*Proponen medidas de Protección y reintegración social de menores coptados por la delincuencia.
/Redacción/
Cdmx.-28 noviembre, 2020 – Con la finalidad de erradicar el uso de niños, niñas y adolescentes dentro de la delincuencia organizada, la diputada Lorena Villavicencio Ayala y el diputado Porfirio Muñoz Ledo, integrantes del Grupo Parlamentario de Morena, presentaron una iniciativa que reforma y adiciona los artículos 28 y 148 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.
Con ello, se busca establecer las medidas conducentes para protección, supervivencia y reintegración a la sociedad de menores de edad vinculados con la delincuencia organizada hasta su mayoría de edad.
REDIM reportó que en 2019 el reclutamiento forzado y la desaparición de niños, niñas y adolescentes por el crimen organizado es una realidad en México.
Registran una cifra de 30 mil menores que han sido cooptados por grupos delictivos, según el informe anual 2019 de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim)
Casos que se han visibilizado en los medios han ilustrado la crisis de seguridad que enfrenta el país poniendo la lupa en el problema del reclutamiento de niños a manos del crimen organizado.
El 23 de abril de 2019, la Red por los Derechos de la Infancia en México (RDIM) reiteró la obligación del Estado Mexicano de atender las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño de la ONU quién en 2011 y 2015 le urgieron a cambiar la estrategia de lucha contra el crimen organizado por el alto impacto negativo en la niñez mexicana.
Actualmente se calcula que hay unos 300.000 niños y niñas soldado en los conflictos armados en todo el mundo.
Niños y niñas que se ven abocados a vivir la guerra de verdad, convirtiéndose en combatientes involuntarios. Muchos de estos niños están directamente en la línea de combate y otros son obligados a ejercer como cocineros, mensajeros, esclavas sexuales, para realizar ataques suicidas…
Durante el tiempo en el que estos niños están vinculados a las fuerzas y grupos armados, son testigos y víctimas de terribles actos de violencia e incluso son obligados a ejercerla. Los traumas emocionales que esto les puede provocar son difíciles de superar.
Algunos son secuestrados; a otros, la pobreza, los malos tratos, la presión de la sociedad o el deseo de vengarse de la violencia contra ellos o sus familias les llevan a unirse a grupos armados y empuñar un arma. Son víctimas inocentes de las atrocidades de la guerra. Para ellos, el regreso a su vida y la recuperación de su infancia es tan difícil que puede parecer casi imposible.
El Gobierno amloista ha reconocido el problema pero no atiende el cambio de estrategia de dejar hacer al crimen organizado con su política de abrazos y no balazos.
No podemos dejarlos así. No podemos ofrecerles como horizonte de vida una existencia de criminalidad. Tenemos que rescatarlos.https://t.co/Zf73jWGcAA
— Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) September 20, 2018
Exponen la realidad mexicana.
Lorena Villavicencio y Porfirio Muñoz argumentan que el uso de niños, niñas y adolescentes para la delincuencia ha sido una práctica que desafortunadamente los grupos de criminales han visto como una oportunidad en el reclutamiento y entrenamiento de los menores dentro de sus operaciones delictivas.
En el documento, los legisladores refieren que de acuerdo a expertos, los niños son víctimas de secuestros o sus familias fueron extorsionados para obligarles a trabajar para delincuentes, algunos más se unieron por miedo o porque era su única alternativa de empleo, en el menor de los casos, los adolescentes deseaban unirse a las bandas.
El común denominador, señalan, es que son víctimas y victimarios que padecen los impactos del crimen organizado; en ese sentido, no es posible criminalizar a los niños, porque ellos son víctimas del sistema y del crimen. Aumentar sentencias o tenerles un trato distinto supondría una revictimización.
Dentro del proyecto legislativo se argumenta que niñas, niños y adolescentes constituyen un grupo humano en condiciones de vulnerabilidad que se enfrenta a condiciones de desigualdad y discriminación estructural.
Por ello, es preciso que se les considere como sujetos plenos de derecho que requieren de medidas específicas de protección distintas a las de los adultos para que puedan desarrollar plenamente sus capacidades.
Los legisladores federales de Morena exponen que una de las consecuencias más alarmantes del crimen organizado es el incremento de los homicidios en niños, niñas y adolescentes en los últimos años.
De acuerdo con el Informe alternativo sobre la situación de garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes en México, de la Red por los Derechos de la Infancia México, indicó que los efectos de la corrupción y la cooptación de las instancias de la administración pública por parte de los grupos del crimen organizado ha agravado la situación.
Entre los años 2000 y 2012, la tasa de muerte por homicidio en niños, niñas y adolescentes de 0 a 17 años pasó de 1.7 muertes por cada 100 mil habitantes a 4 muertes por cada 100 mil, es decir un aumento de 235 por ciento.
Asimismo, refirieron que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Adolescentes en el Sistema de Justicia Penal (ENAJUSP 2017), hay 6 mil 891 adolescentes en el Sistema de Justicia Penal, en donde 82.2 por ciento de la población de adolescentes contaba con una medida de sanción.
A la par, la ENAJUSP reporta también medidas de sanción dictadas por delincuencia organizada, aunque solo representan 2.5 por ciento del total. A nivel nacional, el secuestro (34.9), seguido del acopio ilegal de armas (23.6), la venta de droga (17.4), homicidio (17.2), robo (14.7) y extorsión (1.4) fueron las actividades por las que se acusó a los adolescentes.
Los diputados de Morena fundamentaron que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes se aplicará a quienes se atribuya la realización de una conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de edad, y que sean competencia de la federación o de las entidades federativas, en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución.
Además en la Ley se sostiene una serie de medidas para imponer una sanción a los mismos, sus derechos y otros; pero no se establece cómo es que se debe asegurar que el adolescente efectivamente se reintegre a la sociedad.
Finalmente, Lorena Villavicencio y Porfirio Muñoz consideran que los menores que han estado en contacto con el crimen organizado deben tener un especial cuidado respecto del resto de adolescentes, ya que de ninguna forma es lo mismo robar que ser secuestrado, ser obligado a secuestrar, a asesinar o a extorsionar.
