*Fotograma tomado de video compartido por ICE en @icegov vía Instagram.
/ Escrito por Wendy Rayón Garay /
21.01.2026 /CimacNoticias.com/ Ciudad de México.- En este año el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) estará cumpliendo 19 años de operación en territorio norteamericano pero nunca había acumulado cifras tan elevadas en materia de detenciones y violaciones a derechos humanos, en esta segunda administración del presidente Donald Trump, según cifras de The Global Stadistics, solo en el 2024 este cuerpo represor encargado de diseminar el terror entre la población, ha detenido a 260 mil personas de las cuales 23% han sido mujeres, siendo 59 mil 800.
La forma de ejecutar la política anti migratoria de Trump con aras de una limpieza étnica ha desatado protestas contra estos elementos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) por lo que Donald Trump ya amenazó con invocar la Ley de Insurrección, una ley federal de 1807 que permite al presidente de los Estados Unidos desplegar al ejército y la Guardia Nacional para controlar disturbios o rebelión en las calles.
Es importante decir que la historia de ICE no comenzó con la llegada de Donald Trump a la presidencia, sino en noviembre de 2002 cuando se aprobó la Ley de Seguridad Nacional y se puso en marcha la reorganización gubernamental más grande desde la creación del Departamento de Defensa. En marzo de 2003 formalmente abrió sus puertas la entonces agencia federal «Oficina de Inmigración y Control de Aduanas».
Los integrantes de la agencia estuvieron conformados por autoridades civiles y penales buscando proteger la seguridad nacional y fortalecer los ataques como el ocurrido el 11 de septiembre de 2001, cuando 19 hombres coordinados por el grupo terrorista Al Qaeda secuestraron aviones comerciales.
Este evento histórico desencadenó que le Ley de Seguridad Nacional fuera apoyada por 118 miembros del Congreso y firmada por el entonces presidente George W. Brush. Desde entonces, la misión de la agencia se convirtió en prevenir el terrorismo, mejorar la seguridad, proteger las fronteras estadounidenses, hacer cumplir las leyes migratorias, asegurar el ciberespacio y garantizar la recuperación ante desastres.
A partir de esto nacieron tres agencias: la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (convertida posteriormente en la CBP), la Oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración, y la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (conocida como ICE en años posteriores). Así comenzó el despliegue de operativos contra personas migrantes señaladas por cometer delitos o pertenecer al crimen organizado, investigaciones y la capacitación de la primera generación de agentes especiales.
En 2007, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas se convirtió en Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE).
Cuando ICE llegó a manos de Trump, las violaciones a derechos humanos se recrudecieron. Un informe de la organización Human Rigth Watch señala que, tras el regreso del presidente en su segunda administración, que dio inicio en enero de 2025, se realizó una campaña abusiva de redadas y arrestos migratorios dirigidas a personas afrodescendientes en todo el país. Estos hechos se acontecían en lugares donde la comunidad latina trabaja, compra, come y vive.
Los agentes de ICE detuvieron a personas en juzgados, citas programadas ante funcionarios de inmigración, así como en escuelas y otros lugares públicos. En estas detenciones se documentó el uso de la fuerza excesiva para generar miedo ante las personas migrantes, pero también la protección de la identidad de los agentes a través del uso de mascarilla y ropa civil que fue expuesta como una medida de protección ante el doxing, según explica el organismo en su página web.
Para Human Rigth Watch esto agrava el panorama de derechos humanos ante la campaña masiva de deportación impulsada por Trump. También apuntaron, que la justificación que dio ICE se coloca como una barrera para la rendición de cuentas y fomenta condiciones de impunidad. Además, medios de comunicación informaron sobre personas que se hacen pasar por agentes federales ejerciendo el secuestro, violencia sexual o extorción a las víctimas.
Mujeres en el ojo de ICE
En octubre de 2025, la organización Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) denunció la situación que atraviesan las mujeres embarazadas detenidas por ICE, quienes permanecen encadenadas sin atención prenatal, recibiendo comida y agua insuficiente. Esto pese a que la propia directiva desaconseja la detención de mujeres en este estado.
A través de varias entrevistas realizadas a estas mujeres por parte de ACLU y otras organizaciones civiles, se encontró un patrón de abandono generalizado y violaciones de la política federal que implica negligencia médica, condiciones abusivas y desprecio a la dignidad.
De acuerdo con la organización, aunque ICE no informa sobre las detenciones de mujeres embarazadas, la instancia confirmó que en abril de 2025 había 14 mujeres en este estado detenidas en el centro Basile al sur de Luisiana.
Pese a que algunas mujeres informaban sobre su estado de salud, aun así, agentes de ICE las detuvieron. ACLU encontró el caso de una mujer nombrada como Alicia quien tuvo un aborto espontáneo mientras estaba detenida en Basile. Anteriormente recibió poca comida en mal estado y experimentó dolores abdominales intensos, calambres y sangrados.
La misma noche en que perdió al bebé, la regresaron detenida por dos meses más, incluso cuando aún presentaba hemorragias, hinchazón, fiebre y dolor uterino intenso. En julio de 2025 la deportaron separándola de sus hijas y, cuando al fin recibió atención médica, encontraron que tenía una infección que adquirió bajo custodia.
Otros casos registrados por UCLA son las historias de una estudiante y visitante legal llamada Marie quien desarrolló preclampsia en el tiempo que estuvo arrestada, así como Lucía quien recibió atención médica después de pasar una noche encerrada en un cuarto sola mientras presentaba hemorragia vaginal o la experiencia de Ana a quien le negaron vitaminas prenatales y atención médica durante su detención afirmando que no las necesitaba.
«En conjunto, estos relatos muestran un patrón sistémico de crueldad y negligencia médica hacia las mujeres embarazadas bajo custodia de ICE, en violación directa de las prohibiciones de la agencia sobre detener y sujetar a personas embarazadas» -Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés).
En 2020, Amnistía Internacional Estados Unidos denunció supuestos casos donde agentes de ICE realizaron esterilizaciones forzadas de mujeres migrantes detenidas en el Centro de Detención del Condado de Irwin, ubicado en Georgia. La investigadora de la organización, Denise Bell señaló que los informes apuntaban a que las mujeres fueron sometidas a una histerectomía sin su consentimiento, lo cual se considera un crimen de lesa humanidad en virtud del derecho internacional.
Otros informes como los de Human Rights Watch, que recopila datos internos del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, revelaron diversos casos de violencia contra las mujeres migrantes desde el 2017 por parte de agentes de La CBP, la Patrulla Fronteriza y los oficiales de ICE como abuso sexual.
Debajo de la bota militar, estarán mujeres, niñas y adolescentes migrantes – cimacnoticias.com.mx
Si bien, ICE continúa siendo una agencia federal y no un cuerpo militar, durante la administración de Trump ha operado como una fuerza militarizada al servicio de la política migratoria. A través de redadas, detenciones masivas y el uso de tácticas que violan los derechos humanos, esta instancia funciona como una fuerza coercitiva para criminalizar la migración, especialmente contra comunidades racializadas y personas en situación de vulnerabilidad.
Además, la violencia se intensificó cuando en septiembre de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos, accedió a que los agentes de inmigración consideraran la raza, etnia e idioma como factores de sospecha sobre la situación migratoria de una persona. Con ese permiso, no solo llevan a cabo a cabo las detenciones, sino que se reproducen violaciones a derechos humanos de manera sistemática.
