*De proceder, el Congreso local deberá dar entrada al Juicio de Procedencia en contra del edil orizabeño.
Orizaba, Ver. 20 diciembre 2020.-El presidente municipal de Orizaba, Igor Fidel Rojí López, enfrenta dos denuncias penales en curso en su contra, una por violar la Constitución en materia de libertad de expresión y una segunda por intento de desaparición forzada en contra de una abogada, las cuales podrían terminar en el Congreso, ordenándose su separación del cargo y destitución.
Rojí López, considerado alfil del empresario y exalcalde orizabeño Juan Manuel Díez Francos, sigue sumando señalamientos sobre su desempeño, con declaraciones desafortunadas e incumplimientos de compromisos institucionales.
El edil orizabeño, integrante de la asociación civil “Fororizaba”, que supuestamente lucra desde el 2017 con inmuebles municipales como el Expoparque y el parque de Las Sonrisas, sin otorgar contraprestación alguna al ayuntamiento, al amparo de la pasada legislatura de mayoría panista, enfrenta una primera denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, presentada por el diputado local Rubén Ríos Uribe, por extralimitarse en las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Municipio Libre y ordenar el prohibir todo tipo de publicidad de corte político en las propiedades privadas, contraviniendo lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Este acto en contra de uno de los derechos fundamentales de la población, también fue denunciado ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por el propio legislador morenista.
En tanto que en fechas reciente, el exfiscal Duartista, Luis Ángel Bravo Contreras, lo denunció por el supuesto delito de desaparición forzada y abuso de autoridad, en contra de la abogada orizabeña, Ericka Carrillo Alvarado, representante legal de Valia Rojí Pereda, consanguínea del edil, y quien tiene un litigio mercantil en contra de su hermano Adrián, en relación a la gasolinera Cerritos.
Para defender a su primo Adrián Rojí, el alcalde orizabeño presuntamente incurrió en el delito de abuso de autoridad al ordenar a la policía municipal, proceder con la detención de la litigante, quien fue sacada de la gasolinería, ubicada al norte de la ciudad, y trasladarse a un lugar desconocido e incomunicándola, hechos ocurridos apenas el pasado 15 de diciembre.
Esta denuncia ha sido negada por el propio edil priista, quien deberá aclarar el uso de la policía municipal para la detención de la abogada dentro de una propiedad privada, sin mediar solicitud de intervención por parte de alguna autoridad judicial, su único motivo fue respaldar a su primo Adrián Rojí e intimidar a la litigante.
Las denuncias ya están en curso, y en los primeros meses del año venidero, en caso de existir responsabilidad penal en contra de Igor Rojí López, corresponderá al Congreso local entablar los correspondientes juicios de procedencia, en donde después de garantizarle su derecho de audiencia y legítima defensa, deberá determinar si lo desafora por alguna de las dos causas que se le imputan.
