- En 10 meses se presentaron las quejas, 25 determina como improcedentes
- 30 de ellas fueron presentadas por mujeres electas en diversos cargos públicos.
/Redacción/
SemMéxico, Cd. de México, 02 de marzo, 2021.- Son 36 quejas en materia de violencia política por razón de género las que ha recibido el Instituto Nacional electoral (INE) desde que se publicó la reforma en la materia el 14 de abril del 2020 hasta el 19 de febrero de este 2021, de las cuales en 25 se determinó incompetencia, y el resto se remitieron a la autoridad que se consideró competente.
Se señala, en un comunicado del INE, que, de las 25 remisiones por incompetencia, han quedado firmes 23, lo que representa un 92 por ciento. Se impugnaron seis, de las cuales se confirmaron cuatro, que es el 66.666 por ciento. Se revocó una, que representa el 16.66 por ciento y una se encuentra pendiente de resolución, que representa el 16.66 por ciento.
El Informe también precisa que respecto de las 36 denuncias o vistas recibidas con posterioridad a la reforma, 30 fueron presentadas por las víctimas, ostentando los cargos de diputadas, senadoras, regidoras, sindicas, precandidatas, aspirante, funcionarias, ciudadanas, representantes, funcionarias y consejeras.
Ante el aumento de los casos de violencia política por razón de género, la Consejera Adriana Favela destacó que se debe privilegiar la cultura de la denuncia. Las víctimas de violencia política deben saber y tener la certeza de que si denuncian van a ser escuchadas y que se va a llevar a cabo todo un procedimiento, una investigación para poder sancionar, en su caso, a las personas que las han agredido.
La Consejera Carla Humphrey, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del INE, mencionó que es desafortunado que el número de casos de violencia política aumente. Resaltó la importancia de que las mujeres presenten la denuncia, pero también darle seguimiento.
Informó que la Comisión que preside aprobó la “Guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género del Instituto Nacional Electoral”, la cual tiene el objetivo de orientar a las mujeres, a la ciudadanía, a las instituciones y a los partidos políticos en general explicando los temas de violencia y cómo identificarla; derechos de las víctimas; autoridades competentes de acuerdo con los hechos; presentación de denuncias; trámite ante las autoridades, posibles sanciones y/o reparación del daño.
Para la consejera Claudia Zavala, “este es un tema que no es exclusivo de una autoridad o de esta autoridad como Instituto Nacional Electoral, rector de la materia electoral en la coordinación, sino que nos implica y nos llama a actuar a todas las autoridades del Estado en materia electoral para atender este tipo de temas”.
Resaltó la importancia que, desde el Consejo General, se hagan visibles los casos que llegan a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la forma en que se derivan las competencias.
Por otra parte, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria de acuerdo a lo aprobado por el Presupuesto de Egresos del 2021, que implica un recorte de 870 millones de pesos del presupuesto solicitado, en el contexto de un año electoral en el que se elegirán 20 mil 412 cargos de elección popular y que se tendrán que coordinar con todos los Organismos Públicos Locales Electorales, porque va a haber elecciones en todas las entidades federativas”.
La consejera Dania Ravel enfatizó que se trata de un proceso electoral que tendrá novedades como el voto por Internet de las y los mexicanos residentes en el extranjero, o el voto de personas en prisión preventiva, que desde luego generan costos adicionales, sumado a la situación de pandemia que ha llevado al Instituto a adquirir de manera masiva insumos de protección sanitaria para las personas que están trabajando en campo y a hacer adecuaciones tecnológicas en tiempo récord para evitar al máximo la interacción de las personas. Y adicionalmente el INE debe organizar una consulta popular para la cual no se le dieron recursos.
“Darles mayores encomiendas a los organismos constitucionales autónomos, a la vez que se les disminuye su presupuesto, es una forma sutil, pero eficaz de menoscabar su actuación”, afirmó la consejera Dania Ravel.
