*El “caso de la Manada” supuso un punto de inflexión sobre la violencia sexual en España. La sentencia, el trato a la víctima, el cuestionamiento e insensibilidad produjo una serie de reacciones y protestas que han impulsado algunos cambios en la percepción de la violencia sexual y en las herramientas para combatirlas.
SemMéxico/ Ameco Press. Madrid, 21 nov. 20.- Hace cuatros años del juicio de la “Manada”, (aún ha quedado escrito en la memoria colectiva el juicio de la violación múltiple que sufrió una chica durante los Sanfermines). El caso se convirtió en un acontecimiento mediático que puso sobre la mesa mitos, estereotipos y la falta de especialización de los y las profesionales que están en contacto con las supervivientes de violencia sexual.
Es reciente que la agresión sexual se considere un tipo de violencia contra las mujeres. Y fue en 2016, con el juicio de la “Manada”, donde se pudo ver como el proceso de denuncia puede llegar a ser un suplicio para las víctimas en vez de una protección.
También ha sido decisivos movimientos como “Me too”, donde a través de las redes sociales las mujeres iban denunciando algún tipo de violencia sexual sufrida. En España, bajo el lema “Yo sí te creo” se ha ido y se sigue dando apoyo a todas aquellas mujeres que deciden contar su historia.
Mitos, estereotipos y violencia institucional
El informe “Ya es hora de que me creas”, realizado por Amnistía Internacional, muestra la desprotección que sufren las víctimas de violencia sexual. Este tipo de violencia sigue siendo desconocida y se sigue sosteniendo, que no coincide con la realidad, el mito del violador que nos espera en el portal.
La Macroencuesta de Violencia de Género 2019, publicada por el Ministerio de Igualdad, rompe con este mito. Los datos exponen un mayor porcentaje en los agresores conocidos (amigo, vecino, pareja o ex pareja, familiar, compañero o jefe) que de desconocidos y también muestra que el sitio donde más se produce este abuso es en la propia casa de la víctima. Esta investigación ayuda a ampliar la visión sobre la violencia sexual y a poner el foco en las agresiones dadas en el entorno conocido que suelen ser las menos creíbles para las instituciones, produciendo una mayor victimización secundaria.
La llamada cultura de la violación ha supuesto que la imagen generalizada de un agresor sea la de un desconocido escondido en algún recoveco mientras el estereotipo de la víctima es la de aquella mujer que se resiste, pelea o grita para pedir ayuda y que, a partir de la agresión, ya no pueda realizar su vida con “normalidad”. Cuando aparece una víctima denunciando haber sufrido violencia sexual y no encaja en esta visión, se expone a un mayor cuestionamiento por parte de las instituciones y una mayor desprotección.
El caso de la Manada supuso la visibilidad de otro tipo de víctima y de violencia sexual. También mostró la falta de formación en las instituciones con respecto a la violencia de género y a la cultura de la violación. La víctima fue cuestionada porque iba “sola con cinco chicos” y porque “no se defendió”. Se debatió su credibilidad porque había bebido y porque tras el abuso había retomado su vida. Todo el enfoque está puesto en exigir que sea ella quién conteste y luche para que se le crea y no en interpelar a los agresores.
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Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional asegura que “todavía hay mucha resistencia de algunos jueces y juezas de entender lo que supone la violencia de género y la violencia sexual”. El informe de AI “quería visibilizar los estereotipos de género que hay en la violencia sexual, una violencia muy oculta”. Virginia destaca que “seguimos asistiendo a sentencias muy preocupantes. Ha pasado inadvertida la sentencia de los jugadores del Arandina, que es totalmente escandalosa y está basada en los estereotipos de género que venimos denunciando”.
En la misma línea se expresa Virginia Gil, directora de la Fundación Aspacia, en relación con la violencia institucional y los mitos. “Los mitos están presentes en todos los estamentos sociales y, por lo tanto, se refleja en las personas que están en las instituciones”. Virginia Gil destaca que el cuestionamiento continuo de las víctimas tiene que ver con los estereotipos que hay alrededor de la violencia sexual. “Una idea muy sostenida es la imagen de la violación auténtica, que es la que ejerce un agresor desconocido en un descampado, utilizando mucha violencia y donde la mujer se resiste con uñas y dientes, entonces todo lo que se sale de este canon va planteando dudas sobre la víctima”.
La violencia institucional conlleva un cuestionamiento a la víctima desde su manera de vestir, el lugar donde se encontraba, su sexualidad, hasta debatir si sufrió. La filosofa Celia Amorós lo relaciona con la existencia de la racionalidad patriarcal, es decir, siempre hay una justificación detrás de una agresión sexual que desacredite a la víctima y arrope al agresor, provocando finalmente que el suceso pase desapercibido.
“El cuestionamiento de la mujer es tan grande, que al final la condena [del agresor]no repara” dictaba Laia Serra, abogada penalista en una entrevista para Amnistía Internacional.
Mujeres migrantes, víctimas de trata y conflictos armados
Las mujeres extranjeras en situación irregular en nuestro país son de los sectores más vulnerables, no solo en temas económicos y laborales, también en derechos humanos. El informe Cadenas Invisibles, de Amnistía Internacional avisaba de que las autoridades españolas anteponen el control policial y migratorio a la identificación y protección de víctimas de trata.
La ausencia de leyes y de formación en violencia de género implica que cuando una mujer migrante denuncia haber sufrido violencia sexual o ser víctima de trata, desde las autoridades solo vean a una mujer extranjera y que su primera pregunta sea si tiene papeles. Este hecho complica aún más la situación de las mujeres migrantes. El miedo a ser expulsadas, hace que callen. En una entrevista con Carolina Elías, presidenta de SEDOAC, alertaba del aumento de puestos de trabajo de internas a raíz de la crisis surgida por la pandemia de la covid-19. Esto agrava más la situación de las mujeres extranjeras en situación irregular, ya que muchas son empleadas del hogar, sin contrato y expuestas a ser agredidas sexualmente al convivir con el abusador y sin tener posibilidad de protección alguna.
En un estudio de la investigadora Sonia Herrera, bajo el título “Atrapadas en el limbo. Mujeres, migraciones y violencia sexual”, describía que la violencia que sufren las mujeres migrantes siempre va ligada al cuerpo. Más del 60% de las mujeres migrantes sufren violencia sexual en el viaje de tránsito.
Muchas de estas mujeres huyen de su país de origen por pobreza o guerra entre otras cosas. En los conflictos armados, la violencia sexual en ocasiones es utilizada para desgastar y humillar al enemigo. En un informe de la ONU señala que solo en 2018,se registraron más de 2.500 casos de violencia sexual en conflictos armados en 19 países.
Solo sí es sí
Por primera vez, la Macroencuesta de Violencia de Género 2019 ha puesto la lupa en la violencia sexual, entre otras formas de violencia ejercida sobre las mujeres. El 13,7% de mujeres residente en España han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida y el 2,2% han sido violadas. El 99,6% de los agresores han sido hombres y el 60% de esos hombres eran: un conocido, amigo, pareja o familiar de la víctima. El abuso sexual se produce en el 59% de los casos en casa de la víctima, del agresor o una tercera vivienda. Y solo el 8% de las mujeres denuncian. Las principales causan por las que no toman vía legal es por vergüenza, porque era menor o por temor a no ser creídas.
Estas conclusiones hacen ver que son necesarias y urgentes medidas y leyes de protección, reparación y prevención de la violencia sexual en España. El que las mujeres sigan mostrando desconfianza hacia la denuncia apela a una reflexión profunda por parte de las instituciones.
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Todas estas situaciones evidencian la necesidad de considerar la violencia sexual como un tipo de violencia machista, tal y como establece el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, y que está inspirando reformas en leyes, mecanismos y herramientas existentes en nuestro país.
El Gobierno presentó un borrador de anteproyecto de Ley, conocido como “Solo sí es sí” que abarca un plan integral para dar protección y seguridad a las víctimas de violencia sexual. Esta ley supondría una modificación en el artículo 178, eliminando la diferencia entre abuso sexual y agresión sexual. La ley, además de los delitos sexuales contemplados en el Código Penal, considera violencia sexual la mutilación genital, la trata con fines de explotación sexual y el matrimonio forzado.
El anteproyecto conllevaría la creación de una red de asistencia integral especializada con centros de crisis 24 horas. Además de un plan estatal evitando la ausencia de servicios en algunas comunidades y la diferencia de protocolos en las autonomías.
La ley también supondría el derecho a acceder a las ayudas económicas y de protección sin la obligatoriedad de denunciar. En este apartado, en la conversación con Virginia Álvarez, mostraba su preocupación, ya que, aunque es una noticia positiva, “del borrador que hemos visto nos sigue preocupando, que para las otras víctimas no se está exigiendo denuncia para el acceso a ayudas, a las víctimas inmigrantes en situación irregular, sí que se las va a exigir esto”. La imposición de poner una denuncia invisibiliza y, además, aumenta el temor de la mujer migrante a ser expulsada del país.
Aumentar las penas nunca ha sido reclamo feminista. Como dijo Victoria Rosell, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, en el conversatorio de violencia sexual, “las respuestas penales son una historia tan patriarcal”. La fijación por el castigo de algunos sectores de la sociedad no está respaldada por los movimientos feministas. Estos se centran más, igual que el borrador de ley, en la reparación de la víctima y en la formación especializada de aquellos profesionales que estén en contacto con víctimas de violencia sexual. En el mismo conversatorio, María Olaya, consejera de Toronto Rape Crisis Centre, sentenció lo punitivo diciendo que “las mujeres no son tenidas en cuenta. No todas quieren ir a reportar a la policía. No todas quieren la misma reparación. Ella debe elegir como quieren sanarse y no por imposición. ¿Dónde están las alternativas?”
Además de lo punitivo, las medias legislativas deben ir acompañadas por reformas educativas con perspectiva de género y herramientas para la prevención y sensibilización de la sociedad ante la violencia sexual.
