Por Pamela Ríos
Mientras el caso Robles Berlanga sacude a una buena parte de la izquierda mexicana y del sector femenino del país, hasta ahora en medio de las posibles acusaciones y de exhibir el vergonzoso asunto de “La Estafa Maestra”, la gente común pregunta: ¿Y que está haciendo el gobierno para evitar, mediante las normas, que sean tan sencillas las exacciones ilegales por parte de funcionarios gubernamentales?
Hace tiempo que el IMCO (Centro de Investigación en Política Pública), vía el Índice de Riesgos de Corrupción advirtió de la problemática que debería resolverse, ya que:
“Hoy CompraNet es incompleto e insuficiente porque no funciona como herramienta de control y vigilancia, ni como plataforma que haga más eficientes las contrataciones públicas.
“CFE, ISSSTE e IMSS son las tres entidades con más Unidades Compradoras (UC) en riesgo de caer en corrupción.
“Las tres entidades con más UC entre las 500 más riesgosas suman casi un billón de pesos de recursos públicos gastados en contrataciones públicas”.
En lo que se sabe que ha actuado el Congreso de la Unión fue en exhortar a las autoridades judiciales, mediante punto de acuerdo en el año 2019 para mediante la Comisión Permanente exhortar a la Fiscalía General de la República, para que, en el marco de sus atribuciones, agotara todas las líneas de investigación en el caso de la llamada “Estafa Maestra” y citara a testificar o comparecer a las personas involucradas derivado del estudio y análisis de las pruebas presentadas por la c. Rosario Robles.
Esto apenas se cumplió, no obstante lo señalado en aquella ocasión en el punto de acuerdo, acerca de que “México se coloca como uno de los países más corruptos de entre los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, así lo demuestra el Índice de percepción de la Corrupción 2018 que elabora la organización Transparencia Internacional. En esta última medición, Transparencia Internacional evaluó el último año de Gobierno de Enrique Peña Nieto, obteniendo una calificación de 28 de 100 puntos, colocándonos en el sitio 138 de 180 países .
“Los resultados de esta medición demuestran el fracaso del Estado mexicano para combatir la corrupción, ya que México continúa descendiendo en la medición de la corrupción. Solo como dato, desde el año 2012 que inició la gestión de Peña Nieto, nuestro país ha retrocedido seis puntos en esta medición. Ese año, el país obtuvo una calificación de 34, posteriormente en 2015 descendió a 31 puntos, en 2016 se obtuvo 30 de calificación y en el año 2017 alcanzamos solo 29 puntos.
“En síntesis, bajo la metodología de la organización Transparencia Internacional, la corrupción aumentó gradualmente en el sexenio de Peña Nieto. Pasamos del lugar 105 al 138 de un total de 180 países que evalúa esta organización”.
Además, en la última edición del INEGI de 2017, se ubicó a la corrupción como el segundo lugar de los problemas que preocupan más a los mexicanos.
También dijeron entonces que el Congreso Mexicano había aprobado una serie de leyes y reformas que robustecieron el marco jurídico para combatir la corrupción, como son entre otras:
Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Reformas al Código Penal Federal.
Reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
¿Es suficiente? No. En aquella ocasión dijeron:
“Sin duda nuestro país ha avanzado en el diseño de instituciones y construcción de un andamiaje jurídico para combatir la corrupción. Lamentablemente sin resultados positivos, pero sí con graves retrocesos en las métricas de la corrupción”.
¿Hay alguna garantía de que aquello no vuelva a suceder?
¡Claro que no!
