ALMA GRANDE.
Por Ángel Álvaro Peña.
El Poder Judicial ha sido un factor polémico desde mucho antes de la llegada de la 4T. Los ministros, jueces y Ministerios Públicos fueron objeto de aumentos salariales descomunales con el objetivo de erradicar la corrupción que imperaba en esta área de la administración pública, plagada, eso sí, de muchas mañas.
Al llegar la actual administración se les convocó a reducir sus altos salarios para que no hubiera servidor público que ganara más que el presidente de la República. Pero también se les invitó a conducirse con honestidad y transparencia.
Los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fueron los primeros en ampararse y tomar una posición muy crítica respecto a las disposiciones del régimen que iniciaba.
Los contrastes antagónicos en esta tarea tuvieron diferentes interpretaciones, más políticas que jurídicas y se crearon trincheras más que tareas propias de cada área.
Así, hubo quienes afirmaban que el Presidente tenía todo el poder, que no respetaba la división de poderes, y las críticas sobre esta dependencia fueron llevadas a las más severas, pero insustanciales, descalificaciones hacia el sistema político actual.
Por otra parte, se afirmó que el presidente de la República no sólo estaba distanciado del Poder Judicial sino enfrentado. Que la falta de control sobre esas actividades provocaba que hubiera lentitud en las acciones de gobierno que implicaban la lucha contra la corrupción. Sobre todo porque había sido una promesa de campaña.
Pero la corrupción no podía ser combatida desde una instancia tradicionalmente corrupta como es el Poder Judicial. Claro, se habla de generalidades, debe haber excepciones y muy loables y admiradas; sin embargo, existen y hacen mucho daño; actualmente hay jueces que no han sabido ser justos ni leales y mucho menos honestos. Hay casos como el de Chetumal, en Quintana Roo, donde el magistrado del Tribunal Superior Agrario, Aldo Saúl Muñoz López, por intereses oscuros ubicó un predio en un municipio al que no pertenecía. Algo totalmente fuera de lógica, pero de mucho interés extrajudicial.
Sin embargo, en la Suprema Corte de Justicia hay un respiro, una actualización, que era urgente, porque su presidente Arturo Zaldívar, al rendir su informe de actividades anunció que en el último año 67 servidores públicos fueron sancionados por actos de corrupción, y están vigentes cuatro denuncias contra magistrados por inconsistencias en su evolución patrimonial.
Lo cual coloca a esta suprema instancia de la justicia como parte de la modernidad y anuncia nuevos tiempos. No sólo porque se está acorde en los ideales de la 4T respecto a la necesidad de castigar severamente la corrupción, sino porque es un vicio que imperó en la administración pública y que tenía en el Poder Judicial su principal campo de batalla.
Y como el buen juez por su causa empieza, el magistrado Arturo Zaldívar anunció que fueron sancionados 15 magistrados de Circuito; siete jueces de Distrito; 13 secretarios de Tribunal; seis secretarios de Juzgado; un secretario encargado de despacho; siete actuarios judiciales; dos secretarios particulares de magistrado; cinco oficiales administrativos; y 11 servidores públicos con otros cargos. Se suspendió a siete magistrados de Circuito y tres jueces de Distrito; y fueron destituidos dos magistrados de Circuito y se inhabilitaron cinco más.
“Además, con motivo de los procedimientos de responsabilidad administrativa tramitados por la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, se sancionó a 188 servidoras y servidores públicos, imponiéndoles las siguientes sanciones: 82 apercibimientos privados, un apercibimiento público, 50 amonestaciones públicas, 27 amonestaciones privadas, 13 suspensiones, dos destituciones, 13 inhabilitaciones y cinco sanciones económicas”, dijo Zaldívar en su informe.
Así, la apertura de información que ha marcado esta administración desde la propia Presidencia de la República abre una esperanza a los ciudadanos, quienes podrán confiar en que la denuncia sobre corrupción dentro del Poder Judicial no sólo será escuchada sino investigada y con seguimiento hasta sus últimas consecuencias.
Con que esta vez cada quien haga lo que le corresponde hacer, seguramente el país cambiará. Porque en gobiernos anteriores la administración pública parecía Escuela Montessori, donde cada quien hacía lo que se le pegaba la gana sin que hubiera poder humano que impusiera el orden.
Así, la población del país debe estar segura de las posibilidades de una verdadera transformación, deben empezar por perder el miedo a la denuncia y el gobierno debe estar cada día más abierto a las denuncias de los ciudadanos, quienes han sido víctimas de presenciar y a veces padecer, una justicia a la medida de los intereses de los poderosos que ya tuvieron muchos privilegios. Es hora de cambiar, y el principal motor de la transformación es justo el Poder Judicial. PEGA Y CORRE. – Seguramente las prácticas del pasado corresponden, en su mayoría, a partidos políticos nacidos precisamente el siglo pasado, y como muestra puede verse al dirigente del PAN en Tabasco, Pedro Gabriel Hidalgo Cáceres, cobrando 10 mil pesos como “damnificado” de las inundaciones. Las imágenes del militante de Acción Nacional dieron vuelta en las redes y seguramente esto le costará algunos votos a ese partido que ahora quiere adoptar a quienes desertaron de sus filas a cambio de un poco de suerte en las urnas…
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