Lo que le niegan a niñas y niños con afectaciones por el cáncer y a todos los pacientes oncológicos, se los gastan en encuestas inútiles porque la ley no se consulta, se aplica.
El costo que tendrá la consulta equivale a más de 75 mil quimioterapias, lo que significa que se podrían salvar vidas.
No es gratuito que en la prensa internacional se perciba como un distractor a los graves problemas del país, como es la creciente la inseguridad, el feminicidio, las desapariciones, el colapso del sistema de salud, el ineficiente manejo de la pandemia y el negligente desabasto de medicamentos.
Cuando un funcionario público del sector salud, incumple con su obligación de preservar la vida de un paciente y en el caso de un niño con cáncer, está cometiendo un delito por omisión y en caso de persistir en la conducta a sabiendas del peligro en que pone a los infantes de la pérdida de la salud y en su caso de la vida de los afectados, estará actuando de manera dolosa, por lo que se deberá actuar por la vía penal en contra de quienes resulten responsables por las complicaciones y muertes derivadas de la negligencia de autoridades o médicos involucrados.
La denuncias contra el presidente y los directivos del Sector Salud apenas empiezan.
