Algo tiene que hacer el gobierno de Cuitláhuac García con los casos de acoso y hostigamiento dentro de la infraestructura de gobierno cuando las violencias feminicidas crecen en el estado que gobierna, porque la violencia viene desde las mismas instituciones.
Múltiples son los casos que atentan contra la vida digna y sin violencia de las veracruzanas- que es ley- y hasta utilizan difamaciones en algunos reportes periodísticos para desacreditarlas.
Uno de esos casos es el de las tres trabajadoras del Cobaev, agredidas por un administrativo que les quitó no sólo su trabajo, dejándoles en la indefensión, sin dinero ni seguridad social en plena pandemia, sino además se quedó con una quincena al menos de su trabajo.
De que privilegios goza el imputado Alejandro de la Cruz Garnica Fernández, que parece tener una especie de fuero ante el poder judicial y hasta mereció que la jueza que acreditó la violencia de género fuera amenazada.
Lo más triste es que las instancias presididas por mujeres son las directamente involucradas en el aval del maltrato de este sujeto que regresó al COBAEV a seguir maltratando trabajadores.
Todo indica que no obstante que se ve impedido a aspirar un cargo de elección popular por haber sido denunciado y acreditado violencia de género, trasciende que utilizando recursos del COBAEV como vehículos y viáticos, el expriista viaja casi dos veces a la semana a Orizaba, lugar en donde buscaría un cargo por el partido MORENA.
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