*Estas elecciones podrían derivar en el afianzamiento o reacomodo territorial de grupos del crimen organizado, quienes a través de financiamiento de candidatos esperan obtener influencia política, dice Anabel Hernández.
/Anabel Hernández/columnista de DW/
A mediados del 2021, el 6 de junio, se llevará a cabo en México la votación para elegir a más de dos mil puestos de gobierno a nivel municipal, estatal y federal. Estarán en disputa 15 gubernaturas, 300 curules de diputados federales por mayoría simple y 200 de representación proporcional en todo el país. Asimismo, se renovarán 30 congresos estatales y cientos de alcaldías, incluyendo la Cámara de Representantes de la Ciudad de México, y sus 16 ayuntamientos.
Se elegirán los gobernadores de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Campeche, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas.
Presencia y control de los carteles
De acuerdo con un mapa actualizado de la presencia del crimen organizado en México –según considero, el esquema más actualizado de todos los estados donde se disputa el cargo de gobernador, excepto Tlaxcala–, dado a conocer por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en septiembre pasado, hay presencia y control de los carteles mexicanos transnacionales y/o grupos locales dedicados a narcomenudeo y robo de hidrocarburos entre otras actividades delictivas.
Los primeros diez estados que menciono, al igual que la Ciudad de México, son puntos neurálgicos en el tráfico y producción de drogas tanto para consumo nacional como para los mercados de Estados Unidos y Europa.
A lo largo de los últimos 20 años, esos estados han sido escenario de sangrientas guerras por el control territorial que han escandalizado al mundo por el nivel de violencia, muertos y víctimas colaterales. Pero, durante ese mismo periodo, los mismos grupos criminales han emprendido otra batalla, aunque más silenciosa y discreta, igual o más peligrosa: la del control político.
Mapa de riesgo
De acuerdo con el mapa de la UIF, el Cartel de Sinaloa, comandado por Ismael “El Mayo” Zambada y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), encabezado por Nemesio Oceguera alias “El Mencho”, tienen hegemonía en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Nayarit, Colima, Campeche, Querétaro, Guerrero y Zacatecas.
En San Luis Potosí, predominante, tiene presencia el Cartel de Golfo; en Michoacán, el CJNG y la Familia; en Nuevo León, el Cartel del Golfo, los Zetas y el Cartel del Noroeste; y en la Ciudad de México ha emergido en los últimos años el llamado grupo Unión de Tepito, que convive en el territorio con el Cartel de Sinaloa y el CJNG.
A lo largo de más de quince años de investigación sobre las operaciones de los carteles de la droga en México, y su conexión con el gobierno y el poder político y empresarial, he conocido y documentado la influencia concreta y palpable de los carteles en las elecciones de todos los niveles.
Para escribir este artículo consulte mis bases de datos, anotaciones de entrevistas con miembros de la delincuencia organizada y expedientes oficiales de autoridades de México y Estados Unidos. Son decenas de nombres de presidentes municipales, regidores, síndicos, diputados locales y federales, gobernadores del pasado lejano, cercano y actuales, así como presidentes de la República, que han recibido recursos del narcotráfico para financiar sus campañas políticas, o que incluso han sido propuestos para los cargos de elección popular por el propio crimen organizado.
Narco-financiamiento en las campañas electorales
El financiamiento es directo o indirecto. En la primera modalidad, es directamente del capo de la droga a los candidatos o sus hombres más cercanos. No suelen hacerlo a través de personas distantes al candidato que pueden prometer beneficios que después no puedan cumplir. Aunque no tienen problema de liquidez en el manejo del efectivo o bienes en especie, a los narcos no les gusta que les tomen el pelo.
En la modalidad de financiamiento indirecto, lo hacen a través de empresarios que se convierten en mecenas de los candidatos a cambio de contratos y/o prerrogativas del gobierno del ganador que patrocinaron, así como protección al grupo criminal que representan.
Recursos a todos los candidatos
Aunque habitualmente un cartel transnacional o local tiene su candidato favorito y le proporciona más recursos en dinero o especie, los capos aportan de manera directa o indirecta recursos a todos los candidatos para tener una veladora encendida a cada “Santo”. Yo misma he escuchado incluso cómo dan línea a sus huestes de por quién votar. Por ejemplo, en la elección presidencial de 2018.
Este interés en los comicios por parte de los carteles se debe principalmente a dos razones. La primera es control territorial para la producción, tráfico y comercialización de las drogas, así como zonas francas y seguras para sus familias.
La segunda razón es obtener contratos legales del gobierno o facilidades para hacer inversiones en el sector industrial, comercial o inmobiliario, a través de empresas constituidas legalmente, con las cuales lavan sus ganancias ilícitas.
Uno de los carteles más notables y experimentados en esto es el poderoso Cartel de Sinaloa, comandado desde hace medio siglo por Ismael “El Mayo” Zambada, quien, gracias a esta influencia, maneja, a través de su familia y prestanombres, negocios de producción de lácteos, carne, frutas y vegetales –de consumo nacional y exportación–, constructoras, plazas comerciales, transporte de pasajeros que obtienen incluso créditos, permisos y canonjías de los gobiernos municipales, estatales donde operan, e incluso del gobierno federal.
Por ejemplo, está el caso de la guardería Estancia Infantil Niño Feliz, vinculada directamente a su esposa e hijas, que en los últimos sexenios ha obtenido de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social millonarios contratos multianuales. Contratos que siguen vigentes en la administración de Andrés Manuel López Obrador, según documenté en mi libro El Traidor, los cuales, al menos hasta noviembre pasado, según me confirmaron fuentes del Gobierno federal, no han sido cancelados por temor y/o complicidad con “El Mayo”.
Focos rojos
Formalmente en las boletas electorales de este año aparecerán principalmente candidatos de los dos bloques que se disputarán el poder: el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) y aliados, y un frente opositor encabezado por PAN-PRI-PRD.
Pero de manera oculta, detrás de muchos de los candidatos, no solo estarán las siglas de los partidos políticos, sino las siglas de carteles de la droga, quienes incluso han logrado en diversas ocasiones meter a la lista de candidatos a sus subordinados, socios, amigos, familiares y hasta parejas sentimentales.
El foco rojo en Sinaloa es evidente y preocupante. Durante años el Cartel de Sinaloa ha influido en las elecciones municipales, estatales e incluso en la presidencial.
Ciudadanos votando en las elecciones de 2018 en México
Una mujer vota en las elecciones presidenciales, en la Ciudad de México, el 1 de julio de 2018.
La “chapo diputada”
Uno de los ejemplos más conocido es el de la diputada local Lucero Sánchez López, quien, a los 24 años de edad, sin ninguna experiencia política o mérito social, fue propuesta en 2013 como candidata a diputada local por el XVI Distrito de Cosalá por la alianza formada por el PAN, Partido Sinaloense y Partido del Trabajo (PT).
Mejor conocida como la “chapo diputada”, Lucero fue candidata del Cartel de Sinaloa, específicamente de Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, con quien no solo llevaba una relación sentimental, sino con quien tuvo un hijo mientras ella era diputada y lo visitaba en la prisión luego de su segundo arresto en 2014. Emma Coronel, la última pareja sentimental del capo, sabe bien esa historia.
Lucero ganó las elecciones y ocupo su curul en el Congreso de Sinaloa (2013-2016) como parte de la bancada del PAN, aunque también tenía una cercanía personal con el diputado Leobardo Alcántara Martínez, dirigente estatal del PT de entonces y ahora, y quien aspira hoy a ser gobernador de Sinaloa.
Durante su diputación, Lucero era constantemente invitada a los eventos del entonces gobernador Mario López Valdez (2011-2017), con quien eran frecuentes sus amistosas fotografías que ella misma publicaba en su cuenta de Facebook. De acuerdo a las revelaciones que me hizo Fernando Gaxiola, abogado de “El Mayo”, éste financió la campaña de López Valdez cuando fue candidato la alianza PAN-PRD-Convergencia a la gubernatura del estado, elección en la que resultó vencedor.
Como diputada, Lucero participaba en la entrega de programas sociales y dádivas gubernamentales en la zona de influencia del Cartel de Sinaloa, en la definición del gasto público, inauguraba las ferias de ganadería, etc.
En 2016, en el preludio del juicio de desafuero contra Sánchez López, acusada de haber falsificado documentos para visitar a “El Chapo” en 2015, antes de su fuga, legisladores del Partido Sinaloense, PT, PAN y Nueva Alianza la defendieron a capa y espada en sus posturas oficiales ante el Congreso de Sinaloa.
En junio de 2017, Lucero fue detenida en Estados Unidos. El resto de su historia es muy conocida. Fue pieza clave en el juicio contra “El Chapo” en Nueva York, donde no solo admitió su relación sentimental, sino que confesó haber operado en temas de narcotráfico antes, durante y después de que fuera diputada.
En las elecciones presidenciales de 2018, el PT formó una alianza electoral nacional con MORENA para las elecciones presidenciales de 2018 y para las elecciones de este año, al igual que Nueva Alianza, que postulará candidatos con el partido de AMLO en 17 estados donde tiene registro.
Lo que está en juego en 2021 no es solo la renovación de una importante cantidad de puestos de elección popular, sino que, en paralelo, la elección de este año puede traducirse en el afianzamiento de posiciones territoriales de los diferentes grupos de crimen organizado y/o en un reacomodo a través de la influencia política obtenida con el financiamiento de candidatos.
columnista de DW.
