*De acuerdo a la postura de SEGOB de la 4T durante la audiencia ante la CIDH, a la indígena violada no le fueron violentados sus derechos.
/ Ana Alicia Osorio/TestigoPurpura.com/
04 diciembre 2020.- Ernestina Ascencio, una indígena que fue agredida sexualmente hasta la muerte por soldados, sigue esperando justicia mientras que el gobierno de México se aferra que no hubo violaciones de derechos humanos y que todo se ha hecho bien.
El caso fue hace 13 años en la sierra de Zongolica (Tetlazinga en Soledad de Atzompa). Ella aún agonizante logró decir quienes eran sus agresores, pero tras su muerte todas las pruebas fueron desechadas y la versión oficial fue una gastritis (tal como declaró en su momento Felipe Calderón Hinojosa).
El caso llegó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde este viernes se llevó a cabo una audiencia pública en la que organizaciones que piden justicia y el gobierno dieron sus argumentos. La audiencia fue transmitida también en náhuatl, el idioma que hablaba Ernestina Ascencio y su comunidad.
El gobierno de México no entregó el informe sobre la situación del caso, por lo que solamente se presentó en la audiencia para dar su versión de los hechos y argumentar que no se violaron derechos humanos.
“El estado considera que no se cometieron violaciones derechos humanos en el marco de la investigación por la muerte de la señora Ernestina”, señaló Hernán Cortés, fiscal veracruzano y representante del gobierno mexicano.
También dijo que el personal de peritos fue capacitado, que existan intérpretes en lenguas indígenas suficientes (aunque las organizaciones han denunciado varias veces que no es así) y que se sancionaron personas que cometieron irregularidades en el caso como perder las pruebas.
“Vamos a enviar toda la información necesaria para que tengan los elementos suficientes para poder pronunciar sobre este caso”, sentenció Cristopher Ballinas Valdés representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de quien la solapa de su traje estaba adornada con un moño naranja, ese que simboliza el combate a la violencia contra las mujeres y que el funcionariado usa cual uniforme los 25 de cada mes.
El Estado y las peticionarias tienen hasta el 3 de enero cuando deberán entregar toda la información faltante de las preguntas que hicieran las comisionadas y el relator sobre el caso.
Las comisionadas y el relator que estuvieron a cargo de la audiencia del caso presentaron sus dudas sobre el mismo, entre las que se incluye la razón por la cual el presidente de México se pronunció públicamente para dar una razón de la muerte de Ernestina y qué tan común es que eso suceda.
Algunas otras de las dudas fueron presentadas por la Comisionada Julissa Mantilla las capacitaciones que se brindan a las fuerzas armadas y cómo se consulta a las comunidades indígenas para establecerse en las zonas, las capacitaciones a peritos, estadísticas de violencia sexual de parte de las fuerzas armadas y sus sanciones, recomendaciones de derechos humanos en el tema y las cantidades de intérpretes a lenguas indígenas.
Además, señalaron que es necesario que el gobierno de México aclare la razón por la cual no existe una versión oficial que explique las heridas con objetos punzo cortantes que tenía Ernestina.
Carmen Herrera, de las organizaciones solicitantes, criticó la versión del Gobierno de México y dijo que esperaban que finalmente estuvieran dispuestos a impartir justicia.
“Lamentamos seriamente la posición que el Estado ha traído ha traer a la audiencia. Teníamos expectativas de que no hubieran respondido el informe de fondo, no se hubieran posicionado sobre el fondo para mí iba esta tener otra posición a esta audiencia (…) Solamente se reafirma y se confirma la verdad histórica como se acostumbra en México construir para la impunidad”, aseguró.
¿Qué piden las organizaciones?
Entre las peticiones de la organizaciones de la sociedad civil en el caso de Ernestina Ascencio se encuentran que se cree una comisión independiente que pueda esclarecer lo que sucedió.
Fabiola del Jurado, integrante de la Coordinación Nacional de Mujeres Indígenas, señaló que esa comisión debería ser pagada por el gobierno de México e integrada por personas expertas.
Además, solicitó que existan sanciones a las personas responsables y una reparación del daño para la familia y la comunidad.
Añadió que se requiere de medidas para evitar que las mujeres indígenas sigan viviendo violencia por lo que el gobierno debe implementar medidas para ello.
Asimismo se pronunció sobre la necesidad de que los pueblos indígenas no sean ocupados por militares.
“que ningún territorio indígena sea ocupado por militares a menos que las propias comunidades soliciten su presencia”, aseguró.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos deberá recibir las pruebas que presenten ambas partes y pronunciarse al respecto de este caso.
Fiscalía de Veracruz insistió en que indígena Ernestina Ascencio murió de gastritis
