoginia,
México es hoy un país con once mujeres asesinadas al día, más de 125 mil desapariciones, 70 mil restos óseos sin identificar, sin base nacional de datos de ADN (como expusieron las abogadas de Norma ante la CoIDH).
Un país donde se han multiplicado sicarios como el que entrevistara González Rodríguez en El hombre sin cabeza, donde miles de jóvenes son desaparecidos en campos de exterminio, asesinados o forzados a unirse a fuerzas criminales.
Un país cuyo gobierno reitera, ante instancias internacionales, su “prioridad” de garantizar los derechos de las mujeres y presume avances legislativos mientras aquí protege a un diputado acusado de violación, deja intocadas a fiscalías decadentes y se apresta a destruir el poder judicial con elecciones grotescas. Un país sin Verdad ni Justicia.
*Ensayista y crítica cultural, feminista.
CimacNoticias.com
