Por Yamiri Rodríguez Madrid
Uno de los grandes pendientes en Veracruz es frenar la hemorragia provocada por la violencia. Prácticamente a diario hay ejecuciones, desapariciones, secuestros semanales; ser edil se ha convertido en una profesión de alto riesgo. El pasado viernes, la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns dio a conocer que se dictó prisión preventiva de dos años a los supuestos homicidas de la presidenta municipal de Jamapa, Florisel Ríos Delfín, asesinada apenas el pasado 11 de noviembre.
Ese día también, la Fiscal se reunió con familiares de desaparecidos. Ante integrantes de colectivos como Solecito, Madres Luna de la Cuenca, Red de Madres Buscando Hijos, Familiares en Búsqueda, entre otros, presentó avances en el plan de identificación, como la integración de carpetas, los trabajos de investigación y la recuperación e identificación de restos. Ahí anunció también la próxima construcción del Servicio Médico Forense en Nogales, en la zona centro de la entidad, el cual aseguró contará con laboratorio de identificación humana.
Unos días antes, el subsecretario nacional de Derechos Humanos, Alejandro Encinas Rodríguez informó que 552 veracruzanos están en calidad de desaparecidos; los días, las semanas, los meses y hasta los años pasan y estas lastimadas familias no tienen la respuesta que buscan.
Por eso será primordial, más allá de las reuniones, más allá de los anuncios, que se dote del presupuesto necesario tanto en el ámbito nacional como en el estatal, para poder lograr llevar justicia a estas personas, para dotar de las herramientas necesarias que permitan hacer un trabajo eficiente.
No es solo reducir las cifras; no es para que hablen bien de los servidores públicos en los medios, debe ser para dar alivio a quienes están cansados de buscar solos a sus seres queridos, para evitar que Veracruz se convierta en la fosa más grande del país.
@YamiriRodriguez
