Prosa aprisa.
Arturo Reyes Isidoro.
Hasta anoche, cuando cerré la redacción de esta columna, no se sabía exactamente qué fue lo que pasó en el edificio del Centro Estatal de Cancerología (CECAN), en el que por la mañana se registraron y se sintieron “vibraciones” que hicieron que un estimado de 400 personas tuvieran que evacuar o ser evacuadas, incluyente a los pacientes con cáncer.
Versiones periodísticas dijeron que personal de ese centro hospitalario afirmaba que se había cuarteado el techo del segundo al tercer piso y que había fisuras en paredes. El director de Protección Contra Riesgos Sanitarios, Bartolo Avendaño Romero, descartó que hubiera ocurrido una explosión, como se manejó inicialmente.
El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, habría estado a supervisar los daños del edificio al medio día, pero no dio alguna versión de la posible causa, y la que por fin salió a dar la cara para hacer declaraciones, pero sin informar nada fue la secretaria de Protección Civil del gobierno del estado, Guadalupe Osorno Maldonado.
La funcionaria se limitó a descartar que hubiera habido una explosión, pero no dijo qué sabían o qué creían que había pasado, limitándose a declarar que “no quisiera dar información apresurada”.
¿Qué pasó, que ocurrió adentro que cimbró el edificio, que provocó cuarteaduras, que hizo temer lo peor y evacuar a 400 personas, incluyendo pacientes? ¿Cómo era posible que casi 12 horas después de lo ocurrido –cuando empecé a circular esta columna– no hubiera algún reporte preliminar de la posible causa?
Según se informó, “expertos” de la Secretaría de Protección Civil, ingenieros y arquitectos, llegaron para evaluar el estado del inmueble, pero no se dijo cuál fue su dictamen preliminar.
Sin duda alguna, en las Secretarías de Salud y de Protección Civil tienen un grave problema de comunicación o de incomunicación que niega la transparencia que presume el gobierno y que daña su imagen porque da pie a que se rumore sobre las causas y a que se piense y crea que algo grave ocurrió y que lo ocultan.
¿Estalló alguna tubería interna por mal mantenimiento del edificio o por descuido del personal? ¿Hubo algún atentado? ¿Explotó algún cilindro que contenía químicos peligrosos y de alta volatilidad por mal manejo? ¿Qué pasó realmente? ¿Se guardó silencio para proteger a alguien, a algún funcionario responsable o irresponsable?
No creo que en su sano juicio a alguien se le ocurra culpar al exgobernador Migue Alemán Velasco, en cuyo último mes de gobierno, noviembre de 2004, fue inaugurado el edificio, con eso de que para todo lo malo que ocurre le echan la culpa a los de atrás y no asumen su responsabilidad.
Con otra pregunta: ¿por qué sí “vibró” el edificio del CECAN, pero no el de las oficinas centrales de la Secretaría de Salud, que está contiguo, solo separado por una malla? Es muy raro todo.
La falta de una versión oficial, el silencio tanto del secretario de Salud como el de la titular de Protección Civil dio pie incluso a que se manejara que todo es un distractor para desviar la atención ante el grave problema de la falta de medicamentos para los niños con cáncer, que pudiera ser, por qué no, pero que al menos yo no lo creo.
Dentro de todo, al menos que se sepa, los pacientes si bien fueron evacuados y algunos llevados a otros sitios, al parecer no sufrieron mayores consecuencias que pusieran en peligro su integridad o que alteraran su ya de por sí delicada situación.
Que habría habido acumulación de gases
Traté de indagar ayer sobre las causas de las “vibraciones”. Anduve preguntado aquí y allá, pero todos me dijeron que la Secretaría de Salud estaba siendo “muy opaca” para brindar información, aunque hubo una fuente que me dijo que lo que manejaban era que había habido una acumulación de gases y que, extrañamente, el asunto había quedado en manos de la dirección de Protección Civil municipal.
Aun si fuera cierto, la acumulación de gases hablaría de un terrible descuido y de una grave irresponsabilidad porque incluso si no hubiera habido el estallido esos gases agravarían la salud de los pacientes.
Será interesante conocer alguna reacción oficial, con la posibilidad de que salgan con un buen pretexto, pero poco creíble.
El acoso es contra Miguel Ángel Yunes Linares
El 15 de marzo pasado comenté en esta columna (“Franco; el mensaje de su aprehensión”), a raíz de la aprehensión del ahora diputado federal electo del PRD, Rogelio Franco Castán, que una de mis lecturas era que, procediendo contra él, desde el palacio de gobierno estaban enviando un mensaje al grupo de los Yunes Linares-Márquez, dentro del que ubicaban a Franco, a José Mancha y a Sergio Hernández, entre otros, de que estaban molestos por el tono que usó uno de ellos, el alcalde de Veracruz, Fernando, hijo del exgobernador Miguel Ángel Yunes, en contra del gobernador Cuitláhuac García y de que no lo iban a tolerar ni iban a andar con contemplaciones. “Y para demostrar que van en serio actuaron en contra de quien fue el segundo de a bordo en el gobierno del bienio pasado, además de que había elementos acusatorios ministeriales concretos en su contra”.
Cinco meses después esa lectura se reconfirma. Teniendo la protección de la justicia federal, el gobierno del estado a través de la Fiscalía a su servicio se ha sacado de su chistera el conejo cualquier pretexto para retenerlo y abrirle un nuevo proceso y, como van y se ven las cosas, en una de esas podrían retenerlo tres años más hasta que concluya la actual administración como castigo y mensaje al grupo panista de Boca del Río de que él les va a pagar lo que los otros los han agraviado. Sin duda, se trata de una venganza política, porque Franco tendría derecho a llevar su proceso en libertad, bajo el pago de una fianza. Se lo niegan y lo tratan como al peor criminal.
Tiene que reconocerse que Yunes Linares no se ha desatendido ni ha dejado solo a su excolaborador y ayer, nuevamente, salió en su defensa mediante un comunicado de prensa.
Para él, “El Gobierno del Estado… promueve acciones penales contra funcionarios de mi administración ‘acusándolos’ de haber participado en la recuperación de recursos económicos y bienes que fueron entregados por colaboradores y cómplices de Javier Duarte para ser incorporados al patrimonio de Veracruz, de donde habían salido”.
Sin duda, se refería también al caso del exsubsecretario de Finanzas y Administración, Bernardo Segura Molina, preso desde hace dos años, a quien también jueces de amparo han protegido y ordenado que cambien la medida cautelar de prisión preventiva para que continúe su proceso en libertad, a lo que jueces locales se han negado, por lo que sus familiares consideran que lo tienen secuestrado y que es un preso político.
Yunes Linares dijo ayer que: “Es una injusticia y también una clara manifestación de complicidad con quienes saquearon a Veracruz y lo llevaron a la mayor crisis de su historia.
Rogelio Franco y Bernardo Segura son víctimas de esta brutal e injusta persecución.
Son presos políticos, no delincuentes.
La historia pondrá a cada quien en su lugar.”
Algo que habla bien del exgobernador es la solidaridad con los suyos y que no los deja solos a su suerte, que sale a dar la cara por ellos.
Bebés y niños, contagiados
Anoche, a punto de cerrar la columna, me llegó información preocupante. Según mis fuentes, estaban llegando al Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio” bebés y niños contagiados de Covid-19.
Mi mayor deseo es que la información no sea cierta, aunque mis fuentes están bien informadas, ante lo que los invito lectores a hacer oración porque no solo ellos sino todos los contagiados y hospitalizados salven la vida.
