*En la Ciudad de México, desde 2007 hasta septiembre de 2020 se practicaron 229.293 interrupciones legales del embarazo y no se registró ninguna muerte por abortos inseguros. En 2019 este derecho se amplió al Estado de Oaxaca. Las mexicanas dependen de su lugar de residencia para poder abortar con acompañamiento estatal. Cómo es el acceso a este derecho y de qué manera reaccionó la contraofensiva antiderechos.
CAROLINA ROSALES ZEIGER
En 2006 S. tenía 19 años y acababa de parir a su primer hijo. Como no quería tener más, se puso un DIU. Pero su cuerpo lo rechazó y tuvo que sacárselo. Entonces comenzó a cuidarse con métodos poco efectivos, como el coitus interruptus. A mediados de 2007 quedó embarazada de nuevo: ni ella ni su compañero podían y querían tener otro hijo, así que decidieron interrumpir la gestación. Como la ley en la Ciudad de México estaba recién aprobada y no reglamentada, en las clínicas aún faltaba personal especializado y lxs médiques muchas veces maltrataban y dilataban la práctica. Todavía no se había incluido en el protocolo oficial el uso del misoprostol y la mifepristona, pero la hermana de S. conocía el método medicamentoso y le sugirió que lo probara. Compraron las pastillas en la farmacia y siguieron las instrucciones conocidas. S. terminó levantando fiebre y con hemorragias, tuvo que ser hospitalizada y terminaron practicándole un legrado. “Fui casi un conejillo de Indias de la etapa de la transición”, cuenta 13 años después.
En abril de 2007, con 46 votos a favor, 19 en contra y 1 abstención, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de la Ciudad de México aprobó la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 12 de gestación. El distrito, que concentra un 7,87% de la población mexicana, fue el primero en despenalizar la práctica, reformando el artículo 144 de su Código Penal y estableciendo que el aborto es “la interrupción del embarazo después de la décima segunda semana de gestación”. No tardó en llegar la judicialización del nuevo derecho que se reconocía: la decisión de la Asamblea fue recurrida pero en agosto de 2008 la Corte Suprema de Justicia de México dictaminó su constitucionalidad.
Pocos meses después de su reglamentación, el Estado introdujo el método medicamentoso. En la actualidad, aproximadamente el 85% de las interrupciones se hacen con misoprostol o mifepristona, o una combinación de ambas, de manera ambulatoria y con chequeos médicos previos y posteriores. Es decir: la enorme mayoría de los abortos legales se hacen con pastillas. La información que le faltó a S., hoy es parte de un protocolo conocido e impulsado desde el Estado.
“El misoprostol entró un tiempo después, porque había que convencer a las autoridades médicas”, cuenta a LatFem Marta Lamas Encabo, antropóloga, catedrática y una de las activistas feministas más influyentes del país. Hace algunos días fue expositora en el debate argentino en el Senado y contó la experiencia mexicana.
“Los médicos terminaron encantados pero los antiderechos se paraban en la puerta de las clínicas con altavoces para protestar”, recuerda Lamas sobre los comienzos de una contraofensiva que todavía continúa. Como aún eran pocas las instituciones que hacían los procedimientos y la demanda era alta, se formaban filas en las puertas desde muy temprano, a veces desde la madrugada. Entonces, los grupos en contra del aborto montaban un stand en un camión, hacían proyecciones de películas como “El grito silencioso” (el tétrico documental de 1984 dirigido por Jack Duane Dabner) gritaban en un altavoz que se iban a ir al infierno e intentaban convencer a cualquiera que se acercada de que no lo hiciera.
“La campaña en contra sigue hasta la fecha”, aclara Lamas. “En una clínica pusieron una especie de escritorio ofreciendo ultrasonido y ecografías gratis y les inventan que están de más semanas y ya no pueden abortar”. Sin embargo, el procedimiento ya está naturalizado y ha habido un proceso de correr la voz: todxs saben qué es la ILE, sigla con que se conoce al aborto legal y voluntario en la Ciudad de México. Y, contrariamente de lo que pensaban lxs médicxs en un principio, todas las que se practican abortos con medicamentos regresan para la revisión. La generalización de este método ayudó también en el camino a la desdramatización y la desculpabilización. Pero además imprimió un determinado trato en las clínicas. “Eres una ciudadana que viene por un derecho. Entonces ya no hay un discurso que culpabilice, ni miraditas ni comentarios”, dice Lamas a LatFem.
En 2011 la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), autorizó la comercialización en México de Zacafemyl-Mifepristona para la interrupción del embarazo y otras trece indicaciones terapéuticas afines. Entonces, los métodos de ILE que emplean tanto clínicas privadas como de gobierno son: la aspiración uterina (Ameu), con un promedio de 2 a 3 horas de internación, o el método medicamentoso, ambulatorio, con vigilancia antes, durante y luego del proceso.
Marea verde Quintana Roo
“Lo más común es el procedimiento ambulatorio: les dan un folleto donde dice con detalle cómo es el procedimiento, todo especificado en qué consiste, qué medicamentos son, los síntomas, todo lo que van a presentar y los datos de alarma”, explica a Latfem María Elena Bohórquez Barragán, médica ginecóloga y obstetra de la Ciudad de México. “Es expedito, hablas por teléfono a la línea ILE-Tel, que es un 0800, y ahí te informan de qué hospital te queda más cerca y qué requisitos necesitas presentar para hacer la interrupción”.
En el sector público es gratuito. En el privado, puede rondar entre los 140 y los 175 dólares, según el método y la elección de anestesias. En las farmacias genéricas, la caja con 28 tabletas de Misoprostol 200mg tienen un costo que apenas supera los 30 dólares. Por cada aborto en el sistema público, se estima que se practican 3 en el sector privado, del cual no existen estadísticas porque no se les exige el registro.
Viajar para abortar
Existe un proyecto de redacción de un Código Penal unificado para todo el territorio nacional mexicano, que incluya la penalización sólo en caso de abortos forzados. Y, al mismo tiempo, en todos los Estados hay organización feminista para avanzar en la despenalización y legalización. Al menos un 25% de las personas que recurren a una ILE en el sistema público de salud de la ciudad de México proviene de otros Estados.
Lucía de los Santos, sexóloga y activista de Nuevo León, un Estado del norte del país que limita con los Estados Unidos, explica a LatFem que “a veces resulta más barato cruzar la frontera que viajar a buscar una ILE a la Ciudad de México”. Y alerta: “Aunque Trump ha cerrado clínicas y ahora es más difícil pasar hacia allá”. También existen colectivas de mujeres que apoyan a quienes necesitan viajar a la capital, ya sea en logística como en recursos.
“Las chicas jóvenes están con las pilas bien puestas y también se organizan para conseguir los medicamentos. Ahora andan todas en las redes, ponen aborto en internet y salen mil cosas”, dice Marta Lamas.
En 2019 se logró la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo en Oaxaca, convirtiéndose en el segundo Estado en aprobar la práctica a pedido. Actualmente el aborto en México se considera legal en todos los códigos penales estatales en casos de violación y todos, excepto los códigos de Guanajuato y Querétaro, lo permiten cuando hay riesgo para la vida de la gestante. 13 de los 32 Estados extienden estos casos para incluir deformidades fetales graves. Y el Estado de Yucatán desde 1922 incluye factores económicos cuando la mujer ya ha parido tres o más veces.
M. abortó el día de su cumpleaños. Era el 2015 y había quedado embarazada 8 meses después de colocarse un DIU. Tenía 20 años y vivía en Toluca, Estado de México, a unos 65km de la Ciudad Capital. Cuando le dieron su análisis de embarazo positivo, la médica la felicitó. Ella lloró: le dijo que quería abortar. Pero, en lugar de contenerla, la profesional le soltó un sermón religioso. Le dio un sobre sellado y le pidió que lo llevase a otra área de la clínica. Cuando salió del consultorio, M. abrió el sobre y leyó una indicación: “Decía que debía ser canalizada a un área de psiquiatría ya que yo no quería a mi bebé”. Salió corriendo de ahí. Viajó a la Ciudad de México, pidió turno en una clínica privada, pagó y se lo hizo sin ninguna complicación.
Desde que se legalizó, como se espera debido al sub-registro que provoca la clandestinidad, la cantidad de abortos practicados fue en aumento, con un pico de 20.765 usuarias anuales en 2013. Luego, como sucede en otras partes del mundo, comenzó a descender: en 2019 se hicieron 15.173 ILE. Los datos corresponden a estadísticas oficiales de la Secretaría de Salud de la capital del país.
“¿Por qué legalizar el aborto es un tema de salud pública?”, de Mariana Romero CEDES-CONICET y REDAAS
Según las estadísticas oficiales, el 90% de las personas que piden una ILE en el sector público de la Ciudad de México lo hacen en las primeras 9 semanas de gestación, y más de un 80% se realiza con medicamentos, combinando Misoprostol y Mifepristona.
“Yo no creo que bajen mucho más los números sobre ILEs”, dice Marta Lamas respecto de las estadísticas de incremento y decrecimiento. “Primero porque no hay muchos anticonceptivos seguros y baratos y en última instancia el aborto con medicamentos hoy es muy cómodo, y no me parece mal que sea cómodo”, agrega. Y concluye: “Por eso es muy importante que se vuelva una práctica bien aceptada”.
Para la doctora María Elena Bohórquez, la práctica provocó una apertura al tema: “Ahora se puede hablar más, ya no se hace en forma clandestina y puedo decidir por mí, eso de alguna manera hace que cambie el estigma. Además, esto fue información de boca a boca”.
De acuerdo con el Sistema de Información de Interrupción Legal del Embarazo, de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, de abril del 2007 a septiembre 2020se realizaron 229.293 interrupciones legales del embarazo. El 47.1% fue a mujeres entre los 18 y 24 años. De las 13 clínicas de la Ciudad de México donde se puede interrumpir el embarazo, ninguna reportó muertes. Esto coloca a la capital mexicana por encima del estándar internacional, que establece una muerte materna por cada 100 mil abortos realizados.
Lxs médiques objetores hoy no están involucrados con el programa ILE del Gobierno de la Ciudad y, según se registra, no han implicado un obstáculo para el acceso al servicio. “Las que realizan ILE son clínicas separadas, por la infraestructura del hospital, la capacidad y su personal. En general son hospitales de 1er o 2do nivel“, explica la Doctora Bohórquez. Y amplía: “Hay objeción de conciencia y se practica, pero funciona la derivación: si objetas no hay ningún problema y dentro del hospital si hay otros médicos lo hacen ellos o si no los derivan a otros”. Según la Ley, el profesional puede objetar, pero no la institución, que debe hacerse cargo de garantizar la práctica trayendo al lugar a un profesional que lo realice.
Por su parte, Marta lamas problematiza: “Haciendo una investigación en el centro de salud del GDF que concentraba el 90% de las ILEs, pude entrevistar a todo el personal y entendí que también hay un tema de rutina, un desgaste de los médicos en las clínicas”. Según Lamas, dentro de este esquema de especialización donde existen médicos que sólo se dedican a hacer abortos, es necesario hacer un plan de rotación del personal, porque “de pronto la manera de salirse de esa rutina para un médico es decir que es objetor, cuando en realidad está aburrido”.
“Hay que empezar a profundizar los análisis, a escuchar lo que tienen que decir los médicos también”, concluye.
Verde, pero no de un repollo: una genealogía de lucha
Cuando P. se enteró de que estaba embarazada no entendió cómo ni cuándo había pasado. Le costó varios días recordar aquel día que salió con un amigo y una borrachera la hizo desmayar. Era el 2017 y tenía 25 años. Aterrada por el sólo hecho de imaginarse lo inimaginable, lo llamó y le preguntó: “¿Qué pasó aquella noche?”. Él negó todo hasta que al fin se quebró: admitió haber abusado de ella cuando la llevó a su casa y que el desmayo había sido producto de una droga y no del tequila que habían compartido. Se disculpó, de manera escueta, y nunca más apareció. P. estaba perdida, llamó a una amiga, le pidió ayuda y juntas fueron a una clínica especializada. Tenía tan poca información que tuvo miedo de morirse. Tiempo después, ya recuperada, lo habló con su grupo de amigas: todas, sin excepción, habían abortado alguna vez. Ninguna lo había contado hasta entonces.
Para 2006 la Ciudad de México contaba con un sistema de causales entre las que estaba la violación y el peligro de vida para la gestante. “Nosotras íbamos por la quinta causal: proyecto de vida de la mujer”, cuenta Marta Lamas. “Pero nuestra consejera jurídica, Leticia Bonifaz, dijo que para qué ampliar causales, que vayamos al tema de los plazos. O sea: antes de las 12 semanas por la razón que quiera, y luego de las 12 se mantienen las causales”. Leticia Bonifaz es una destacada jurista mexicana que tuvo a cargo la defensa de la legislación ante la Suprema Corte de Justicia cuando se presentaron recursos de inconstitucionalidad. Acaba de ser elegida como integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la ONU durante el periodo 2021-2024.
Varios años antes, a finales de 1990, diversos sectores del feminismo en México habían hecho un Frente Nacional de Lucha por la Maternidad Voluntaria. “Pero yo había leído cómo funcionaban los grupos pro-choice en Estados Unidos y Francia y decía: hay que hacer otra cosa”, relata Lamas. Querían hacer un trabajo pedagógico: capacitar a periodistas, médicos, abogados y políticos con una perspectiva nueva sobre el aborto. “Yo estaba harta de que se dijera si estás a favor o en contra. Porque esa no es la pregunta, la pregunta es quién debe tomar la decisión”. Buscaban cambiar la narrativa.
Un día el escritor y periodista Carlos Monsiváis le hizo un regalo a Lamas: “Reglas para radicales”, del estadounidense Saul Alinsky, quien plantea que hay que tener “objetivos radicales, pero métodos reformistas” para poder cambiar las cosas. Además, ella acababa de leer a Serge Moscovici, un psicólogo social francés que habla del poder que puede tener una minoría consistente para que una mayoría cambie de posición. “Con estos dos elementos intelectuales, y con mi amiga Patricia Mercado como operadora política, en 1993 arrancamos GIRE: Grupo de Información en Reproducción Elegida”. GIRE es una organización feminista que trabaja seis temas prioritarios: anticoncepción, aborto, violencia obstétrica, muerte materna, reproducción asistida y la conciliación de la vida laboral con la personal, desde una perspectiva de derechos humanos.
Con ese impulso organizacional, en el 2000 lograron una reforma parcial de la ley con ampliación de causales, y en 2004 otra, que incluyó la objeción de conciencia. “El aborto en México era un delito que no se castigaba si el embarazo había sido producto de violación o para salvar la vida de la mujer. Y nuestro abogado hizo una propuesta de redacción que decía: se excluye de delito el aborto cuando es por estas cosas. Entonces fue un matiz, pero los abortos ya no eran delitos que no se juzgaban: no eran delitos”, explica Lamas. Al mismo tiempo introdujeron la objeción de conciencia como estrategia, porque querían que fuera sólo un tema de los médicos y no de las instituciones o el resto del personal.
Dos años después de esa reforma, en 2006, México tuvo elecciones presidenciales y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde estaba el actual presidente Andrés Manuel López Obrador, perdió por una diferencia del 0,62%. La polémica por un posible fraude electoral estalló. “El PRD sintió que les habían robado la elección, las autoridades no quisieron hacer recuento de votos y esto generó mucho enojo”, cuenta Lamas. En ese contexto, un pequeño partido socialdemócrata donde estaba Patricia Mercado había presentado un proyecto de ley de aborto. Y, en la Ciudad de México, había ganado como jefe de Gobierno Marcelo Abrad (actual secretario de Relaciones Exteriores del país), que venía de la izquierda. Según Lamas, todo esto propulsó la corrida por la ley. “Había mucho enojo así que todos dijeron, pues vamos a despenalizar el aborto. Y fue allí que conseguimos la modificación de plazos”. Sin esa convulsión política, según Lamas, la historia podría haber sido otra.
