ALMA GRANDE.
Por Ángel Álvaro Peña.
El 12 de febrero de 2020 las autoridades de España detuvieron a Emilio Lozoya Austin. A un año de su detención hay detenidos de poca monta, señalados, sospechosos, perseguidos, ningún sentenciado y el propio Lozoya sigue viviendo en su casa.
¿Qué tipo de lucha contra la corrupción es esta? Aun suponiendo que los culpables estén en la cárcel, en nada beneficia al país su detención; al contrario, meter a la cárcel a los corruptos encarece el gasto de la administración pública y no restituye al país lo que robaron los priistas y panistas que ejercieron el poder desde la cúpula del gobierno.
Erradicar la corrupción implica quitarles el dinero que robaron, regresarlo a las arcas para reintegrar a su verdadero cauce y realizar obra pública. A los corruptos basta con exhibirlos e inhabilitarlos siempre y cuando se les quite el dinero que robaron, de otra manera sólo se invita a seguir robando a los funcionarios públicos del pasado, del presente y del futuro.
A un año de haber sido detenido Emilio Lozoya no vemos a Videgaray, a Peña Nieto, a Osorio Chong, a ninguno de ellos regresando dinero y, lo que es peor, están libres y siguen haciendo declaraciones sobre los errores de la actual administración a la que no respetan simplemente porque no se da a respetar.
La lucha contra la corrupción fue promesa de campaña y esa lucha en realidad no existe. Sólo se señala a probables responsables, a sospechosos, a culpables sin pruebas, y a ninguno de ellos se les ha obligado a regresar el dinero que se robaron.
Incluso a todos aquellos a quienes se les dio dinero del erario indebidamente no basta con mencionarlos en las conferencias matutinas, habrá que actuar en consecuencia para que regresen un dinero que no les corresponde tener.
Si después de dos años de gobierno y un año de la detención de Lozoya no se ha obligado a los corruptos a regresar un peso es que en realidad no hay lucha contra la corrupción.
Otro caso grave es el de Rosario Robles, extitular de las secretarías de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, acusada de ejercicio indebido del servicio público y causar, por omisión, daño al erario por más de 5 mil millones de pesos.
Ahora resulta que está dispuesta a declararse culpable, le darán la oportunidad de tener una sentencia corta, pero nunca se habla de regresar el dinero.
Seguramente traicionó a más de un cómplice para que pudieran darle esta oportunidad. Estará poco tiempo ya que lleva año y medio en prisión, desde el 13 de agosto de 2019, y podrán estar implicados personajes como Ramón Sosamontes, Emilio Zebadúa, Ildefonso Guajardo, entre los que podrían pisar la cárcel o ser exhibidos en los medios, pero al parecer nunca se les obligará a regresar lo que se robaron, es decir, se trata de más de 5 mil millones de pesos.
En un principio, Robles se negó a colaborar; sin embargo, su posición cambió cuando Zebadúa y Sosamontes comenzaron a negociar acuerdos con la FGR para obtener beneficios jurídicos. Es decir, la traicionaron, por lo que finalmente decidió solicitar que se le autorice formar parte del llamado criterio de oportunidad, es decir, que el Ministerio Público le otorgue beneficios como una disminución de la pena o no imputarle más acusaciones a cambio de que entregue datos que lleven a la judicialización de exfuncionarios que participaron en la red de corrupción.
El caso de Emilio Lozoya tampoco arroja avances sustanciales. Para seguir los tiempos de la ley, para esperar investigaciones, ya pasaron muchos meses. Es necesario que el gobierno federal actúe de manera determinante, de otra manera sólo podrá tratarse de una lucha contra la corrupción simulada.
Lozoya, titular de Pemex durante la presidencia de Peña Nieto, llegó extraditado el 17 de julio a México, donde la FGR lo acusó de recibir 10.5 millones de dólares de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para la campaña de Peña Nieto. López Obrador prometió un día después de su arresto en España que en su Gobierno “no hay protección para nadie”.
Lozoya también está acusado de la compra por parte de Pemex con un sobreprecio de 500 millones de dólares de una planta inservible de fertilizantes de Agronitrogenados a Altos Hornos de México, en 1991, compañía de Alonso Ancira, quien está en prisión preventiva tras su extradición de España la semana pasada. Tal vez sea el único caso en el que se le pide reparación del daño, pero no como imposición de la fiscalía sino como propuesta de los abogados defensores.
El caso de Ancira también despierta críticas porque acordó con Pemex pagar 219 millones de dólares como reparación del daño para evadir el juicio por lavado de dinero. Habrá que cobrar también intereses, porque durante 29 años gozó de los beneficios de esa cantidad.
Para quienes tienen tanto amor por el dinero como para no importarles las consecuencias, a grado tal de ser cínicos y ni siquiera sonrojarse cuando son señalados como delincuentes, la cárcel no es castigo. La verdadera sanción es obligarlos a regresar el dinero que les robaron a los mexicanos.
Porque los agraviados somos todos los mexicanos, es decir, quienes pedimos que se les castigue regresando el dinero. Porque la población no se conforma con inhabilitar a corruptos como los antes mencionados, y hay otros como Alfredo Castillo, Aurelio Nuño, y un sinnúmero de exgobernadores a quienes se les persigue para sentenciarlos a unos cuantos años de prisión para que en poco tiempo salgan a disfrutar de los millones que nos robaron a los mexicanos. Es necesario que se sepa si la promesa de campaña de López Obrador fue sólo un anuncio o en realidad se castigará a alguien. PEGA CORRE. – Otro asesinato político en Veracruz. Gilberto “N”, precandidato de Morena por la presidencia municipal de Úrsulo Galván, falleció en la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social de Cardel, tras ser atacado a balazos en la cabecera municipal de La Antigua…
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