Estela Casados González
En enero de 2014 en la Universidad Veracruzana iniciamos un proyecto académico cuyo objetivo era documentar violencias contra las mujeres en el estado de Veracruz. Deseábamos conocer qué pasaba, cuáles eran las zonas más peligrosas para todas nosotras, cómo se podía revertir la situación y de qué manera la comunidad universitaria podía apoyar en ello.
Apostamos a la labor de los medios de comunicación locales para acopiar la información necesaria y realizar un registro exhaustivo de lo que acontecía.
Esta inquietud se originó ante la ola de desapariciones y asesinatos de mujeres en Veracruz. Apenas en 2011 se había tipificado el delito de feminicidio y nos propusimos realizar un registro detallado en torno a este ilícito para saber si la reforma al Código Penal local había tenido cierto impacto. ¿Qué pensaba la gente al respecto? ¿Había comenzado un proceso reflexivo que favoreciera la sanción social en vez de la permisividad a las violencias contra mujeres?
Al finalizar 2014 registramos 74 feminicidios y 87 desapariciones femeninas. La sistematización y análisis de los datos permitió en 2015 elaborar un diagnóstico que formó parte de la primera solicitud de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en Veracruz por el delito de feminicidio.
A siete años de haber arrancado con esa iniciativa, encontramos un 2020 letal para las mujeres del país y del estado. Desde el Observatorio Universitario de Violencias contra las Mujeres (OUVMujeres) registramos 95 feminicidios y 280 desapariciones femeninas; además de 90 homicidios de mujeres y 536 agresiones, de acuerdo a los tipos de violencia señalados por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el estado de Veracruz.
Si bien la crisis generada por la pandemia paralizó y daño fuertemente a la humanidad entera, entre las esquirlas del SARS-CoV-2, las más dañinas fueron recibidas por las mujeres.
Al igual que en diversas entidades del país, durante el primer semestre de 2020, en Veracruz la violencia en el ámbito familiar aderezada por el encierro, cobró importantes cuotas causando daños en la integridad física, sexual y psicológica a muchas mujeres, niñas y niños.
De acuerdo con información generada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de enero a junio de 2020 en México se cometieron 489 feminicidios. En ese periodo, el estado de Veracruz ocupó el segundo sitio nacional con 45 casos, sólo antecedido por el Estado de México con 63.
Si retomamos el total de mujeres asesinadas en el país durante los tres primeros meses de la contingencia sanitaria (abril, mayo y junio), suman 1589 decesos. En Veracruz la cifra fue de 86. Estos números permiten vislumbrar la peligrosidad existente en el país y la entidad veracruzana para la vida y seguridad de las mujeres de cualquier edad.
Así, después de siete años de haber sido creado nuestro proyecto universitario, el cual dio lugar a la creación del OUVMujeres en 2017, observamos con preocupación que a pesar de la Alerta de Violencia de Género declarada en Veracruz en 2016, no hay acciones coordinadas ni estratégicas para garantizar la vida de las veracruzanas.
En ese sentido, los discursos políticamente correctos de igualdad y respeto a los derechos humanos no se enmarcan en acciones concretas ni en el interés gubernamental, pero tampoco en el ánimo de la sociedad civil. “Siempre habrá problemas más importantes para atender”.
Entonces 2021 pareciera un mal presagio vuelto realidad. Desde antes que arrancara el año, sociedad y gobierno tenían puesta su atención en la COVID-19. Inició un proceso electoral que ocupa a partidos políticos y aspirantes independientes. No hay marcha atrás a los recortes presupuestales de programas dirigidos a mujeres. También es evidente la negativa gubernamental para fortalecer las estrategias existentes para proteger la vida y los derechos de las mujeres que habitan Veracruz.
No prestan atención a lo que realmente importa, pero cuando se trata de mujeres, ¿Cuándo lo han hecho?
